Caso Gavazzo: expediente no muestra rastros de una orden para dar pase a la Justicia

Si bien los documentos exhiben al detalle las declaraciones de los militares interrogados, y permiten conocer todas las revelaciones que el Ejecutivo tuvo en sus manos durante varias semanas sin dar cuenta a la Fiscalía –pese a que la ley así lo dicta–,el expediente no incluye ninguna comunicación formal en la que se solicitara dar ese paso, al menos hasta la fecha en que el tema tomó estado público. 

En los últimos diez días, a partir de la nota de El Observador que difundió por primera vez la confesión de Gavazzo –en la que admitía haber arrojado al río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro–, en el gobierno se sucedieron las versiones respecto a quién sabía o no el contenido de las actas y quién tenía o no la responsabilidad de comunicar a la Justicia. 

El presidente Tabaré Vázquez declaró que no había leído la confesión y que en febrero de este año, una vez cerrado el fallo, el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, le había dicho que había algunos elementos en el expediente que merecían una hojeada. Vázquez dijo a VTV que le pidió a Menéndez que hablara con el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma para enviar todo a la Justicia. Menéndez efectivamente se reunió con Toma –según informó El País– pero las versiones se bifurcan a partir de ese momento. De acuerdo a las explicaciones de Vázquez y Toma, el ministerio quedó encargado de hacer el trámite, mientras que desde Defensa argumentan que hubo responsabilidades en Presidencia.

Según surge del expediente, la confesión de Gavazzo fue en junio de 2018. En febrero de 2019, Manini Ríos elevó el fallo al mando civil, solicitando su  “homologación” y agregando un informe de ocho carillas con críticas a la Justicia en nueve casos que referían a cuestiones de derechos humanos (razón por la cual sería cesado). Después de esa comunicación, solo consta la resolución de homologación de Presidencia, fechada el 12 de marzo, y el siguiente acto administrativo recién es del lunes 1° de abril, ya desatada la tormenta a raíz de la nota de El Observador. 

Es decir, la primera comunicación con referencias al pase a la Justicia se da después de que el tema tomara estado público. En ella, el ministro en funciones Daniel Montiel –que sería cesado ese día por Vázquez– elevó una nota a Toma enumerando las acciones que "aún" estaban "en proceso". Entre ellas mencionaba la "remisión de copia de las Actas de Declaración ante el Tribunal de Honor a las distintas Sedes Penales que pudieren haber intervenido en los hechos a que se han referido los Oficiales sometidos". También detallaba como una tarea pendiente "poner en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación" y adoptar resolución sobre pedidos de acceso a la información pública referidos a ese asunto.

La responsabilidad de los generales

Tampoco figura en el expediente una comunicación formal de los integrantes del Tribunal de Honor en el que advirtieran acerca de presuntos delitos, tal como obliga el artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor. Según informó en su momento El Observador, y fue luego ratificado por Manini Ríos, los generales suspendieron las actuaciones tras la confesión de Gavazzo y pidieron órdenes al comandante, que respondió que allí no había nada nuevo y los habilitó a que siguieran. Ese ida y vuelta no figura por escrito, como tampoco figura la supuesta comunicación entre Manini y Menéndez en la que, según la versión del excomandante hoy devenido en precandidato, informó al jerarca del contenido de las actas. 

El artículo 77 dice: "Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie”. Manini dijo al programa Fuentes Confiables que le transmitió al entonces ministro de Defensa Jorge Menéndez la noticia de que el Tribunal de Honor había suspendido las actuaciones tras escuchar a Gavazzo, y dio a entender que Menéndez no se opuso a que el Tribunal de Honor avanzara y retomara su actividad. "Yo me reunía con el señor ministro de Defensa semanalmente, y en una de esas reuniones le comento esto: nuestra percepción de que era una chicana de Gavazzo y que íbamos a seguir porque lo íbamos a condenar", dijo el excomandante el jueves pasado.

La comisión de Defensa del Senado, que este martes recibió toda la comunicación, tiene en su lista de tareas la votación de las venias de destitución de cuatro generales involucrados en el proceso, y responsables –según Presidencia– de haber incumplido el artículo 77. A falta de una prueba concreta, los senadores ahora evalúan convocar a los generales, para ver si se los está cesando correctamente. Pero además, se consultará a constitucionalistas para ver si le compete o no al Parlamento aprobar las venias de destitución. El senador nacionalista Javier García, presidente de la comisión, dijo que "no existen antecedentes" de ello en el Senado y advirtió que la Constitución de la República, en el inciso 14 del artículo 168, "le otorga en exclusividad al presidente la facultad de destituir militares". Expertos consultados por El Observador indicaron que puede haber otras interpretaciones.