El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, metió la mano en la caja y no ahorrará gastos en su intento de ganar en las presidenciales del 2 de octubre. El Congreso le aprobó una extensión presupuestaria de 41.000 millones de reales, unos US$ 8.000 millones, para aumentar planes sociales y subsidios a combustibles hasta fin de año.
Pero la mejora en los beneficios sociales no será permanente sino para los próximos cinco meses, contra lo que proponía el PT de Lula, que pese a ello le dio los votos.
La mejora se dará por una enmienda constitucional que le permite al presidente perforar el techo de gastos presupuestados. Fue articulada por el bloque oficialista en el Congreso, controlado por el llamado Centrao y el presidente de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista, principal aliado de Bolsonaro.
Por pasar ese límite de gastos, en agosto de 2016 fue destituida por el congreso la presidente electa del PT, Dilma Roussef.
El texto base fue aprobado por 469 a 17, con el apoyo del opositor Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva, candidato a la presidencia favorito en las encuestas, y de otras fuerzas de izquierda y centroizquierda, informó la agencia AFP.
Antes de la votación, Lula dijo en Brasilia que los trabajadores deben recibir los nuevos subsidios pero votar al PT el 2 de octubre para que estos beneficios se tornen permanentes.
La derecha neoliberal que apoya la agenda económica bolsonarista y está representada en el Partido Novo y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) votó en contra del proyecto por no respetar el techo del gasto.
Justamente para perforar las limitaciones presupuestarias, Bolsonaro envió el proyecto de enmienda constitucional.
"Bolsonaro demoró tres años para aprobar la ayuda social y ahora la ejecuta como campaña electoral. Con Lula el beneficio será permanente y no una aventura electoral luego de haber menospreciado a los más pobres", dijo el jefe del bloque del PT, Reginaldo Lopes.
El jefe del bloque oficialista, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer, afirmó que el presupuesto a ser utilizado es producto de la recaudación fiscal y no afectará "la credibilidad de las cuentas públicas".
El ministro de Economía, Paulo Guedes, consideró inicialmente "suicida" la propuesta y lo llamó "Proyecto Kamikaze".
El proyecto prevé el aumento de 400 a 600 reales mensuales para los beneficiarios del programa Auxilio Brasil, la marca social de Bolsonaro que reemplazó al Bolsa Familia, el instrumento que sacó de la miseria a 36 millones de brasileños durante el gobierno de Lula.
La ley votada le otorga 1000 reales (casi 200 dólares) mensuales a los camioneros autónomos como compensación al aumento de los combustibles y les paga 10 dólares mensuales a las familias pobres en la compra de una garrafa de gas domiciliario.
Las compañías azucareras que producen etanol -alcohol combustible que usa la flota automotriz brasileña- también recibirán subsidios para que el precio siga competitivo contra las naftas.
El presidente Bolsonaro debe promulgar la enmienda constitucional para que comience a ser aplicada.
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