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Cárcel de mujeres: protesta y redistribución "consensuada" tras fallo de la Justicia
El Ministerio del Interior consideró que el recurso de habeas corpus que presentaron los operadores penitenciarios en la Justicia por las condiciones de la Unidad N°5 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) –cárcel de mujeres– es en realidad una "reivindicación laboral" que no tiene que ver con la situación de derechos humanos de las presas.
En el recurso de apelación al que accedió El Observador, la cartera liderada por el ministro Luis Alberto Heber afirmó que "solo basta con leer y examinar" la demanda de los operadores "en la que agregan como prueba documental recibos de sueldo" para afirmar que la sentencia de la Justicia está por fuera del objetivo de la demanda, según el Ministerio.
A su vez, la cartera agregó que el habeas corpus es un reclamo laboral porque algunos funcionarios declararon que las roturas que realizan las presas en la Unidad 5 es "por falta de funcionarios". "Es claro que se trata de una reivindicación de los funcionarios por las condiciones del servicio y no sobre las condiciones de reclusión de las presas", insistió el Ministerio del Interior en la apelación.
El 4 de setiembre el juez Matías Porciúncula hizo lugar parcialmente al recurso de habeas corpus presentado por los operadores penitenciarios de la Unidad N°5 del INR por las condiciones de reclusión en ese centro.
El magistrado entendió que en la cárcel de mujeres "hay hacinamiento, así como también falta de personal que pueda atender las necesidades básicas y seguridad" y ejemplificó que "a veces hay una sola persona para cumplir tareas en ese piso que contiene al momento de la demanda 261 reclusas y que en el mejor de los casos llegan a ser tres o cuatro" funcionarios.
En la sentencia el Juez expresó además que "es obvio que no depende únicamente de la voluntad del INR" construir una nueva cárcel de mujeres ni tampoco que "aparezcan como por arte de magia funcionarios penitenciarios para atacar el déficit de personal" pero que, sin embargo, puede "reprochársele" al Ministerio del Interior que la organización de la Unidad N°5 del INR no se condice "con un tratamiento razonable de la situación" y que "viola los derechos humanos".
Pero, pese a que la cartera argumentó que la demanda era una reivindicación laboral, la Justicia mantuvo el fallo y obligó a redistribuir a las presas de la cárcel de mujeres. Este lunes hubo algunos movimientos de reclusas, según supo El Observador, y las mujeres realizaron una huelga de hambre y no retiraron la cena como medida de protesta.
Según explicaron algunos trabajadores de la cárcel de mujeres que prefirieron el anonimato, hay presas que reclaman porque no quieren dejar la celda en la que ya llevan algún tiempo o porque no quieren terminar en una Unidad de otro piso con condiciones peores a las actuales o con mayor violencia. Sin embargo, los funcionarios afirmaron que estos primeros movimientos no están relacionados con la sentencia de la Justicia.
Pero, tras la protesta de este lunes las autoridades del INR negociaron con las reclusas de la Unidad N°5 para que la redistribución sea "consensuada" entre la administración y las presas, según indicaron desde el Ministerio del Interior.
El Ministerio del Interior cuenta con 45 días para presentar un plan de acción y realojar en 120 días a los sectores de la cárcel de mujeres que superen el 120% de la capacidad y la nueva distribución podrá alcanzar hasta ese porcentaje.
Además, la Justicia lo sentenció a tomar acciones para solucionar la falta de personal en la Unidad N°5 para que las reclusas puedan acceder a la hora de espacio libre todos los días y a las actividades laborales, educativas y recreativas. El Juez también determinó que el INR debe "mejorar la infraestructura eléctrica y sanitaria" de los sectores.
