Casos del peón de Salto, Bascou y Toriani frenados por aplicación del nuevo CPP

El nuevo Código del Proceso Penal, vigente desde el 1º de noviembre, permitió acelerar los tiempos de la Justicia, al tiempo que dio mayor protagonismo a las víctimas. De hecho, en la primera semana se llevaron a cabo 135 audiencias de formalización en todo el país, y en algunas de ellas se logró definir en minutos sentencias, cuando antes hubiera llevado meses e incluso años.

Por contrapartida, todas aquellas causas penales que se presentaron antes del 1º de noviembre continuarán siendo investigadas por el sistema anterior, en medio de un período de transición en el que los titulares de los casos debieron delegarlos a nuevos jueces. Mientras que los mismos fiscales deben atender tanto las causas nuevas como las del viejo código.

En Montevideo, por ejemplo, se dispusieron ocho turnos para tomar todos los casos iniciados por el sistema anterior. A cada uno de ellos llegaron en los últimos días una cantidad de expedientes que casi triplica el trabajo que tenían antes.

Una fuente judicial dijo a El Observador que este jueves continuaban llegando expedientes con casos que deberán seguir por el sistema anterior. Esa sobrecarga de trabajo llevará a que se demore el tratamiento de esos casos, informaron desde el Poder Judicial.

Los expedientes también se acumulan en las cuatro fiscalías que continúan trabajando con el código anterior.

La fiscal Dora Domenech –una de las que continúa trabajando en el sistema inquisitivo (en el que el juez dirigía la investigación)– dijo a El Observador que estas cuatro oficinas concentrarán el trabajo de las 24 que había en Montevideo antes de que se redistribuyeran.

"Es un trabajo pesado que en los próximos días va a ser diez veces más pesado porque todavía no han entrado todos los expedientes", explicó Domenech. La fiscal estimó que cada uno de los 20 juzgados que existían cuando todavía estaba vigente el código anterior tienen entre 800 y 1.000 expedientes que recaerán en los ocho juzgados que continuarán las causas en Montevideo.

Domenech dijo que "es obvio que esa masa de trabajo no se va a poder procesar en forma muy rápida", por lo que la celeridad con la que se analizarán las causas se verá afectada.

En el interior la realidad es distinta. En las capitales departamentales hay al menos dos juzgados penales por lo que se definió que uno analice solo aquellos casos que ingresaron por el sistema viejo, mientras que el otro o los otros tomen las denuncias presentadas a partir del 1º de noviembre. De esta forma, también los turnos que continúan trabajando con el viejo sistema vieron duplicado su trabajo.

Tal es el caso de la ciudad de Salto, donde la jueza Gilda Martinelli concentra las causas que antes estaban repartidas en dos turnos. Entre ellas, la magistrada debe analizar el caso del peón que en setiembre denunció haber sido agredido con un rebenque por el capataz de la estancia en la que estaba empleado tras reclamar por el exceso de trabajo.

Martinelli llegó a esa sede la semana pasada. El juez que estaba encargado de la causa del peón agredido hasta el momento era Marcelo Silva, quien fue enviado a Young como parte de los movimientos que el Poder Judicial debió llevar adelante para dar cumplimiento a la puesta en marcha del nuevo código.

En otras ciudades, en tanto, las denuncias se reparten entre dos jueces, a quienes se les asigna un caso en función de si el expediente tiene número par o impar. Tal es la situación en la ciudad de Mercedes, donde la Justicia analiza el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascou, denunciado en febrero por libramiento de cheques sin fondo por US$ 415 mil, y en setiembre por presuntamente haberse beneficiado económicamente con la venta de combustible a la comuna que dirige de la estación de servicio que era de su propiedad.

Esta última causa está a cargo de la jueza Viviana Barlocco. No está claro qué fiscal tomará ni ésta ni las otras denuncias contra el intendente, por lo que las causas están virtualmente detenidas.

En Rivera la puesta en marcha del nuevo código también afectó el proceso que investiga la contratación de tomografías por parte del hospital de ese departamento a una clínica privada brasileña, durante la gestión del exdirector Andrés Toriani. La fiscal que inició las tareas por este caso, Patricia Rodríguez, fue trasladada, y quien quedó en su lugar, Betina Ramos, todavía no tuvo tiempo de analizar el expediente porque estuvo de turno durante toda la semana atendiendo las rapiñas, hurtos, y homicidios en los que hubo detenidos por el nuevo proceso.

