Banco República participó en el pago del campo El Entrevero

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) participó en la transferencia de dinero para pagar el campo El Entrevero, en José Ignacio, operación investigada por la Justicia de Argentina y Uruguay por encubrir presuntamente un caso de lavado de dinero.

La diputada argentina Elisa Carrió le entregó al fiscal de ese país, Guillermo Marijuán, dos letras de cambio del Banco Santander del Uruguay, con las que Traline SA pagó la compra al escribano uruguayo Adolfo Pittaluga Shaw, indagado por la Justicia de Crimen Organizado de Uruguay. Una de las letras vale por US$ 1.142.839 y otra por US$ 2 millones. Las letras de cambio provienen de la cuenta 0380150719 del BROU y de la 36264366 del Pirval Bank de Panamá, informó ayer el diario Clarín.

Jorge Barrera, el abogado del otro indagado por la Justicia uruguaya, el operador inmobiliario Alejandro Perazzo, informó a la prensa que de la operación participaron “al menos seis bancos internacionales”. Según supo El Observador, tres de ellos tienen sede en Montevideo y los restantes son de Miami, Panamá y Alemania. Hasta ahora, se desconocía que el BROU también había participado de la transacción.

La ley antilavado, vigente al momento de la transacción en 2011, obliga a los bancos, escribanos y agentes inmobiliarios a denunciar ante la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central las compraventas que generen sospechas de encubrir lavado de activos. Ni el notario ni el agente inmobiliario indagados por la Justicia denunciaron la operación ante la UIAF. El Observador desconoce si alguno de los bancos lo hizo, ya que las denuncias son reservadas.

Investigan si hubo falta o delito
El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, indicó el mes pasado en el Parlamento que “habría indicios de que ni el escribano ni el agente inmobiliario cumplieron con las obligaciones” estipuladas por la ley.

A su vez, mientras que la Auditoría Interna de la Nación investiga si los profesionales cometieron faltas administrativas, que se sancionan con multas, la Justicia de Crimen Organizado pidió colaboración a la Justicia argentina en el marco de la investigación que busca probar si los actores intervinientes cometieron delito.

El escribano y el agente inmobiliario declararon ante la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, el 17 de junio. Luego, la jueza envió un exhorto a la Justicia argentina que investiga a los compradores del campo por integrar una supuesta red de lavado de dinero. En el exhorto, De Los Santos solicita que se responda si hay indicios o prueba relevante sobre delitos precedentes de lavado de dinero de los testaferros del empresario kirchnerista Lázaro Báez que participaron de la compra del campo.

Con testaferros y en cuotas
En agosto de 2011, Walter Kobilanski vendió 152 hectáreas del campo El Entrevero en US$ 14 millones a Jumey, una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador de Báez, socio del difunto expresidente argentino Néstor Kirchner. Tanto Báez como Pérez Gadín son indagados por la Justicia argentina por lavado de dinero.

De la transacción participaron dos sociedades anónimas (Traline y Jumey) y otros dos testaferros de Báez: Maximilano Acosta, primer presidente de Traline, que firmó el compromiso de compraventa, y Óscar Guthux, sucesor de Acosta en Traline, que le cedió el compromiso a Jumey, la sociedad anónima presidida por Pérez Gadín. Sobre ellos, solicitó información la Justicia uruguaya.

Clarín informó ayer que “las letras de cambio fueron entregadas por Acosta” al escribano.

La Justicia argentina, “enviando un exhorto a Uruguay y Panamá, podrá saber quiénes controlan las cuentas” desde las que provino el dinero con que se pagó el campo, agrega el periódico.

Ricardo Sabella, experto en lavado de dinero, informó a El Observador que el pago en diversas cuotas (en este caso cinco) y la utilización de varios bancos, sociedades anónimas y testaferros en la operación, es típica de un caso de lavado de dinero (ver recuadro).