Ya existía el antecedente de un cierre temporario de la exportación de maíz, a comienzos de año, porque el gobierno acusaba a los productores de estar reteniendo la venta del producto en el mercado interno, con lo cual se encarecía el insumo con el que se alimentaba a los animales.
Más tarde, el gobierno presionó a los frigoríficos exportadores para que firmaran un acuerdo según el cual garantizarían una provisión de “cortes populares” a bajo costo. La medida fue adoptada entre amenazas tácitas de que era la forma de compensar las tensiones que generaba el incremento de la demanda china, con la consiguiente suba del precio internacional.
Pero las cantidades provistas fueron pequeñas y, tal como predijo la cadena de carniceros, el promocionado asado barato fue un fracaso. Entre otras cosas, porque el precio final de la carne conlleva una alta carga impositiva.
Aun así el gobierno insistió en su carga. Ante la presión de la interna política del gobierno, que reclamaba “hacer algo” ante la caída del consumo, se extremaron medidas de controles y sanciones, ya con amenazas explícitas de cierres de exportación si los aumentos de precio continuaban.
Cuando finalmente el anuncio del cierre llegó, se escucharon las críticas previsibles. Sobre todo, los recordatorios de que en 2006, cuando mandaba Néstor Kirchner, se adoptó una medida similar, con un resultado absolutamente inverso al que se buscaba.
En aquella oportunidad, ante la perspectiva de perder rentabilidad, muchos ganaderos decidieron cambiar de rubro, muchos de ellos para pasar a cultivar soja. En ese proceso, vendieron vacas en condiciones de parir, lo cual a la larga implicó una caída de 12 millones de cabezas de ganado. Fue así que el precio volvió a subir y, ya durante la gestión de Cristina Kirchner, el consumo de carne vacuna cayó a un mínimo histórico.
En ese período, el país perdió oportunidades de exportación estimadas en US$ 1.500 millones anuales y se descapitalizó en US$ 5.000 millones, según estimaciones de Fundación Mediterránea.
Contraataque del campo
Ahora, los funcionarios de Alberto se defienden con el argumento de que esta medida es apenas temporaria, que no tiene punto de comparación con lo que se hizo en 2006, y que solamente tiene el objetivo de acomodar precios relativos ante las distorsiones causadas por el boom de los commodities agrícolas.
Para el gobierno, la suba de la carne no tiene que ver con el proceso inflacionario ni con la falta de inversión en el sector, sino con las distorsiones del mercado internacional, en particular con la demanda de China, el mercado hacia el cual el año pasado se dirigieron el 75% de las 700 mil toneladas que partieron de puertos argentinos.
Además, como justificación adicional para la medida se dijo que se había detectado un alto nivel de fraude en las operaciones de comercio exterior, muchas de las cuales eludían los trámites de forma de no tener que liquidar divisas.
Pero del otro lado no hubo mucha receptividad a ese argumento. Más bien, las entidades ligadas a los productores sienten que el gobierno quiere convertirlas en chivo expiatorio ante la imposibilidad de controlar la inflación.
Es por eso que decidieron contragolpear con un paro del sector que dejará sin comercialización de ganado en el principal mercado de Buenos Aires. “Hemos tratado de dialogar pero no se nos escucha y se nos usa como cortina de humo para tapar otros problemas”, justificó el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina.
Y se empezó a debatir si, en solidaridad, el resto del campo decide cerrar también la venta de cereales.
Esto, en un momento en el que la soja subió al precio récord de US$ 600 y ayuda a equilibrar las cuentas fiscales y a reforzar las reservas del Banco Central, implicaría un duro golpe al plan económico del gobierno.
Otro tironeo en la interna peronista
Mientras tanto, cuando apenas lleva una semana de aplicación, los críticos del gobierno ya hablan del fracaso del cierre de exportación de carne. Según datos del mercado de Liniers, los animales más demandados por el consumidor argentino (novillos y novillitos) subieron entre 8% y 9%, mientras que las vacas que antes se exportaban a China cayeron 5%.
A primera vista podría parecer que este segundo efecto era el buscado, pero los expertos del mercado afirman que los cortes de exportación difieren mucho del tipo de carne habitualmente consumidor a nivel doméstico, y que no incidirán demasiado en las ventas en carnicerías.
Mientras tanto, lo que sí quedó en evidencia es cómo, una vez más, una medida que afecta al campo se transforma en un serio riesgo político para un gobierno peronista, que puede generar un efecto masivo de repudio en el interior del país.
Los primeros que se dieron cuenta de la situación fueron los gobernadores de las principales provincias agropecuarias –Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos– que sin medias tintas salieron a criticar la medida de la Casa Rosada.
La situación hizo recordar a la crisis vivida el año pasado, cuando Alberto Fernández anunció la estatización de Vicentin, una de las principales cerealeras del país que afrontaba una situación financiera crítica. El propio presidente, en aquel momento, tuvo que admitir su error de cálculo: dijo que pensó que le iban a agradecer la medida pero lo que terminó generando fue una reacción masiva por parte de una clase media rural que sintió amenazado su estilo de vida.
De hecho, fue a partir de allí que se organizaron los “banderazos” de protesta que luego se hicieron costumbre en cada feriado. La situación llevó a que, por consejo del gobernador santafecino, el peronista Omar Perotti, el gobierno diera marcha atrás.
Fue una frustración para el sector del kirchnerismo duro, que soñaba con tener injerencia en el sector de comercialización de granos, pero primó la necesidad de conservar la unidad política.
Ahora, con la carne, la situación tiene otros condimentos. Para empezar, que es un año electoral, y las encuestas no son favorables al gobierno.
Esto lleva a Alberto Fernández a tener que atender varios frentes. Por un lado, tratar de contener la inflación, que va camino al 50% anual, y que según los funcionarios sólo se controlará si se consigue “desacoplar” a los precios locales del boom global de los alimentos.
Por otra parte, no quiere irritar a ninguno de los socios de la coalición de gobierno. Si por un lado los gobernadores le piden no pelearse con el campo, por el otro el kirchnerismo le recrimina ser excesivamente “fiscalista”. Y se basan para ello en las cifras que marcan que en abril hubo un leve superávit en las cuentas, que se logró sobre todo sobre la base de la caída real de los salarios estatales y las jubilaciones.
En momentos en que desde el hemisferio norte se revalorizó el discurso neokeynesiano de fomentar el consumo con un decidido estímulo estatal, esa actitud conservadora resulta inaceptable para los seguidores de Cristina Kirchner.
Para Alberto Fernández, que está en el medio de ese tironeo, la situación no es fácil. Debe decidir si, tal como prometió, lo de la carne será apenas una medida temporaria para arreglar desajustes o si, por el contrario, será la primera de una serie de medidas hostiles contra las empresas.
Por lo pronto, en el kirchnerismo ya preparan una nueva reforma impositiva consistente en subir las alícuotas de los impuestos a la propiedad y en la captación de “rentas extraordinarias” de los exportadores rurales.
