Basándose en informe privado y desestimando tres internos, oficialismo determinó que Manini Ríos no es colono

El caso, resuelto minutos antes del comienzo del partido entre Uruguay y Ghana en un directorio extraordinario, venía siendo seguido de cerca por los principales integrantes del gobierno, con el presidente Luis Lacalle Pou a la cabeza.

En el oficialismo observaban que un revés de Manini Ríos podía significar un terremoto político en la interna de la coalición, algo que querían evitar a toda costa. 

Esta posibilidad, cuya base jurídica era que los informes internos eran contrarios al líder de Cabildo Abierto, provocó la contratación del trabajo privado bajo justificación de mayores garantías para un directorio compuesto por dos blancos y dos colorados además del representante de la oposición. 

Según confirmó El Observador con fuentes de Cabildo Abierto, Manini Ríos conversó con Lacalle Pou sobre el tema semanas atrás.

Como ya informó El Observador,  el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, llamaba habitualmente a los directores para saber “cómo venía el tema” y cuándo habría una definición.

Aguas divididas

Desde el inicio, el líder cabildante expresó que no era colono y acusó a Andrés Berterreche –el director del Frente Amplio– de encabezar la maniobra para perjudicarlo.

Este viernes, horas después de la resolución, Manini Ríos escribió en Twitter y manifestó que había quedado “comprobado” que “los reiterados informes de los militantes de jurídica del Instituto de Colonización carecían de fundamento y tenían un claro sesgo político”.

En el hilo pidió a todos los que de “buena fe” se hicieron “eco de la mentira” tengan ahora la “hidalguía de disculparse”. 

“Y todos aquellos medios que se prestaron para la mentira, y los que en los últimos días, conscientes de que el fallo final del INC no podía ser otro que éste, pretendieron instalar la idea de que iba a ser una decisión política, deberían ahora informar sobre los argumentos contundentes e incontrastables de este fallo. Es hora de que le pidan disculpas al pueblo uruguayo al que, una vez más, le tomaron el pelo”, acusó.

Las tierras fueron adquiridas por Colonización a Martín Hounie en 1970 y vendidas a Moreira un año después. 

Se trata de 2.856 hectáreas en la cuarta sección de Artigas que llevan el 939 como número de padrón.

A favor

“Es indiscutible que el bien inmueble no reunía las cualidades necesarias para ser destinado a los fines de la colonización”, concluyó en su informe de 18 páginas Horacio de Brum, profesor titular de Derecho Agrario de la Universidad Católica.

De Brum es productor agropecuario, en la pasada legislatura fue suplente de la diputada Cecilia Eguiluz, electa entonces por el Partido Colorado y vinculada actualmente a Cabildo Abierto, aunque De Brum está alejado de la actividad política desde 2016.

El abogado, que fue contratado por US$ 10 mil por Colonización, señala que esa “condición esencial” determina que las tierras no pueden ingresar al “sector reformado” por lo que los titulares “no pueden ser considerados dentro del ámbito de la colonización” de acuerdo a la normativa uruguaya.

Algo similar había expresado Enrique Guerra, el abogado contratado por Manini Ríos, quien también dijo que los compradores –por su situación económica– tampoco  podían ser colonos pero igual fueron integrados al régimen colonizador aunque luego se rectificó este “error” y se firmó un nuevo compromiso de compra-venta.

Las conclusiones fueron  determinantes para que los directores Julio Cardozo, José Amy, Walter Rodríguez y Rodrigo Herrero, laudaran el tema provocando el alivio en buena parte de la coalición.

En contra

En su análisis, De Brum reconoció que no accedió a todos los antecedentes administrativos que pidió, un aspecto que fue señalado por Berterreche. 

El director del Frente Amplio fundamentó su voto negativo diciendo que era “inaceptable” que esto hubiera ocurrido.  

“Una decisión de esta trascendencia , tanto en importancia como en costo, tenga limitaciones de acceso documental es insostenible”, señaló.

El ingeniero agrónomo también expresó que era “poco riguroso” que a los técnicos del organismo les haya llevado meses elaborar los informes pero que De Brum lo hiciera “en menos de una semana” y el directorio tuviera “menos de 21 horas” para analizarlo antes de tratarlo.

Consultado por El Observador, señaló que la decisión fue “política y no jurídica”, que pidió que le devolvieran  el documento al consultor, le dieran toda la información disponible que declaró no tener acceso y que hiciera un “buen informe” más allá de la conclusión, algo que fue rechazado.

Su fundamentación también incluye las razones por las que entiende que son colonos y una crítica a que De Brum haya citado a abogados especialistas en derecho administrativo y no en derecho agrario, que es la especialidad por la que fue contratado. De acuerdo con su entender, no es de recibo decir que las tierras no están aptas para colonización, porque cuando se hizo la licitación pública en 1971 (cuando lo compró Moreira) no se hizo mención a ello.

También señaló que el trabajo de De Brum no se detiene a controvertir en forma expresa el informe de la Sala de Abogados, algo que hubiera sido de “buena técnica” para “ilustrar” al directorio “para poder sopesar la calidad de los argumentos ensayados de uno y otro lado”. 

Por último, dijo que decir que el campo no integra una colonia es incorrecto ya que se planificó como tal y hasta se le propuso un nombre.