A once meses de que Morosoli solicitara el permiso del Poder Legislativo para iniciar una investigación contra Manini –por la presunta omisión de denunciar las declaraciones de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor en 2018, cuando confesó haber arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro–, solo el Frente Amplio (13 votos) y el sector colorado Ciudadanos (dos votos) votarán a favor de acceder al pedido del fiscal, que requiere 21 votos para ser aprobado.
El Partido Nacional (once votos) y el sector colorado Batllistas (dos votos) no darán sus votos, bajo el entendido de que no hay lugar a la “formación de causa” exigida por el artículo 114 de la Constitución. Dos de los tres senadores de Cabildo Abierto votarán en contra, mientras que Manini Ríos pedirá participar de la discusión y se retirará de sala cuando el asunto se someta a votación.
El voto negativo de la mayoría se encaminó el pasado 8 de setiembre, luego de que Manini Ríos diera marcha atrás a su postura de no ampararse en los fueros. En el Partido Nacional, la mayoría entendía que si el involucrado pedía ir a la Justicia había que aceptarlo, y además no querían cargar con todo el peso de la decisión política de rechazar el desafuero.
Más allá de votar en contra del pedido del fiscal, los nacionalistas consideran que el líder de Cabildo Abierto "tendrá que contestar" durante el debate varias interrogantes. "Es relevante escuchar su posición", dijo Gandini a El Observador días atrás, y señaló que en esta instancia habrá una "discusión política" sobre todos los detalles del caso.
La votación de este miércoles, que comenzará a partir de las 10 de la mañana, marcará la primera votación con divisiones en la coalición de gobierno ante un tema de primera orden. El presidente Luis Lacalle Pou había pedido a la bancada nacionalista los "máximos esfuerzos" para actuar en unidad y les habló a los senadores de la "responsabilidad" que implica ser gobierno.
Como condimento adicional, el Frente Amplio convocó a la población a manifestarse en las inmediaciones del Palacio Legislativo durante la votación. La izquierda advierte que la votación es entre "desafuero o complicidad".
Tres informes
La comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó por mayoría este martes un proyecto de resolución por el cual se da el visto bueno a la solicitud de desafuero de Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto.
Ese proyecto –que señala que "hay lugar a la formación de causa" contra Manini y que por lo tanto procede "suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, mientras dure el proceso y hasta que se cumpla la pena que eventualmente se imponga"– contó con el voto de los cuatro integrantes del Frente Amplio (Charles Carrera, Liliam Kechichian, Enrique Rubio y José Carlos Mahía) y el integrante de Ciudadanos Pablo Lanz. En contra votaron los tres senadores en representación del Partido Nacional (Carmen Asiaín, Graciela Bianchi, Carlos Camy), y el cabildante Guillermo Domenech.
El Frente Amplio y Ciudadanos presentarán cada uno un informe recomendando la votación del desafuero, mientras que el Partido Nacional (por medio de Asiaín) presentará el suyo recomendando el rechazo al pedido del fiscal.
A la hora de votar, no estarán los votos suficientes.
La causa
En concreto, Morosoli dice tener evidencias suficientes de que Manini Ríos, enterado de las confesiones de Gavazzo por primera vez el 11 de abril de 2018, decidió no comunicarlo a sus superiores civiles bajo el argumento de que se trataba de una “chicana” para “dilatar” un proceso que le implicaba al represor una sanción pecuniaria.
Ese argumento de Manini, sin embargo, no se respalda en ninguna norma de los tribunales de honor.
El artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor señala que ante “la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”.
Lo que no dice el reglamento es que el pasaje a la Justicia obligue a detener las actuaciones hasta que se llegue a un fallo en esa instancia civil. Simplemente señala el reglamento es que se debe comunicar al “superior” en la cadena de mando. Cuando Morosoli le consultó a Manini qué norma justificaba esa excusa, el excomandante en jefe no supo nombrarla.
De acuerdo a la cronología del fiscal, recién el 14 de febrero de 2019 el Poder Ejecutivo recibe la información y sin advertencia particular de Manini sobre lo declarado por Gavazzo.
Para quienes respaldan el desafuero, la demora de Manini es pasible de delito. En cambio, en el Partido Nacional, Cabildo Abierto y el sector Batllistas consideran que, más allá de una demora o no, el entonces comandante en jefe del Ejército elevó toda la documentación correspondiente y que por lo tanto no hubo encubrimiento u omisión.
Otro argumento de los legisladores contrarios al desafuero es que si Manini tiene alguna responsabilidad, también le cabría al exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma y al expresidente Tabaré Vázquez, que han dado versiones contradictorias sobre los plazos en que se enteraron de las confesiones.
Vázquez, según su propia declaración ante el fiscal que se contradijo con sus dichos en una entrevista con VTV Noticias, se enteró el 19 de febrero de 2019, por boca del entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, que Manini había omitido informar el delito cometido por Gavazzo.
Sin embargo, el 12 de marzo, cuando recibió a Manini Ríos en Suárez y Reyes con el expediente a la vista, lo cesó como comandante en jefe por otro asunto y no dijo una sola palabra –a Manini o a la ciudadanía– sobre esa omisión presuntamente delictiva.
El caso se conoció públicamente recién a fines de marzo, luego de que El Observador difundiera las confesiones de Gavazzo, así como las de Jorge “Pajarito” Silvera. Ante esa noticia, el presidente descabezó a la cúpula de Defensa –al ministro Jorge Menéndez, que estaba en la fase terminal de su enfermedad y murió semanas después, y al subsecretario Daniel Montiel–, y a los seis generales que actuaron en los tribunales de Honor y de Alzada, incluyendo a José González, a quien Vázquez había nombrado comandante en Jefe del Ejército hacía menos de un mes y conociendo ya entonces su actuación en el proceso.
En su carta de renuncia, Menéndez dijo que se había reunido con Vázquez por el tema de los tribunales y que luego había concurrido a Secretaría de Presidencia junto a dos abogados, y que allí hizo se mencionó “la necesidad de hacer la denuncia de los hechos ante la justicia”.
Blancos, batllistas y cabildantes consideran que esa es la “principal prueba” de que el mando civil estaba al tanto. De todos modos, la reunión a la que hace mención Menéndez ocurrió en febrero de 2019 y Manini sabía de las confesiones desde abril de 2018.
Ante Morosoli, el líder de Cabildo Abierto dijo que informó a Menéndez en todo momento, pero no presentó ninguna prueba y dijo que siempre conversó “mano a mano”.
Los generales que integraron los tribunales de honor contradijeron partes de la versión de Manini y dijeron que insistieron más de una vez en que el tema debía ir a la Justicia.
