Casa de Galicia vive su tercera administración en 34 días: a la junta directiva comandada por Alberto Iglesias la desplazó una intervención del Ministerio de Salud Pública el 29 de octubre que pretendía quedarse un año, y a ella la desplazó un concurso judicial solicitado por el primer grupo antes de su salida y resuelta por la justicia el 24 de noviembre, que da potestades a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) para comandar los intereses de la institución. La presidenta del sindicato de trabajadores de la mutualista, Flor Costanzo, dijo a El Observador que esta situación ha sido "muy distorsionante" y se preocupó porque, dijo, "esto no es una fábrica, está entrando en concurso un centro de salud, y en pocas horas puede haber un caos".
Costanzo aseguró que todos los protagonistas de Casa de Galicia viven un momento de "tensión" porque si se cometen errores "paga el usuario con su salud". "Queremos que esta pesadilla termine", se lamentó la presidenta del sindicato. Según ella, los trabajadores de la salud cuentan con una salud mental afectada por ser parte de la primera línea de batalla en contra de una "pandemia brutal" del coronavirus, a lo que se suma esta situación en la que tuvieron que realizar "muchísimo trabajo, muchísimo empuje".
Por el lado de los médicos de la mutualista, la presidenta de la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia, Ximena Carrera, dijo a El Observador que en Casa de Galicia la situación está "mal" y es "anárquica", debido a que los médicos no han recibido sus salarios "a pesar del pronto pago que el juez autorizó".
Cuando la intervención fue anunciada, desde el sindicato se asumió que el MSP quería entregar Casa de Galicia a otra mutualista. Sin embargo, pasado el mes de intervención administrativa, Costanzo indicó que existieron reuniones desde el primer día con las interventoras, y se habían acordado reuniones de coordinación cada 15 días.
Los trabajadores se juntaron con las autoridades del concurso, comandadas por Fernando Cabrera, abogado responsable de Servicios Jurídicos de la Lideco, cuando estas llegaron a la mutualista tras la orden judicial, y esperan reunirse nuevamente esta semana porque Cabrera les pidió tiempo para adentrarse en la situación de la institución. Allí Costanzo espera que se acuerden otra vez reuniones quincenales y se arme un plan de trabajo. "Somos los primeros en colaborar para que Casa de Galicia funcione", señaló la sindicalista, aunque aclaró que "no somos del club de amigos" de ninguna de las tres administraciones.
Por su lado los médicos y practicantes de Casa de Galicia se reunirán este miércoles con las autoridades del concurso, y tendrán una asamblea esa noche. A pesar de que no tienen buenas perspectivas de la situación, no detallaron la posibilidad de ninguna medida sindical para protestar por la situación.
Según la presidenta del sindicato de trabajadores de Casa de Galicia, ninguna de las dos administraciones interventoras, la administrativa del MSP ni la judicial de la Lideco, tenían claro la situación de la mutualista al ingresar. Costanzo aseguró que las autoridades impuestas por el MSP "no conocían las dinámicas" de la organización del centro de salud. Sin embargo, se generó un equipo de trabajo con el que "se salió adelante", a pesar de que debido al poco tiempo de trabajo no se lograron ver cambios, indicó la gremialista.
Con la situación más ordenada, llegó la orden judicial para desplazar la intervención por el concurso, y allí nuevamente tuvieron que ponerse al tanto las nuevas autoridades. Costanzo contó que el mismo Fernando Cabrera admitió que "no tiene experiencia en salud". El Observador intentó contactarse con Cabrera, pero ha decidido no realizar declaraciones por el momento.
La primera decisión del concurso fue desplazar a la dirección técnica de la mutualista "sin explicar por qué", detalló Costanzo. Esta dirección era útil para resolver y responder preguntas de índole técnico a la junta directiva del centro de salud.
Este martes la Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia expresó en una carta su "profunda preocupación" por el fallo que determinó la salida de las autoridades interventoras del MSP, y pidieron que se mantenga al ministerio como "actor fiscalizador de la asistencia de nuestros afiliados y con el compromiso asumido de mantener en pie este complejo asistencial", debido a que es el "garante de que se cumplan las condiciones necesarias para la atención a la población usuaria".
La sindicalista Costanza sostuvo que la cartera de salud ya tiene este rol en Casa de Galicia, y manda todas las semanas "gente idónea" para comprobar la calidad de la asistencia del centro.
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