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Cambio de planes: ¿Qué promesas cumplió el gobierno en su primer año? 

La pandemia obligó a modificar prioridades pero la coalición plasmó buena parte de su programa en la Ley de Urgente Consideración

Reunión de los legisladores de la coalición

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28 de febrero de 2021 a las 05:00

El próximo lunes se cumple un año desde que la coalición asumió el poder y, al día siguiente, el presidente rendirá cuentas ante el Parlamento de su gestión. Los socios del oficialismo firmaron un documento que establece los lineamientos generales del gobierno de coalición y es el que sirve para evaluar qué promesas han cumplido. 

El Ejecutivo logró plasmar en la Ley de Urgente Consideración buena parte de los cometidos que los socios tienen en común pero en algunos puntos todavía no se han registrado avances. Con la pandemia como telón de fondo -y justificativo- de muchas decisiones, la coalición tiene avances concretos para mostrar en varios rubros mientras que las idas y vueltas en Cancillería la colocan en el debe y algunos puntos de la economía quedaron relegados. 

La gran mayoría de los objetivos establecidos en el programa no tienen referencias temporales y se trata de conceptos difíciles de medir objetivamente. Sin embargo, sirve para hacer un repaso de cuánta agenda le queda en común a la coalición tras el primer año en el poder. 

Economía

La llegada del coronavirus trastocó los planes del gobierno en esta materia. Uno de los objetivos principales era disminuir el déficit fiscal y en 2020 ese número se ubicó en 6% del Producto Bruto Interno (había sido 4,8% en 2019). Sin embargo, el gobierno asegura que el déficit estructural se redujo y que el aumento de gasto se debe pura y exclusivamente al coronavirus y que existe un ahorro a nivel general (de unos US$ 660 millones). Con esto, el gobierno asegura estar cumpliendo uno de los lineamientos pautados en el programa. 

En la LUC, el Ejecutivo aprobó una regla fiscal tal como estaba establecido en el Compromiso por el país pero en el Presupuesto se crearon más cargos de confianza que los que se suprimieron (20 a 13), según un relevamiento realizado por El Observador

“Reducir los cargos de particular confianza, especialmente en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte de ellos por cargos de alta dirección pública”, dice el texto que lleva la firma de quienes eran los líderes de los partidos (dos de ellos ya no están en política). 

La ministra de Economía Azucena Arbeleche

Empresas públicas

La eficiencia de las empresas del Estado fue uno de los principales temas en la campaña electoral y en la LUC el gobierno intentó avanzar sobre algunos puntos. El fortalecimiento de las unidades reguladoras (Ursec y Ursea) es uno de los objetivos cumplidos en la visión del gobierno. También hay avances en el “concentrar la actividad” de las empresas estatales en las actividades definidas en sus cartas orgánicas. Por ejemplo, Antel dejó de generar productos para Vera Tv. 

El documento también habla de “utilizar los ahorros generados” mediante el mejoramiento de la eficiencia del sector público para reducir las tarifas, particularmente combustibles y electricidad. Todas las tarifas -menos el gasoil- subieron dos veces desde que el nuevo gobierno asumió el poder. Si bien desde el Ejecutivo argumentan que en algunos casos fue por debajo de la inflación, mientras eran oposición reclamaban cada vez que se hacía un ajuste de este tipo. 

En lo que sí avanzó el gobierno, todavía sin resultados concretos, es en modificar el mercado de los combustibles. Una comisión, creada en la LUC, elaboró un plan para introducir cambios y apuntar hacia un combustible más barato. 

“Avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica”, dice otro pasaje del Compromiso por el país. Si bien es difícil definir qué significa “avanzar en la competencia”, la nueva Ley de Medios a estudio del Parlamento abre la posibilidad a que empresas de televisión por cable brinden internet a los hogares compitiendo con Antel. 

Sector productivo

Uno de los objetivos del documento firmado por los socios de la coalición es “reactivar sectores” del agro con altos niveles de productividad. Más allá del congelamiento del gasoil, el gobierno no ha introducido grandes cambios en ese sentido. Algunos sectores mejoraron sus ingresos pero gracias al aumento de los precios internacionales. 

El otro punto en el que no se ha dado ningún paso es el de ir hacia la “eliminación de impuestos ciegos” que no tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad. 

