Cinco medidas de Lacalle Pou para que el Estado ahorre US$ 900 millones al año

Por un lado, el “shock de austeridad” que tiene como foco “una gestión que cuide el dinero de todos”. A su vez, propone un “shock de competitividad”, por el que pretende “reactivar la producción y el empleo” y uno de seguridad para “recuperar la convivencia”. También plantea un “shock social” con “la integración como tarea de todos” y uno de “conocimiento y cultura” para generar “nuevas mentalidades y nuevas sensibilidades”.

Dentro de esos cinco “shocks” el programa desarrolla propuestas para las diferentes áreas de un gobierno, como economía, seguridad, educación , relaciones internacionales, turismo, salud, políticas sociales, vivienda, agro, entre otros. El programa fue presentado en un acto en Kibón y se resume en un manual de poco más de 200 páginas.

Los casi 400 técnicos que participaron en su elaboración dejaron un capítulo especial para explicar cómo quieren elaborar un plan para detectar oportunidades de ahorro que, aseguran, implica un ahorro de US$ 900 millones anuales. A esa cifra se llegó a partir del análisis de la Rendición de Cuentas de 2017 y de “todos los datos disponibles de las empresas públicas”, indica el documento y aclara que “estas economías no comprenden en ningún caso las partidas destinadas a los programas sociales y sus beneficiarios”.

La economista Azucena Arbeleche posee junto al resto del equipo económico de Lacalle Pou un documento específico donde explica de manera detallada cómo lograr ese ahorro. En el programa general optaron por hacer un resumen de ese estudio.

Las formas de ahorrar

El programa menciona cinco maneras en las que el equipo de Lacalle Pou pretende lograr ahorrar US$ 900 millones anuales.

En primer lugar, a partir de los gastos en salarios de funcionarios públicos. Según indica el documento, “en 2017 hubo 26.166  bajas de funcionarios públicos por todo concepto” que si no se cubrieran anualmente el 21% de esas vacantes “generaría un ahorro de US$ 100 millones anuales”. Esos US$ 100 millones dejan por fuera al personal que se dedica a tareas asistenciales, docentes y personal ejecutivo del Ministerio del Interior.

En segundo lugar, propone ahorrar US$ 132 millones en servicios no personales. Eso implica “contratos de servicios que se ejecutan con especificaciones que muchas veces no reflejan las reales necesidades del servicio, no se controlan en debida forma y se prolongan innecesariamente en el tiempo”.

También estima un ahorro de US$ 100 millones en gerenciamiento de obra pública. El documento destaca que “en estos años se ha instalado como norma que el 10% destinado a imprevistos de toda obra pública se ejecute siempre como parte del contrato. Agotada esta partida, se pasa a la aprobación de adicionales. De este modo, al haber convertido en regla lo que originalmente era una excepción, el precio final termina por superar largamente lo estimado”. En ese sentido, estima economizar US$ 100 millones anuales “a partir de cambios sustanciales en la formulación de los proyectos y en la profesionalización del gerenciamiento de las obras”.

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Dentro del ahorro proyectado, 40% corresponde a “una gestión más eficiente de las empresas públicas” sin incluir cambios estructurales en sus negocios más relevantes. El programa lo define como una estimación muy conservadora que implica ahorrar en publicidad, eliminación de tercerizaciones duplicadas, racionalización de actividades y “eliminación de gastos duplicados y superfluos”. Según las estimaciones, si se cumple con esas pautas pueden ahorrar US$ 348 millones al año.

Un último punto fue destinado a “otras líneas de ahorro”, que implica ocho áreas de trabajo por un ahorro de unos US$ 220 millones. Se trata de ahorrar en compras de bienes de consumo y suministros, transferencias, la resolución temprana o la correcta defensa del Estado como parte litigante. También menciona eliminar el manejo físico de documental y aplicar por completo el expediente electrónico y racionalizar el uso de bienes –tanto muebles como inmuebles- y la inclusión financiera del Estado.

Otras medidas “austeras”