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FA respalda decisión del gobierno sobre los aeropuertos: "Se está aplicando la ley"
La decisión del gobierno de extender por 20 años más -hasta 2053- la concesión del aeropuerto de Carrasco y de otorgarle de forma directa a la misma empresa la administración de seis aeropuertos del interior generó ruido y cuestionamientos en la interna de la coalición pero no en la oposición. Los dirigentes del Frente Amplio optaron por el silencio en la mayoría de los casos y los que hablaron respaldaron la decisión tomada por el Ejecutivo de Luis Lacalle.
El senador Eduardo Bonomi señaló el miércoles en rueda de prensa que la extensión era una posibilidad que habilitaba la ley. "En general este es una realidad que es una continuidad de lo que se empezó en el gobierno de Batlle, siguió en el gobierno del Frente y el proyecto de ley que se aprobó fue el último que mandó Tabaré Vázquez al Parlamento", dijo.
El texto aprobado en 2020 había sido enviado por la última administración frenteamplista en 2019 y en el Parlamento obtuvo el respaldo del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Cabildo Abierto y el senador blanco Juan Sartori no acompañaron la iniciativa.
"Se podía licitar o extender la concesión", recordó Bonomi y agregó: "Se está aplicando la ley y para objetarla se necesitaría conocer detalles que no conozco". "Nosotros sabíamos que podía tomarse esa resolución", aseguró.
Tanto Bonomi como la senadora Lucía Topolansky dijeron que si se hubiera llamado a licitación no hubiera sido sencillo que se encontraran interesados en explotar esos aeropuertos. "A esa licitación se habría presentado Eurnekian. Si se quería descentralizar y darle vida al interior no teníamos mucho camino", dijo Topolansky a El País.
Quien pidió por un proceso de licitación aunque también reconoció que no era "fácil conseguir interesados en hacerse cargo de costos en aeropuertos que hoy por hoy no tienen servicios y no reciben aviones", fue el exministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi.
En declaraciones a la Diaria dijo que "hubiera sido saludable que se pudiera hacer un llamado público para que se confirmara el interés de los que están participando y para que no quedara la duda, que puede legítimamente plantearse, de que pudiera haber otros interesados".
"Eran muy celosos quienes hoy integran la mayoría del gobierno en reclamar que no hubiera concesiones secretas y adjudicaciones que no fueran por licitación pública, pero da la sensación de que han perdido la sensibilidad en esto", agregó.
La ley, en su artículo segundo, faculta al Poder Ejecutivo a otorgar mediante procedimiento competitivo y a renovar, modificar, ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación, conjunta o separadamente de los aeropuertos ubicados en el territorio nacional por un plazo máximo de hasta 50 años. En caso de prórroga de concesiones o contratos de concesión vigentes el plazo de estas no podrá superar los 50 años desde el inicio del contrato original.
A ese "procedimiento competitivo" que hace mención ese artículo también hizo mención el senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio. "Yo creo que hubiera sido conveniente un proceso competitivo aunque el resultado final fuese el mismo y se presentara solamente un interesado. Es un tema de formas", aseguró a El Observador. Según Rubio, el Poder Ejecutivo interpretó ese artículo "de forma muy elástica" lo que llevó a que extendiera la concesión sin llamar a licitación.
