El Benjamón”, uno de los jefes del cártel mexicano que es acusado por la desaparición de 43 estudiantes hace tres semanas, falleció durante un operativo de la policía federal en la ciudad de Jiutepec. Se suicidó con un balazo en la cabeza antes de que lo capturaran. Organizaciones internacionales apelan a que las autoridades de México respondan a la crisis de violencia que afecta al país.
Un vocero de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) confirmó la muerte de Benjamín Mondragón, el líder del grupo de narcotraficantes llamado Guerreros Unidos, que opera en la zona geográfica denominada Guerrero, otrora feudo del poderoso cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leyva.
La muerte del narco ocurrió más precisamente en Jiutepec, una ciudad de 200.000 habitantes que queda cerca de la turística Cuernavaca, a 90 kilómetros de Ciudad de México. “Se disparó para no ser detenido”, indicó la Policía Federal, que ejecutó un operativo en su contra tras recibir información de que estaba en un domicilio de Jiutepec.
Si bien “El Benjamón” no era el líder absoluto de los Guerreros Unidos, las autoridades dan por hecho que estuvo implicado en la más reciente actividad que se le atribuye al grupo: la muerte de seis estudiantes y la desaparición de otros 43 el pasado 26 de setiembre.
Todavía no está del todo claro qué aconteció aquella noche. Lo que sí se sabe es que hubo un ataque contra alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la población de Iguala. Se oyó un tiroteo y además de los muertos hubo 25 heridos. Según algunos testigos, los 43 que permanecen desaparecidos fueron en ese momento detenidos y obligados a subirse a patrullas de la Policía Municipal. De acuerdo con el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, esa policía está infiltrada por los narcos.
La semana pasada las fuerzas de seguridad federales asumieron el control de Iguala para contribuir en la búsqueda de los jóvenes y la investigación de las fosas halladas en esa localidad gracias a los testimonios de los detenidos. Han encontrado cinco lugares 28 cadáveres en total y luego cuatro fosas más, se desconoce con cuántos cuerpos cada una. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, informó ayer que los primeros cinco lugares “no son recientes”, lo que le “lleva a deducir que es probable que no se trate de los cuerpos de los jóvenes”.
El gobernador considera que esto es un dato positivo y declaró a la emisora mexicana MVS que tiene “fe y esperanza” en que se encuentre con vida a los jóvenes.
Denuncias internacionales
La tensión generada en torno a la desaparición de los estudiantes es uno de los principales elementos que movieron al el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, a declarar que hay una “derrota del Estado de Derecho” en México. El otro elemento en ese sentido fueron las muertes ocurridas a fines de junio en Tlayaya, en el Estado de México. En esa ocasión 22 civiles murieron en un tiroteo con integrantes del ejército. Ocho civiles fueron ejecutados por tres soldados a pesar de haberse rendido.
“El estado no puede combatir el delito cometiendo delitos. Es inaceptable que la venganza desplace a la justicia y no se puede aceptar en una mínima lógica de congruencia democrática lo que está pasando”, consideró ayer Álvarez Icaza en un encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil que se realiza en Puebla.
El representante de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), criticó el sistema político mexicano, en el que las organizaciones criminales “se han infiltrado en las instituciones y tienen el control de ellas”.
Álvarez Icaza llamó a los partidos políticos a la indignación para comprometerse a que en sus organizaciones no haya delincuentes y dejen de postular candidatos o funcionarios que vengan financiados por el narcotráfico.
“Es la hora en que los partidos políticos se comprometen de manera decidida y contundente. No veo los focos prendidos para eso; no veo el tamaño de la indignación para que digan: vamos a tomar medidas radicales para garantizar que eso no suceda”, lamentó.
La CIDH, la Unión Europea y los relatores de la Organización de Naciones Unidas ven con “extrema gravedad” los sucesos en Guerrero y el Estado de México, porque no es la primera vez que la fuerza pública atenta contra la sociedad civil, agregó Álvarez. Para la CIDH, el gobierno de México “se juega su credibilidad en términos de su compromiso con la realidad cotidiana. De hacer caso a las recomendaciones y no dejar impune estos dos hechos”.
En la misma línea José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, denunció en una carta al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong que “las desapariciones representan una crisis de derechos humanos de enormes proporciones para México”. “El gobierno de Peña Nieto está muy lejos de cumplir con su compromiso de esclarecer qué le sucedió a las miles de personas cuyo paradero se desconoce”, agregó, en referencia a las 8.000 personas desaparecidas desde que asumió el mandatario en diciembre de 2012, unas diez por día.
