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Chileno estuvo 47 días preso en una cárcel de Panamá por pedido de extradición de Uruguay y era inocente

El hombre prepara una demanda por US$ 300 mil contra el Poder Judicial por daños y perjuicios

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17 de julio de 2018 a las 05:00

Un viaje corto a Montevideo por un congreso fue el punto de partida para que Alexis, un antropólogo chileno de 34 años, fuera vinculado a una red de contrabando de medicamentos para abortar. Esa supuesta vinculación lo llevó a estar 47 días preso en Panamá, mientras esperaba la extradición de un delito que no había cometido.

Por orden de la jueza penal Julia Staricco fue detenido mientras hacía escala en Panamá, previo a unas vacaciones en Cuba. Y allí se quedó un mes y medio en una cárcel comunitaria junto a personas que esperaban su condena por homicidios, violaciones y otros delitos graves. Cuando lo trasladaron a Uruguay, no pasaron más de cuatro horas para que comenzara la audiencia en el juzgado. Su abogado en Montevideo, José Luis González, recuerda que era sábado 3 de marzo y estuvo ahí unas pocas horas.

La Justicia confirmó que Alexis era inocente, que nunca tuvo nada que ver en el caso y luego de su reclusión, volvió a Chile. Ahora prepara una demanda al Poder Judicial uruguayo por daños y perjuicios y reclamará US$ 300 mil. Su abogado no duda en definir como "de suplicio" esa estadía en la cárcel panameña.

El antropólogo viajó a Uruguay a mediados de 2017 y se hospedó en un hotel del centro. También se hospedó en el mismo hotel Claudio, otro chileno de 33 años. Nunca se vieron y ninguno sabía de la existencia del otro, pero tenían edades parecidas, la misma nacionalidad y habían elegido el mismo hotel en la misma fecha.

En octubre de 2017, cuando ambos ya se encontraban fuera de Uruguay, la Justicia puso quinta a una investigación que venía realizando desde agosto a raíz de una denuncia anónima a una red de contrabando de fármacos abortivos y detuvo a más de una decena de personas sospechosas de estar implicadas en la maniobra. El fiscal Leonardo Morales pidió que se intervinieran varios teléfonos y la jueza Staricco habilitó allanamientos a casas de indagados, en las que se encontraron medicamentos, celulares, dinero, computadoras y otros objetos.


Las personas citadas a declarar reconocieron ser responsables de la venta ilegal de misoprostol que promocionaban a través de internet y vendían por teléfono, incluso con encomiendas al interior del país. Las mujeres interesadas en abortar ilegalmente, podían comprar cuatro comprimidos del medicamento a unos $ 6 mil. La organización de los vendedores era tal que cada integrante tenía su rol: estaban los que entregaban las pastillas, los que las promocionaban y, por supuesto, quienes las conseguían. Fue en ese punto, que uno de los dos chilenos cobró protagonismo.

La Justicia procesó con y sin prisión a unas 14 personas por los delitos de asociación para delinquir, ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por personas inhabilitadas para ellos y por la expedición de fármacos sin receta médica. Ese último delito se le tipificó a los dueños de algunas farmacias que participaron de la trama vendiendo el misoprostol a quienes luego lo vendían a las mujeres interesadas en interrumpir su embarazo sin recurrir a la ley que las ampara a hacerlo legalmente.

Sin embargo, la venta a los contrabandistas no solo se hacía a través de farmacias. Una de las mujeres participantes confesó a la Justicia que le compró medicamentos para luego revenderlos a un chileno. A ese hombre le compraban parte de los medicamentos abortivos, y él los había ingresado ilegalmente al país por lo menos dos veces. A través de escuchas telefónicas y de la declaración de la implicada –luego procesada- la policía y la Justicia determinaron que ese chileno se había quedado en un hotel del Centro de Montevideo en una fecha determinada, según consta en el auto de procesamiento publicado en la web del Poder Judicial.

Cuando los investigadores corroboraron la información del hotel, notificaron que hubo dos ciudadanos chilenos de edades muy similares que se estaban quedando en ese lugar en las fechas investigadas. Eso, sumado a las declaraciones de las testigos y las escuchas, fue prueba suficiente para que Staricco solicitara el pedido de captura internacional de ambos ciudadanos chilenos por ser presuntos culpables de venta ilegal de medicamentos abortivos.

El inocente y el culpable

Pasaron algunos meses y el 25 de diciembre, Interpol dio con Claudio en el aeropuerto de Madrid, España, donde fue detenido en el marco de la orden internacional que se había librado en Uruguay. A partir de ese momento, pasó a estar preso en una cárcel madrileña, donde estuvo en una habitación individual durante dos meses y medio, hasta que fue trasladado a Uruguay a mediados de marzo.

Fue algunas semanas después de la detención de Claudio, que Alexis decidió viajar a Cuba por vacaciones. Era 16 de enero cuando llegó en un vuelo desde Chile a Panamá para una escala que lo dejaba a medio camino de su destino de descanso. Pero no llegó a subirse al avión a La Habana porque la policía panameña lo detuvo antes. El hombre no entendía qué estaba pasando hasta que lo trasladaron a una sede judicial donde un juez de ese país le explicó a través de un abogado que le asignaron que había una orden de captura internacional por una red de contrabando en Montevideo.

A Alexis le explicaron que tenía dos caminos posibles: o aceptaba la extradición o se sometía a un juicio para determinar si podía o no ser extraditado. Como estaba convencido de que no había hecho nada ilegal, aceptó la extradición, según explicó a El Observador el abogado González. Una vez enviado a la cárcel de Panamá, parte de su familia pudo viajar a intentar acompañarlo y a entender lo que estaba sucediendo. "Tratamos de gestionar la venida cuanto antes", dijo González, quien se encuentra terminando el escrito de la demanda al Estado.

Claudio fue conducido a declarar el 15 de marzo de este año desde España a un juzgado uruguayo. Una vez ahí, confesó ser partícipe de la maniobra y dijo haber ganado US$ 3.800 con la venta ilegal de la medicación, según consta en la sentencia a la que accedió El Observador. Como el nuevo Código del Proceso Penal ya estaba rigiendo, llegó a un acuerdo con la fiscalía de turno –que no era la de Morales- por la que se lo condenó a dos meses y 21 días de prisión. Como ese tiempo ya lo había pasado en Madrid a la espera de su traslado a Montevideo, el hombre volvió a Chile como un hombre libre.

Casi dos semanas antes, fue el turno de declarar de Alexis desde de esos 47 días en una cárcel comunitaria panameña. El hombre llevó el certificado del congreso al que había ido y declaró no tener nada que ver con el incidente en cuestión. A su vez, ninguno de los testigos e implicados a los que se les pidió reconocerlo, lo señaló como culpable. La Fiscalía, que tampoco era la de Morales porque era un sábado y funcionaba una de turno, no pudo involucrarlo en la maniobra y lo dejó en libertad.

Consultada por El Observador, la jueza Staricco dijo que pidió la extradición de ambos porque había pruebas suficientes para tratarlos de presuntos culpables. A su vez, indicó que es el país donde se encuentra el supuesto implicado el que define si vale o no su extradición.

Alexis pensó que con el archivo de su causa los problemas se terminaban. Sin embargo, según explicó su abogado, al volver a Chile se encontró con que su caso se había hecho público y perdió algunos clientes con los que trabajaba en tareas de asesoramiento porque no querían vincularse con una persona que supuestamente estuvo implicada en una red de contrabando.

*Los nombres de los ciudadanos chilenos fueron cambiados



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