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Bajo una "espada de Damocles", fiscales reclaman ley que los proteja de demandas civiles
Una delegación de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay se presentó este miércoles ante el Senado, para pedir celeridad en la aprobación de un proyecto de ley, ya aprobado en Diputados, que los equipararía con los jueces y les otorgaría protección ante eventuales demandas civiles por su accionar profesional.
Al menos diez funcionarios de las 100 sedes de Fiscalía en todo el país enfrentan actualmente demandas de terceros que aducen que sus decisiones les han ocasionado algún tipo de daño o perjuicio. Así lo denunció ante la Comisión de Constitución del Senado el presidente de la asociación, Willian Rosa, quien sostuvo que la situación es "muy preocupante".
Según explicó ante los legisladores, el nuevo rol en la investigación de los fiscales en el vigente Código del Proceso Penal provocó una "estrategia" por parte de las defensas de imputados, denunciantes y, en algunos casos, las propias víctimas, de demandarlos civilmente cuando no están de acuerdo con sus resoluciones o acciones, que van desde fallos, allanamientos, detenciones o registros personales.
"Esto nos preocupa mucho porque se genera una especie de espada de Damocles en el funcionario, en tanto está haciendo algo que la ley le orden hacer" dijo.
Según Rosa, los fiscales se ven obligados a acudir a audiencias de conciliación y luego, eventualmente, a una instancia civil y contratar a un abogado para que los defienda. "Todo esto sirve, de alguna forma, para amedrentar a los funcionarios", expresó.
"Vemos que se está utilizando en este sentido (...) Paraliza un poco al funcionario ese temor a ser demandado, de desarrollar una actividad y no saber si lo que está haciendo después no le ocasionará un perjuicio personal", apuntó. Rosa agregó que en algunos casos las demandas se usan como "meras chicanas" estratégicas de defensa.
Según la gremial de fiscales algunos de sus colegas han sido demandados por montos significativos; en algunos casos, hasta por US$ 1 millón.
"Es evidente que las personas que realizan esa demanda no tienen ninguna perspectiva de éxito, pero logran su cometido: sacar de foco al fiscal, que tiene que desatender sus obligaciones. Somos trabajadores comunes y corrientes, que viven de su sueldo porque no tienen posibilidad de ejercer ninguna otra actividad", argumentó Rosa.
Raúl Iglesias, otro delegado de la asociación, se preguntó ante los legisladores cuánto faltaría para que los fiscales sean amedrentados personalmente. "En seguridad tenemos carencias enormes, tanto en las sedes como personalmente", afirmó. "Nadie quiere que suceda un caso grave, pero sin pasa, después vamos a llorar sobre los vidrios rotos", añadió Iglesias.
El proyecto
El proyecto reclamado por los fiscales cuenta ya con la aprobación en la Cámara de Diputados y está a estudio del Senado desde el pasado 2 de marzo. Consiste en la incorporación de un artículo a la ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación, estableciendo que "la acción tendiente a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los fiscales en el ejercicio de su función solo podrá dirigirse directamente contra la Fiscalía General de la Nación".
También se agrega que en caso de constatarse dolo o culpa grave de los fiscales en los daños y perjuicios contra tercero, el Estado podrá reclamar a esos funcionarios lo que hubiere pagado en reparación.
Se trata de una iniciativa que formaba parte de la ley de Presupuesto aprobada en 2020 pero que, por resolución del oficialismo, fue desglosada para su consideración particular.
El planteo de los fiscales recibió el visto bueno de la comisión, aunque con algunas dudas expresadas por el oficialismo, en particular por Cabildo Abierto. "Este proyecto pondrá a salvo a los fiscales de denuncias penales", advirtió el senador Guillermo Domenech.
En su visión, tampoco evitará que sean amenazados personalmente. "Nunca fue sencillo ser fiscal y hoy mucho menos, dadas las características que están tomado las organizaciones delictivas", afirmó.
Para Domenech, si hay abogados que sistemáticamente recurren a la estrategia de denuncia civil o penalmente a fiscales, se debería determinar su responsabilidad y, eventualmente, ser sancionados. "Creo que la Justicia no se puede acorralar", concluyó.