Una de las razones por las que el nuevo sistema penal es más rápido que el anterior es que se abandonaron los expedientes de papel para dar lugar a juicios orales que quedan registrados en archivos de audio por medio del sistema informático Audire. Sin embargo, en varias zonas del interior del país el sistema no ha funcionado, por lo que se continúa registrando las audiencias en papel como se hacía con el código anterior. De hecho, la primera audiencia de formalización en un caso de homicidio, que se realizó en Mercedes, debió ser registrada por escrito ya que el Audire continuaba sin funcionar.

En mercedes el intendente de Soriano, Agustín Bascou, figura como denunciado en tres juzgados. Según supo El Observador, por un lado las denuncias por emisión de cheques sin fondos, que superan los US$ 400 mil, se dividieron en dos juzgados, debido a que los denunciantes se presentaron ante la Justicia en momentos distintos. A pedido de la defensa de Bascou estas denuncias se unificarán en único expediente. Debido a que hubo movimiento de magistrados en todo el país, es posible que el nuevo juez que tome el caso deba ponerse al día con las actuaciones realizadas hasta el momento.

Distinto es el caso de la denuncia por haberle vendido nafta a la comuna que dirige, que fue presentada en octubre por el Frente Amplio. Según dijeron a El Observador fuentes de Fiscalía, en ninguno de estos casos hay un fiscal designado. Además, como con el nuevo código en el interior los fiscales deben realizar turnos de flagrancia semanales, están ocupados en atender los hurtos, rapiñas y homicidios cometidos durante su guardia.

El caso del peón presuntamente agredido por el capataz y el patrón del emprendimiento rural en el que trabajaba recibió en los últimos días un nuevo juez. Es que Marcelo Silva, que había tomado el caso en un primer momento fue trasladado a Young con motivo de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso penal. Por eso, la jueza, Gilda Martinelli, tendrá que estudiar el expediente.

El 24 de octubre, el expediente fue enviado a la Fiscalía y las partes estaban a la espera de una resolución, que podía demorar entre 15 a 20 días, pero el cambio de juez produjo un atraso en la causa. Hugo Antonio Leites de Iglesia, de 53 años, trabajaba en la estancia Flor de Ceibo, a 45 kilómetros de Salto, desde hace nueve meses. Según sus declaraciones, realizaba jornadas de entre 12 y 14 horas, pero solo cobraba por ocho horas, y por esta razón, le había planteado al capataz que estaba trabajando mucho, según comentó el abogado. El pasado 18 de setiembre, según relató tanto el peón como su abogado, cuando estaban terminando la jornada laboral, Leites volvió a mencionar el tema y, mientras cerraba una portera, el capataz lo atacó con el rebenque yos golpes le generaron heridas en la espalda, la cara y la fractura de una costilla.

En setiembre el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió a la entonces fiscal de Rivera Patricia Rodríguez la información sobre la contratación por parte del Hospital de Rivera (ASSE) de tomografías a una mutualista de Brasil publicada por El Observador y VTV Noticias. Como consecuencia, Rodríguez decidió llevar el tema a la Justicia y le solicitó información a ASSE, que ya fue entregada. Sin embargo, con motivo de la puesta en marcha del nuevo Código, Rodríguez fue trasladada y quien quedó en su lugar, Betina Ramos, no tuvo tiempo hasta el momento de analizar el expediente.

Es que en Rivera, los fiscales trabajan con los dos códigos, y hasta ahora Ramos debió hacer su turno de flagrancia, atendiendo hurtos, agresiones, rapiñas y homicidios, siempre que haya un detenido. Por esa razón, la próxima semana la fiscal estudiará el caso para definir si solicita o no nueva información, aunque según supo El Observador esta causa no es prioritaria, ya que no hay personas detenidas y el análisis de la información enviada por ASSE requerirá de tiempo. La Justicia intenta determinar por qué se decidió contratar a una mutualista de Brasil, siendo que en la zona hay otros centros de salud públicos que prestan el mismo servicio.