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Caso Gerardo Núñez: FA se llama a silencio a la espera del tribunal de ética y en respeto al "debido proceso"
Con alusiones al necesario respeto del "debido proceso" y los "protocolos" correspondientes, el Frente Amplio se llama a silencio por el caso del diputado Gerardo Núñez mientras corren los mecanismos institucionales, mientras voces disidentes –aunque minoritarias– reclaman medidas más duras hacia el denunciado.
El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, anunció el lunes que el caso pasaría a estudio del Tribunal de Conducta Política, en línea con lo que establece el protocolo de actuación ante casos de violencia política basada en género aprobado por unanimidad en el Plenario de fines del 2020. Tras el aviso a la Mesa Política, la coalición de izquierda dejó en pausa el debate de lo que ya para entonces había devenido en un hecho político, y se abstuvo de emitir cualquier declaración al respecto.
La medida suscitó al día siguiente la manifestación de las juventudes frenteamplistas del este y el oeste montevideano, que arremetieron contra "el silencio total y cómplice de la fuerza política", alegando: "No podemos contestarle a una derecha por esconder abusadores, cuando hoy tenemos una situación delicada propia y no se trata de forma directa".
Dichos ámbitos clamaron por la "coherencia" de la izquierda, pionera en la materia tras impulsar las leyes de Cuotas (votada con el resto de los partidos) y de Violencia basada en género –por las que fue criticada por favorecer un "criterio discriminatorio" en favor de las mujeres denunciantes–, con resoluciones para contemplar la paridad en sus estructuras internas y con antecedentes de trancar duro incluso a sus propios correligionarios por manifestaciones de violencia.
Pocos meses atrás la Mesa Política se expidió, por ejemplo, ante las declaraciones del intendente salteño Andrés Lima por tratar de "irresponsable" a la directora del INAU, Natalia Argenzio, quien había errado en las cifras de pobreza infantil en el departamento norteño. Antes de eso, en 2018, dirigentes frenteamplistas pidieron la renuncia del alcalde del Municipio C, Rodrigo Arcamone, luego de que la Justicia de Familia constatara una relación violenta con su pareja y decretara medidas cautelares.
Una de las que reclamó en ese momento fue la diputada del MPP, Margarita Libschitz. Hoy, consultada por El Observador respecto aquella postura, manifestó: "El caso de Arcamone no pasó por el Tribunal de Conducta Política, que fue lo que en su momento reclamamos las mujeres frenteamplistas. Si en otros casos exijo que se cumplan, ahora no tengo otra que esperar por el mecanismo institucional". "Yo tengo una opinión, pero ahora lo mínimo que tengo que hacer es esperar a que el TCP se expida", apuntó.
La misma línea defendió la vocera de la Unidad Temática de las Ciudadanas, Silvana Ruggieri, quien coincidió con el reclamo de los militantes respecto a que el diputado debería renunciar. "Leí lo de las jóvenes y comparto totalmente, pero es una posición desde el feminismo y personal. Pero no sé si corresponde a la Unidad expedirse al respecto cuando hay un protocolo, y cuando nosotras mismas lo propusimos", dijo a El Observador.
Ruggieri recordó que la propia presidenta del TCP, Margarita Percovich, es integrante de ese ámbito. "Me parece bien que desde fuera se manden opiniones, y (a la vez) respetar el mecanismo desde lo orgánico".
Tiempos
El Partido Comunista emitió este miércoles una declaración en la que reivindica el procedimiento que adoptó tras las denuncias contra su diputado y niega las acusaciones hechas por la denunciante, que adujo en la Justicia que la colectividad política había desestimado sus planteos.
En el texto, el PCU respalda la ley de violencia de género votada durante el gobierno del Frente Amplio y reconoce "la necesidad de dar señales que colaboren en la confianza de las mujeres para hacer uso" de los recursos legales.
Por su parte, remarca que "una vez conocidas las declaraciones anónimas en redes sociales, se resolvió el distanciamiento del compañero involucrado de los espacios de representación pública, así como la disposición a recepcionar cualquier denuncia relacionada con los hechos difundidos". "Conocida a fines de la semana pasada la existencia de una denuncia de violencia basada en género hecha en sede judicial, así como la disposición de las medidas cautelares previstas en la normativa vigente, el Comité Ejecutivo Nacional acompaña la presentación del compañero al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y dispone, adicionalmente, su pase a la Comisión de Control del Partido. A su vez, en acuerdo, resuelve la licencia de todas las responsabilidades políticas y representación parlamentaria", afirma la declaración.
Por otro lado, añade que "habiendo tomado conocimiento de los trascendidos respecto a una posible desestimación a la presentación de una denuncia en la órbita partidaria, el PCU manifiesta la inexistencia de una resolución al respecto por parte de ninguno de sus organismos de dirección y resuelve la realización de una investigación para el esclarecimiento de los hechos".
Más allá de la declaración, en la primera plana de la izquierda se ha evitado profundizar en el tema. El secretario general Juan Castillo se atuvo a las palabras de Fernando Pereira y no contestó las consultas de El Observador. Micaela Melgar, suplente de Núñez y actual titular de la banca, tampoco emitió juicio sobre el caso, aunque sí aseguró que a los ámbitos partidarios no llegó ninguna denuncia, contrario a lo explicitado por la víctima en el juzgado. Tampoco refirió al hecho el senador Óscar Andrade.
El Plenario frenteamplista, previsto para el próximo 4 de junio, deberá dirimir varios casos remitidos por el TCP que permanecen pendientes desde la anterior administración.
La referente de la Comisión de Género de la fuerza política, Patricia González, se refirió al tema con un hilo en Twitter en el que habló sobre la violencia de género como un "problema estructural", aunque sin alusión directa al caso de Núñez. Consultada por El Observador sobre si la coalición de izquierda debería haberse pronunciado al respecto, apuntó: "A veces los procesos implican tiempo. Creo que somos diez u once sectores representados en la Mesa, más 19 departamentales y las bases. Si saliera una declaración 24 horas después del caso, no representa a la fuerza política", señaló.
Quien fuera directora de la Asesoría de Género de la Intendencia de Montevideo defendió la necesidad de tener un "debido proceso".
La diputada Cristina Lustemberg también se atuvo a la necesidad de remitirse a la estructura. "Siempre vamos a estar del lado de la víctima. El comportamiento de cualquier frenteamplista, cuando estamos en cargos de responsabilidad, en relaciones de una persona con mayor poder que la otra, siempre vamos a estar del lado de la víctima. Pero el FA tiene sus mecanismos a través del protocolo de actuación", afirmó a El Observador.
