Caso Sendic empuja a la Corte Electoral a revisar inhabilitaciones

En el país de los tres millones de directores técnicos, las horas posteriores al procesamiento sin prisión del exvicepresidente Raúl Sendic han visto la proliferación de las más diversas interpretaciones sobre la Constitución y las leyes que dictan la suspensión de la ciudadanía.

Una vez conocido el fallo de la jueza Beatriz Larrieu, se escucharon versiones contradictorias respecto a si el procesamiento sin prisión implicaba automáticamente la inhabilitación de una eventual candidatura de Sendic, o si la decisión pasaba a quedar en manos de la Corte Electoral.

Pero más allá de las discusiones técnicas y jurídicas al respecto, el caso Sendic también dejó en evidencia que en la Corte Electoral esa decisión queda hoy en manos de una oficina técnica, con un criterio propio, y no directamente de los ministros.

Ante el amplio abanico de interpretaciones que se abrió tras el fallo de Larrieu, los ministros de la Corte Electoral comenzaron a revisar los antecedentes y concluyeron que se trata de un tema sobre el que "no se había puesto un ojo", dijeron a El Observador fuentes del organismo.

"Hoy día la Corte no analiza como cuerpo caso a caso", explicó el ministro en representación del Frente Amplio, Pablo Klappenbach. "Automáticamente van a la Oficina de Inhabilitados. Ellos después elevan la nómina de credenciales para inhabilitar o para rehabilitar", aseguró.

Según informaron desde el organismo, el criterio que maneja esa oficina –hasta el momento– es suspender la ciudadanía en caso de procesamientos con prisión, y no inhabilitar en casos de procesamientos sin prisión.

Ese criterio, sin embargo, no es el que se desprende de la legislación vigente. En 2015, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los procesamientos sin prisión por delitos que pudieran acarrear penas de penitenciaría también se comunicarían a la Corte Electoral. Esa resolución de la SCJ es una de las diferencias entre el caso de Sendic y el del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, quien fue procesado sin prisión en 2014 pero fue habilitado para presentarse como candidato a diputado.

Citando esa nueva disposición de la SCJ, la jueza Larrieu resolvió en su sentencia que se comunicara el procesamiento de Sendic a la Corte.

Este viernes, el Poder Judicial cumplió con el pedido de la jueza y envió a la Corte Electoral un oficio informando formalmente la resolución. En el escrito, al que accedió El Observador, no establece expresamente la suspensión de la ciudadanía. En cambio, simplemente notifica a la Corte Electoral sobre el procesamiento de Raúl Sendic, por los delitos de peculado y abuso de funciones.

Lejos de terminar ahí, la madeja de versiones encontradas solo empieza con la comunicación del Poder Judicial. A partir de ese momento, también existen múltiples interpretaciones respecto a los efectos prácticos de la comunicación. Hay quienes sostienen que el oficio del Poder Judicial ya implica de por sí la suspensión de la ciudadanía (de la cual la Corte solo debe hacerse eco), pero otros consideran que se trata simplemente de un insumo para la decisión final de la Corte Electoral.

Según el constitucionalista Ruben Correa Freitas, "el organismo al que le compete suspender la ciudadanía es la Corte Electoral" y, por lo tanto, es ese cuerpo que debe sopesar si el procesamiento es suficiente o no para inhabilitar a una persona.

Para esa decisión, explicó Correa Freitas (titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República), los ministros de la Corte deberán sopesar si pesa más el artículo 80° de la Constitución o el artículo 23° de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.

La Carta Magna uruguaya establece (en el numeral segundo del artículo 80°) que la ciudadanía se suspende "por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría". Los dos delitos imputados a Sendic (peculado y abuso de funciones) prevén una pena máxima de seis meses de cárcel en el primer caso y tres años en el segundo.

La Carta Interamericana, en cambio, establece que la ciudadanía no puede suspenderse hasta que no se conozca una condena definitiva.

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, también señaló que es su organismo el que tendrá que tomar una decisión, sobre la cual afirmó que "claramente existen dos biblotecas".

Asimismo, Arocena dijo que la simple notificación del Poder Judicial no obilga a la Corte a tomar una decisión, y aseguró que solo deberá pronunciarse "una vez que Sendic presente la candidatura, y en caso de que haya una impugnación o recurso".

Otra tesis es, por ejemplo, la que defiende el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Este viernes, luego de la reunión la Mesa Política de la coalición, Miranda dijo a la prensa que, a su juicio, el presidente de la Corte Electoral "se equivoca", y que lo comunicado por la jueza Larrieu implica que el procesamiento inhabilitaría a Sendic.

A diferencia de Correa Freitas, Miranda opinó que la Corte Electoral "no resuelve los ceses de ciudadanía" y dijo que, de quedar firme el procesamiento (luego de vencido el plazo para las apelaciones), la ciudadanía de Sendic quedaría suspendida.

Otros ministros de la Corte Electoral, como Klappenbach y José Korzeniak, habían defendido esa posición en los últimos días, señalando que la Corte simplemente cumple con lo notificado por el Poder Judicial.

"Yo los respeto, pero creo que la Corte Electoral no es un organismo que simplemente aplique notificaciones", manifestó Correa Freitas. "La jueza no está diciendo que está suspendida la ciudadanía, porque no es competencia de los jueces", agregó.

Por otra parte, la Mesa discutió la fijación de una fecha para levantar el cuarto intermedio del Plenario que debe decidir si el FA apoya o no el TLC con Chile. Por 13 votos contra 12, triunfó la moción de esperar los informes del Poder Ejecutivo, que según Miranda estarán prontos "la próxima semana". La postura que no triunfó planteaba ya fijar el Plenario para el 23 de junio.