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Blindaje estatal por juicios millonarios
Con el artículo 15 de la Rendición de Cuentas, Vázquez quiere blindar al futuro gobierno contra litigios como los de Aratirí e Italba
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02 de agosto de 2017 a las 05:00
El artículo número 15 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que habilita al Estado a no pagar juicios en su contra no está vinculado con el conflicto de los funcionarios del Poder Judicial sino con los posibles efectos negativos que se generen a partir de la pérdida de demandas millonarias de grandes corporaciones.
En la reunión que el presidente Tabaré Vázquez tuvo este martes con el diputado colorado Fernando Amado en la residencia de Suárez y Reyes, el mandatario explicó que el Ejecutivo había decidido incluir ese artículo pensando salvaguardar los intereses nacionales. Vázquez señaló que la acción está pensada para que tenga sus efectos "en el futuro" y para resguardar al "próximo gobierno", dijeron a El Observador asistentes a la reunión.
La preocupación del gobierno está relacionada en este momento con dos juicios multimillonarios que deberá afrontar el Estado en el corto plazo o que ya lo está haciendo: el de la minera Aratirí, y el entablado por la firma de telecomunicaciones Italba Corporation.
El Ejecutivo entiende que en caso que alguno de estos juicios fueran desfavorables para el país, el gobierno de turno tendría que relegar políticas o salir a emitir deuda para poder pagar. Por eso es que se incluyó el artículo 15 que exime al Ejecutivo "de los plazos de cumplimiento" de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales.
En el caso de Aratirí, la empresa inició un arbitraje de inversión contra el estado por "incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay", según un comunicado de la compañía.
El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como Uncitral. Los inversores ya nominaron a su árbitro y esperan ahora que Uruguay nomine al suyo.
Aratirí acusa al Estado por actuar de forma "arbitraria" y poco "transparente". "El gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva", se manifestó en el comunicado en relación a la ley de megaminería que fijó nuevos topes al negocio minero.
Aratirí denunció que sus inversores gastaron "decenas de millones de dólares" con el diseño del puerto y que después, de forma unilateral, el gobierno de José Mujica cambió el lugar.
Otro juicio internacional que enfrenta Uruguay obedece a un proceso iniciado por una empresa de telecomunicaciones con sede en Miami que operó a nivel local.
La firma Italba Corporation alega que a su subsidiaria uruguaya, Trigosul S.A, el Estado le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en 2000 para brindar servicios de banda ancha, cosa que, según la empresa, implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos y por tal razón reclama una indemnización de US$ 100 millones.
La compañía ingresó su reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial el 24 de marzo de 2016.
Aditivo
La primera versión de ese artículo fue catalogada prácticamente de forma unánime como inconstitucional dado que no establecía cuando el afectado podría cobrar, lo cual quedaría librado a la voluntad del Estado.
La segunda versión subsanó la inconstitucionalidad ya que estableció un plazo temporal determinado de pago y contempló el pago de intereses.
En la reunión de este martes entre Vázquez y Amado, el gobierno aceptó incluir la propuesta del diputado colorado de agregar un aditivo según el cual el Estado se compromete a pagar aquellos casos en los que hay un "daño grave". "Son esos casos que no pueden esperar", explicó a El Observador el abogado Martín Bueno, colaborador de Amado.
El aditivo establecerá que en los casos que haya "razones humanitarias" o "análogas", el estado se comprometerá al pago en los plazos previstos.
Sin embargo, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo este martes que la bancada de su partido no acompañará la votación del artículo 15 porque por más cambio que se le haga igualmente "violenta la separación de poderes" y se establece un régimen diferente para el Estado que queda exonerado de no cumplir con las sentencias.
"Si el diputado Amado lo vota deberá dar explicaciones a los ciudadanos y a los ciudadanos colorados del país", dijo Rodríguez.