“Adecuar el Instituto Nacional de Colonización a las necesidades actuales”, dice el documento y la coalición votó en la LUC cambios a este organismo. 

El texto firmado por todos los partidos habla de “impulsar medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas”, incluyendo un régimen tributario especial. Es uno de los debates que se está dando en este momento en la interna de la coalición. Mientras que el gobierno defiende que se han tomado medidas -en el contexto de la pandemia- los socios piden más ayudas para ese sector. 

Este capítulo también habla de modificar el régimen de PPP. Si bien hasta ahora no se avanzó en ese sentido, al menos de forma pública, el gobierno apostó por los denominados contratos Crema (Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento). 

Los líderes de la coalición que firmaron el documento. Talvi y Novick abandonaron la política

El Ejecutivo sí realizó cambios a la Ley de Promoción de Inversiones, tal como está establecido en el documento. Entre esos cambios están las nuevas exoneraciones del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), enganchado a la generación de puestos de trabajo. 

Las modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera es otro de los puntos que fueron concretados a través de la LUC. Particularmente la eliminación de la obligatoriedad de pagar el sueldo a través de instituciones financieras. 

Este capítulo también incluye el objetivo de promover un turismo sostenible y competitivo pero la pandemia no permitió promover más allá del movimiento interno. 

Transparencia

Dentro del capítulo dos del compromiso firmado está la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, punto que se cumplió con la LUC. Sin embargo, a más de seis meses de aprobada todavía no tiene funcionarios designados para desempeñar las tareas. 

Este capítulo también habla de fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Sin embargo, durante tres meses estuvo acéfala y en el Presupuesto no se le otorgaron los recursos que reclamaba. 

Los organismos que sí recibieron más dinero en este Presupuesto, luego de varios años con los recursos congelados, fueron el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas, tal como establece el documento. 

El texto también plantea la necesidad de “promover” una normativa que establezca “el concurso y el mérito” para ingresar y ascender en las intendencias pero en ese tema no hubo avances. 

En lo que sí se avanzó en el Presupuesto fue sobre los inmuebles vacíos. El compromiso establece la creación de un “Plan de aprovechamiento y evaluación del estado de conservación de inmuebles del Estado” y la ley aprobada obliga a los organismos a informar sobre estos a Presidencia. Además aquellos declarados prescindibles podrán ser vendidos y lo recaudado se destinará para programas en los asentamientos. 

Relaciones Exteriores

Es uno de los capítulos que más turbulencias ha tenido en el gobierno. El Ministerio de Relaciones Exteriores tuvo dos cancilleres en el primer año y las declaraciones de Ernesto Talvi sobre Venezuela (dijo que no lo iba a nombrar como dictadura desde el cargo) fue una de las diferencias con el presidente que lo llevó a dejar el cargo. 

El documento habla de establecer un “Plan Estratégico de Política Exterior” pero Talvi renunció a los pocos días de presentar su plan de modernización para eliminar la “diplomacia de cóctel”. En su lugar asumió Francisco Bustillo, un fiel exponente de la que él denominó “mal llamada” diplomacia de cóctel. Además, mientras el exlíder colorado pretendía jerarquizar el Instituto Uruguay XXI, la Ley de Presupuesto le recortó el Presupuesto y le quitó potestades. El documento se refiere a “fortalecer las entidades de fomento y desarrollo de comercio e inversiones”. 

Sanguinetti y Lacalle en Rivera

El documento también se refiere a “trabajar” por la flexibilización del Mercosur. Si bien el presidente llevó este tema a las distintas reuniones que tuvo con sus pares de la región, los resultados no fueron los esperados. Tanto Marío Abdo (Paraguay) como Alberto Fernández (Argentina) no comparten la idea de cambiar las reglas del bloque regional. 

En la política comercial de fronteras tampoco hubo grandes avances e incluso distintos legisladores oficialistas provenientes de departamentos de fronteras han presentado proyectos para realizar modificaciones pero sin mucho eco en el Ejecutivo hasta ahora. 

Seguridad

Es uno de los capítulos más extensos y en un ámbito donde el gobierno tiene números concretos para mostrar: la mayoría de los delitos bajaron. El tiempo dirá cuánto tuvo que ver en ese descenso la cuarentena voluntaria y la pandemia en general pero el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, defiende el camino tomado. Además, de lo establecido en el Compromiso por el país, hay varios elementos concretados o se avanza para cumplirlos aunque ya hay pasajes que no se van a cumplir. 

