Cabildo encamina voto a ley forestal con el FA y Lacalle se prepara para su primer veto

Pese a que el Poder Ejecutivo finalmente presentó ante el Parlamento un decreto que establece una actualización a la regulación sobre este tipo de tierras –por lo que en el gobierno aducen que el cambio en la ley es "innecesario" e "inconveniente"–, en Cabildo Abierto no consideran suficientes las limitantes, y por ello persistirán en su iniciativa, que llevaría al presidente Luis Lacalle Pou a utilizar por primera vez su potestad de veto. 

El escenario pone en un brete a la coalición oficialista justo en los albores de la campaña electoral hacia el referéndum del 27 de marzo, en el que se jugará la suerte de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y buena parte de la agenda del gobierno. 

Tres razones

A grandes rasgos, el proyecto de Cabildo Abierto –que en diciembre de 2020 se aprobó en Diputados con el apoyo del Frente Amplio– apuntó a ponerle coto a la producción forestal, bajo el argumento de que esa actividad va en desmedro de otras que tienen mayor arraigo en la tierra, como la agricultura, la ganadería o la lechería, y que además se ha extendido a lo largo de los años a suelos que serían más conveniente para ese otro tipo de actividades.

En ese sentido, el primer artículo plantea que la producción maderera se restrinja a los suelos declarados de prioridad forestal en la ley forestal de 1987, que dio inicio a la política de estado en la que se han enmarcado por ejemplo las inversiones de las pasteras. 

Contrario a la propuesta de Cabildo, pero reconociendo que había lugar para ciertas actualizaciones a la normativa, desde el Poder Ejecutivo se avanzó en la redacción de un decreto –presentado este lunes– que establece mayores requerimientos ambientales y expande los proyectos abarcados por los controles ministeriales. 

Pero la propuesta no contentó a los cabildantes. Según explicó Domenech a El Observador, hay por lo menos tres aspectos centrales por los que su partido no da el brazo a torcer y sigue reclamando la ley. 

En primer lugar, el senador argumentó que el decreto del gobierno “facilita” que hasta 200 mil hectáreas de la zona suroeste del país, especializadas en la producción de alimentos, puedan ser forestadas, un aspecto que –según remarcó– va en contra del espíritu de proteger a los pequeños y medianos productores lecheros, agrícolas y ganaderos. 

En segundo lugar, Domenech dijo que el decreto es "menos restrictivo" incluso que la normativa vigente a nivel departamental, ya que “tiende a legitimar que las tierras hoy dedicadas a la lechería, la agricultura o la ganadería puedan ser forestadas”. 

Por último, el legislador marcó la diferencia entre el concepto de “prioridad forestal” –previsto en el articulado del proyecto de ley– y el de “aptitud forestal”, al que hace referencia la normativa presentada este lunes por el Poder Ejecutivo. "Teóricamente, todas las tierras del Uruguay tienen aptitud forestal, por lo que sería imposible proteger la producción”, indicó. 

En realidad, de acuerdo a los datos que manejaron las autoridades en su comparecencia, el decreto reduce aproximadamente a la mitad las tierras en las que se podrá plantar, pasando de las 12 millones de hectáreas a unas 6 millones.

El decreto del Poder Ejecutivo categoriza las tierras de aptitud forestal como "los suelos ya forestados de conformidad con la normativa vigente al momento de la plantación", o "suelos clasificados USDA VI y VII", o "suelos clasificados USDA IVe que presenten potencial riesgo de erosión de conformidad con los criterios que establezca la Dirección Nacional de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería". También se considerará terrenos con aptitud forestal "toda nueva plantación forestal de 100 hectáreas o más en un establecimiento o unidad de producción que ocupe como máximo un 20% de otro tipo de suelos, siempre que estos no superen el 10% de suelos USDA I y II ni representen más de 100 hectáreas de suelos USDA I,II y III". 

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Como las leyes tienen más peso que los decretos, en caso de que la iniciativa de Cabildo Abierto prospere, el presidente Lacalle Pou tiene decidido utilizar el poder de veto, tal como dejó en claro hace un año apenas el proyecto fue sancionado en la Cámara de Diputados. 

La postura fue ratificada este lunes por una fuente de Torre Ejecutiva. Tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado consideran que la elaboración del decreto, que contempla algunas de las preocupaciones respecto a la actividad forestal, el gobierno tiene suficientes argumentos como para señalar que "no se quedó de brazos cruzados". 

“Es la espalda que necesitaba para vetar”, dijo uno de los consultados, que agregó que el presidente firmó el decreto en el Aeropuerto de Carrasco, ante de la partida de su misión a Qatar. 

El "problema"

Aunque advirtió que “la política es muy dinámica”, y por lo tanto no se puede dar nada por cerrado, el senador expresó que Cabildo Abierto seguirá adelante con su proyecto. “Si fuera por nosotros, lo votaríamos ya”. Eso no sucedió este lunes, señaló, porque el Frente Amplio solicitó 24 horas para analizar el decreto oficial.

Consultado, Domenech descartó un eventual impacto en la coalición ante la decisión, ya tomada, de votar el proyecto junto a la oposición. “El Partido Nacional ya votó leyes que nosotros no acompañamos, así que esto no sería un fenómeno nuevo” indicó, al recordar que este proyecto no estaba incluido en el “Compromiso por el país” ratificado antes de la segunda vuelta electoral de 2019. Por ende, no comprende ningún compromiso asumido por la coalición de gobierno. 

De todos modos, en el oficialismo reconocen que un voto dividido sería un "problema". 

Gustavo Penadés, senador del Partido Nacional, dijo que sería un "problema para la coalición" si se aprueba la ley forestal con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto. En un mensaje directo a Manini Ríos, el legislador argumentó que una votación conjunta de ambas fuerzas "sería bastante incomprensible" considerando los ataques "sistemáticos" que la oposición ha lanzado hacia los cabildantes. 

Domenech añadió que esperan "concluir el año con una ley que proteja la producción nacional”. El senador apuntó que la forestación le ha costado al Uruguay US$ 4.600 millones, entre construcción de carreteras, viaductos, vías férreas y la compra de energía eléctrica. “Toda una inversión que hizo la sociedad en favor de un proyecto que concentra enormemente la propiedad de la tierra”, lamentó.  Así, dijo, solo dos empresas forestales poseen en conjunto más de 700 mil hectáreas. “Aquí lo que está en juego es una competencia por la tierra”, concluyó.

El FA y la lógica del mercado

Los coordinadores de todas las bancadas definirán este martes la fecha de la próxima sesión, probablemente la última del año, de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. Allí el Frente Amplio dará su respuesta formal, aunque la oposición ya dejó en claro su disposición a votar el proyecto junto a los cabildantes. 

El senador Alejandro Sánchez (MPP) sostuvo este lunes que se  procura “ordenar” la producción forestal y su futuro. Con 1,5 millones de hectáreas plantadas y 3 millones consideradas prioritarias, el legislador sostuvo que el sector tiene margen para avanzar.  “Con esta superficie se pueden abastecer las tres plantas de celulosa que va a haber en el país”, aseguró. “Con esto no se están cambiando las reglas de juego y ni está perjudicando a nadie”. 

Según Sánchez,  la presión que existe para acercar las plantaciones a la industria se ejerce hoy sobre suelos que, básicamente, no son de prioridad forestal.  “Si dejamos librado esto a la lógica del mercado, la forestación seguirá avanzando, retirando a otras producciones, como alimentos. Nos parece que ese no es el camino”.