"Círculos restaurativos" y "prueba piloto" en el interior: el futuro de Asfavide tras "malentendido" con el Ministerio del Interior

La refacción del edificio la hicieron privados de libertad. La decoración la eligieron principalmente los ocho psicólogos que trabajan honorariamente en la asociación. El objetivo es "que la persona se sienta más contenida", explica la presidenta y cofundadora de Asfavide, María Luisa Martínez, en entrevista con El Observador. 

Inés Guimaraens

Su espacio en el primer piso, que incluye varias salas, es usado desde 2017 por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) los martes y jueves de 18:00 a 20:00.  Lo ocupan profesores, estudiantes de Derecho, familiares y víctimas de la delincuencia que se acercan para ser defendidos de forma gratuita.

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Además de prestarle el lugar físico, Asfavide coordina con quienes quieran atenderse en el consultorio jurídico –además de con los psicólogos y asistentes sociales–. Por ejemplo, las ocho víctimas del exsenador Gustavo Penadés –imputado por 22 delitos sexuales– que representan los abogados de la Udelar.

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En ese primer piso, pero sin relación con Asfavide más que de compartir el edificio, está Mujeres de Negro. Mientras tanto, la planta baja está vacía después de que meses atrás se retirara el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid) del Ministerio del Interior.

El mismo ministerio que se contactó con Martínez el 11 de octubre y le dijo que tenían que "dejar el local" a "fin de mes". Asfavide lo hizo público el día siguiente en sus redes y advirtió: "Quedarán sin atención gratuita más de 100 víctimas".

Horas más tarde, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Nicolás Martinelli aseguró en rueda de prensa que la idea del ministerio nunca había sido dejar sin sede a Asfavide, que ya había hablado con el presidente del Banco de Previsión Social (BPS) –institución dueña del edificio– y que no había "absolutamente ningún inconveniente" en renovar el comodato.

Ministerio del Interior

El comodato se había vencido en 2019 y la "oficina administrativa" del ministro que se contactó con la presidente de la asociación buscaba solo regular la situación, según el jerarca.

La presidenta de Asfavide entiende que todo fue un "malentendido" y renovarán el acuerdo con la cartera y el BPS. El edificio en General Flores es el primer hogar de la asociación desde 2014. Esa asociación sin fines de lucro que fundaron tres madres después de sufrir la muerte de sus hijos en rapiñas.

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Círculos restaurativos

La planta baja del edificio está vacía, pero dejará de estarlo en noviembre cuando comiencen los "círculos restaurativos" en la "clínica de justicia restaurativa"

"La justicia restaurativa es una manera de gestionar el delito, en donde se ven cuáles son las necesidades de la víctima", explica la asesora legal de la asociación, Patricia Carzolio. Complementa la justicia penal, no la reemplaza. 

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"Uno pensaría que es el aspecto patrimonial –lo primero que consiguió Asfavide fue la pensión a las víctimas– o que la persona vaya presa, pero en realidad a veces hay otras respuestas que se buscan, como qué llevo a esa persona a tomar esa decisión", asegura la abogada.

"Y en el caso de la persona que cometió el delito es que tome responsabilidad del hecho", continúa. De esta forma, "ambas personas conectan nuevamente con lo que es la sociedad y ahí nos beneficiamos todos", dice Carzolio.

Incluso Asfavide tuvo casos de madres de "personas que han cometido delitos" que dejaron "cartas para la familia de la víctima". En esas instancias la asociación trabaja "para ver en qué momento, si en algún momento, la víctima (o el familiar que en realidad también es víctima) tiene la necesidad real de leer esa carta, de comunicarse con esa persona".

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Pero el antepasado de los "círculos restaurativos" fue una serie de encuentros en la sede de la asociación donde participaron víctimas, familiares de víctimas, familiares de privados de libertad e incluso exprivados de libertad que se acercaron –uno había estado preso por rapiña y una vez en la cárcel mató a otra persona–. 

Allí las víctimas decían qué era lo que necesitaban y los autores del delito "se responsabilizaban con el único beneficio de estar haciendo en realidad las cosas bien, porque ya habían cumplido su pena", indica Carzolio.

Ahora, en noviembre, prevén comenzar los "círculos" de la clínica, en la planta baja del edificio. Asfavide ya está preparando quiénes conformarán los primeros grupos. Las personas primero deben llenar un formulario y luego se las entrevista.

En los círculos habrá facilitadores: un psicólogo, un abogado o ambos. En algunos casos intervendrá "un equipo multidisciplinario". Dentro de los grupos puede que haya víctimas, familiares de ellas o de victimarios, exprivados de libertad y hasta otras personas que se comprometan "en lo social", simplemente por ser parte de la sociedad, tengan o no una formación al respecto.

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La intención, según la asesora legal de Asfavide, es "que todos seamos actores principales en el hecho de restaurar para no repetir y poder encontrar una solución en conjunto a lo que es una problemática tan compleja como es el delito". 

Un primer paso hacia el interior

En la rueda de prensa tras la polémica, Nicolás Martinelli aseguró que el ministerio no solo quería renovar el acuerdo con Asfavide para que tuvieran su sede, sino que además lo quería "ampliar".

"Nos ofrecieron hace poco, que lo acabamos de presentar, un proyecto para llegar al interior", explica la presidenta de Asfavide. El proyecto, sobre el que esperan todavía una "contestación", es una prueba piloto en Ciudad de la Costa para en el futuro sí avanzar hacia otros departamentos.

En el interior, la asociación ha hecho algunas charlas, por ejemplo sobre delitos sexuales –cuyas víctimas ahora abarcan más la atención de Asfavide, cuando en el inicio se centraban más en las rapiñas–. También sus integrantes han hecho viajes ante casos concretos. Pero básicamente la asociación no tiene presencia en el interior.

Comenzarán con un "móvil" o "sede" en Ciudad de la Costa, explica la asesora legal. Eligieron este lugar "por un tema de población, de denuncias, de cantidad de mujeres que viven en el lugar". La intención es trabajar, como en Montevideo, con un equipo multidisciplinario –psicólogos, abogados y trabajadores sociales– y así acercarse a las víctimas.

Porque en el interior, "lo que hemos visto es que las víctimas no tienen una respuesta inmediata y los tiempos de la víctima no son los tiempos del sistema", asegura Carzolio.

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"Lo que nos expresan es que la respuesta no fue la esperada, también que la falta de información limita mucho", continúa. "Lo que la gente más quiere" es "saber qué está pasando, en qué va a quedar esto (el proceso que atraviesan)".

Incluso como abogada particular Carzolio ve esta problemática en el interior. Por ejemplo, "algunas familias lo que hacen es presentarse al juzgado o a la fiscalía y hacer un reclamo puertas afuera, cuando en realidad el derecho de la víctima es estar en el proceso y tener información".

"Me ha pasado de llegar y ver a familias de la víctima campando afuera de la fiscalía y diciendo que se van a encadenar, llorando", asegura.

Recuerda un caso en concreto, cuando sí intervino Asfavide, donde los familiares de las víctimas "se confrontaron con funcionarios policiales". Carzolio razona que la "búsqueda" de la información "veces no es de la manera correcta" porque las personas no conocen "cuáles son las herramientas".

La abogada subraya que "las víctimas, por la falta de información, se vuelven mucho más vulnerables".