En seguridad rural se creó una Dirección dentro de la cartera para atender esta problemática y los abigeatos bajaron en 2020. También se recuperaron algunas comisarías, algo establecido en el compromiso, y a través de la LUC se le dio “respaldo” a la Policía. La extensión de la legítima defensa en favor de los funcionarios policiales es uno de esos elementos. 

“Modificar la normativa vigente para permitir registros personales preventivos a sospechosos”, dice el documento y en este sentido también se avanzó en la LUC. 

Sobre cárceles hay dos compromisos. Construir una de máxima seguridad -prevista en el Presupuesto- y construcción de “cárceles de pequeño tamaño” que hasta ahora no ha tenido novedades. Incluso, las otras tres cárceles que se pretenden construir -y que están previstas en el Presupuesto- son para agrandar la capacidad de algunos centros en el interior del país. 

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga

Del Sistema Penitenciario Nacional del que habla el documento hasta ahora no hay novedades y sobre la reestructura de la Fiscalía tampoco. Incluso, no hubo aumento de los recursos y el organismo tuvo que reconvertir fiscalías para poder crear nuevas especializadas. 

El gobierno también prevé impulsar en las cárceles tratamientos contra las adicciones y enfermedades psiquiátricas y también programas socio-educativos y laborales. La instalación de una oficina del Mides en el Comcar avanza en ese sentido y también la fabricación de ladrillos por parte de los reclusos que comenzó con la nueva administración. 

El objetivo de llevar la Guardia Republicana a todo el territorio nacional también ha tenido algunos avances con la inauguración de unidades en el norte del país, como por ejemplo Salto. 

En el caso de la violencia de género el gobierno destaca la compra de nuevas tobilleras electrónicas, el anuncio de la creación de la Dirección Nacional de Género dentro del Ministerio del Interior y la creación -con diferencias en la interna- de tres juzgados especializados en el interior del país. 

Defensa

El ministro de Defensa, Javier García, es de los que se ha mostrado más activo en el primer año de gobierno y si bien los compromisos asumidos en el documento son muy amplios y difícil de medir su grado de cumplimento, hay algunos asuntos que se pueden evaluar. 

En el Presupuesto el gobierno modificó la Ley Orgánica Militar y aumentó la cantidad de generales y coroneles. También se destinaron recursos para aumentar el salario de la tropa y los escalafones más bajos y continuaron, tal como estaba previsto en el texto, con las Operaciones de Paz. 

Hay dos pasajes que son más difíciles de evaluar. “Desarrollar una planificación a largo plazo para la incorporación de los medios necesarios para el cumplimiento eficiente y eficaz de las misiones”, dice el documento. En este caso se adquirió por más de US$ 20 millones dos aviones Hércules para renovar los existentes. El otro punto es la “protección integral de la soberanía sobre los recursos naturales, incluyendo subsuelo, las reservas de agua potable, el mar territorial y el espacio aéreo”. 

García ha dicho en más de una oportunidad que Uruguay no está en condiciones de defender su soberanía.  

El ministro de Defensa, Javier García

Educación

Más allá de algunos cambios en la LUC, las modificaciones en la enseñanza han estado por fuera del foco mediático y político. La pandemia y la presencialidad o no en las aulas insumió la mayor parte del debate educativo. Sin embargo, el Compromiso por el País tiene varios puntos sobre esta área. 

El gobierno comenzará con la implementación de los Centros María Espínola, centros modelo de educación media en barrios vulnerables, y de esta forma avanza en uno de los compromisos. 

En la LUC además, se aprobaron modificaciones a 76 artículos de los 120 que tenía la Ley de Educación del año 2008. Entre ellas, por ejemplo, está la reforma de la gobernanza de la ANEP. Ya no hay cerca de 20 personas tomando decisiones. Se redujeron los consejos desconcentrados y los directores de Primaria, Secundaria y UTU pasan a integrar el Codicen. 

A fin de año, se avanzó por decreto para reconocer como universitarias carreras docentes y reformaron las comisiones coordinadoras de la educación, al igual que las comisiones departamentales.

