Caso Morabito: incautaron nuevo celular y detectan tres nuevos traslados de González Valencia

En esa oportunidad Porteiro solicitó a la jueza del caso, Adriana Chamsarian, que le otorgue una prórroga de cuatro meses para continuar la investigación en contra del capitán de la Guardia Republicana que está imputado por haber firmado la autorización de los traslados. En julio, la fiscal debía haber decidido si iba a acusar al imputado o iba a archivar la causa en su contra, pero a raíz del surgimiento de esta nueva información, fue que solicitó que se prorrogue el plazo legal y se dilate hasta noviembre el momento de tomar la decisión. 

Pese a la resistencia del abogado del imputado, Andrés Ojeda, la jueza autorizó la prórroga. La defensa del efectivo de la Guardia Republicana criticó duramente al exfiscal del caso, Ricardo Lackner, al decir que "se apuró" a formalizar la investigación en contra de su cliente y valoró el rol de Porteiro, con quien puede tener un intercambio, afirmó. 

Porteiro explicó que todo comenzó en marzo, cuando desde la División de Jurídica del Instituto Nacional de Rehabilitación, les comunican que habían encontrado dos libros de novedades de la Cárcel Central. Les dijeron que los habían hallado cuando se encontraban realizando una investigación interna por otra cuestión.

A partir de eso, Fiscalía le solicitó a oficiales de Asuntos Internos que fueran a recogerlos e investigarán "cuáles habían sido las circunstancias de su ubicación un poco extemporánea y sin mucha fundamentación", sostuvo. Así fue que los policías encontraron tres libros más con información. 

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Allí se terminó de comprobar, según dijo la fiscal, que existía comunicación entre Morabito y González Valencia. "Para esa fecha estábamos interrogando a 35 personas, eso hizo que tuviéramos que interrogarlos de vuelta porque esa información fue negada o no sabíamos que esas personas tenían un vínculo que después apareció en los libros", desarrolló, en cuanto a las dificultades que presentó la investigación.

A su vez, indicó que cuando Lackner pidió imputar al capitán de la Guardia Republicana, fundamentó su solicitud en cuadernos de novedades, en las novedades cargadas y en planillas que correspondían a informes. "En aquel momento se habían solicitado los libros (de novedades) y no habían sido ubicados. En principio la excusa era que se habían mudado y no se habían encontrado", especificó. 

Lo mismo sucedió, dijo, con información solicitada respecto del pendrive que González Valencia había querido enviarle a Morabito, el que fue incautado pero nunca se encontró. "Lo que se tenía en la carpeta era una fotocopia del oficio que se había enviado en aquel momento que ni siquiera tenía diligenciado. Con lo que, todo el mundo se lavó las manos, nadie sabía si había salido o si había llegado a alguna parte. Todo lo cual, interfería en la investigación", sostuvo Porteiro.

Sobre el procesamiento de la información obtenida, detalló que "se sugirió a los investigadores que hay un hueco en la captación de esas novedades en las que se registraban las salidas de González Valencia hacia la cárcel central que hace que pudiera haber, en ese período, seguramente otras salidas y que se tratara de buscar, lo que se hizo de forma aleatoria buscando algunas palabras, y eso dio resultado encontrándose tres novedades más, supuestamente, de nuevas salidas". Eso hace que sea necesario entrecruzar la información, explicó. 

El narco mexicano llegó al contenedor de la Guardia Republicana en setiembre u octubre de 2016, pero la primera salida registrada –según constaba en la solicitud de formalización que había hecho Ricardo Lackner– había sido en el mes de julio, lo que a ojos de la fiscal era "poco probable". Al intensificarse la búsqueda en una cantidad de información más amplia (hay cinco nuevos libros) fue que se encontraron estas tres novedades más, que también refieren a salidas conyugales, en el mes de junio. 

Todo ese material fue incorporado a la causa entre marzo y junio. También se encontró un recibo que daba cuenta que habían 10 libros de novedades y un cuaderno que pertenecían a Cárcel Central y que habían sido entregados a la Asesoría Penitenciaria, unidad que actualmente no existe como tal. Por lo que se continúan buscando. 

A su vez, especificó que debe investigar supuestas visitas que González Valencia recibió en la Guardia Republicana, entre ellas, de un abogado de Morabito y familiares. 

Obstáculos

La Fiscalía señaló que solicitaron auditorías para "ver quién tuvo acceso a esas novedades". Razón por la que afirma, "con fundamento, que se retaceó la información que vino de la autoridad policial y del propio imputado también".

"Tenemos las auditorías que demuestran que autoridades (el imputado y otros funcionarios) ingresaron al sistema, tuvieron conocimiento de esa información y no la volcaron a los investigadores de la causa penal", complementó.

A su vez, hizo hincapié en las dificultades de la investigación. "Es muy difícil que el propio organismo que tiene que proporcionar la información sea el que cuyos miembros están siendo investigados. No ha resultado fácil", señaló. 

Desarrolló que esta etapa de su investigación apunta a ubicar todos los libros "y dar por definitiva la búsqueda de esas novedades policiales". "Tienen para nosotros un gran problema de acceso, en el sentido de que se registran como hechos policiales y la fiscalía no tiene acceso. Estamos dependiendo siempre de otras personas, de la faz policial, que nos traigan esa documentación porque nosotros no podemos conseguirlas por nuestros medios", explicó.

En ese sentido, en otro momento, destacó que están trabajando con material que "proporciona la misma institución que está sometida, en cierta medida, a juicio". "Eso lo torna mucho más dificultoso, a punto tal que hemos tenido que confiar en estos mecanismos aleatorios de búsqueda de novedades ante la falta de colaboración. Ante salidas que sabemos que existieron y no podemos comprobarlas fácticamente", advirtió.

El imputado en cuestión es un capitán de la Guardia Republicana y, según recordó la fiscal, fue quien informó "parcialmente" de las novedades cargadas, que eran las que reflejaban traslados. 

"La información fue incompleta, fue errónea, se tuvo que buscar mecanismos alternativos de búsqueda, de novedades que se sabía que existían porque además de ser constancias policiales, además estaban bajo régimen de reserva especial, que motivó que se tuviera que levantar la reserva", expresó.