La pandemia ayudó a fortalecer al Plan Ceibal y los docentes empezaron a usar sus recursos más que nunca. El desafío ahora está en que los incorporen a un contexto post-pandemia. 

Manini Ríos tras reunirse con Lacalle

Pero hay otros puntos que ya son difíciles de cumplir. “Desarrollar la UTEC en el país, apostando a la creación de nuevas carreras”, dice el documento. Sin embargo, el organismo tuvo que ir a reclamar al Parlamento, durante la discusión presupuestal, recursos para poder cumplir con algunos objetivos ya establecidos. 

Más allá de los avances en los Centros María Espínola, no hubo cambios hasta ahora en lo curricular a nivel general, algo establecido en el documento. Esa reforma, que abarca la educación desde los 3 a los 18 años y apunta hacia la formación por competencias según el documento, por ahora no ha estado en la agenda pública. 

Políticas sociales

Es otro de los temas que estuvo casi que 100% inundado por la pandemia. Sin embargo, el gobierno comenzó con una reestructura del Ministerio de Desarrollo Social (que eliminó unidades y fusionó otras) y el exdirector general de Secretaría, Nicolas Martinelli, encargado de este proceso, pasó a trabajar en Presidencia.

Dentro de esos cambios está la fusión del Programa Nacional de Discapacidad con el Sistema de Cuidados y la creación de una Secretaría que une ambos temas. 

En el Presupuesto también se avanzó sobre las políticas para los asentamientos y el Ministerio de Vivienda se prepara para declarar la emergencia habitacional en algunas zonas. Sin embargo, el resto de los objetivos apuntan más a cambios institucionales que a hechos concretos: revisar, reformular, promover, impulsar, fortalecer, reorganizar son verbos que se repiten a lo largo de todo el capítulo y que no establecen objetivos específicos. 

Dentro de este capítulo, que se llama “proteger a los más débiles”, se encuentra la reforma de la seguridad social. En eso el gobierno viene avanzando según lo previsto y se estima que en el segundo semestre lleguen los primeros proyectos de ley al Parlamento para avanzar en ese sentido. 

Trabajo

En este ítem el primer punto que salta a la vista es el “defender el poder de compra de salarios”. Los trabajadores público perderán salario real en 2021 y el gobierno se comprometió a recuperarlo antes del fin del período. Sin embargo, en el PIT-CNT desconfían de las promesas e incluso legisladores oficialistas han reconocido que hay una parte que nunca se recupera. 

La pandemia obligó a acordar un período puente en casi todos los sectores y eso no permitió avanzar en “convenios sectoriales”. Otro de los puntos es levantar las observaciones efectuadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la negociación colectiva pero hasta ahora no hubo movimientos en ese sentido más allá de alguna promesa. 

El Compromiso por el país también habla de “incentivar la contratación” de colectivos vulnerables pero tampoco hubo cambios para cumplir con ese objetivo ni tampoco en la Ley de Empleo Juvenil aunque el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ha mencionado que es un tema que tiene en agenda. 

Salud

Evaluar la gestión en salud más allá de la pandemia parece difícil y, obviamente, eso no estaba contemplado en el documento firmado en noviembre de 2019 previo al balotaje. 

“Es necesario superar el corralito mutual”, dice el documento y en el primer año de gobierno hubo cambios a este sistema. En diciembre el gobierno modificó la normativa y habilitó el cambio de mutualista si se cumplen una serie de condiciones. Este es el principal objetivo cumplido en este rubro más allá de la pandemia al que se le suma también la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 

La pandemia también permitió avanzar en la complementación de los servicios públicos y privados, sobre todo en el interior del país. Pero luego hay otros lineamientos de los que hasta ahora no se han conocido detalles: reformular el Fondo Nacional de Salud, poner en marcha un Plan Nacional de Adicciones o adecuar progresivamente el valor de la cápita. 

Ambiente

En este capítulo el gobierno dio el primer paso que fue la creación del Ministerio de Ambiente. Entre la LUC y el Presupuesto se crearon las estructuras y los cargos necesarios y ello abarcó buena parte del primer año de gobierno. 

Sin embargo, en la LUC el gobierno también quiso avanzar en la reformulación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y por diferencias internas tuvo que dar marcha atrás. Esos artículos fueron sacados del proyecto y derivados a comisión para tratar aparte.

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