La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, encabezará este jueves el ritual que se repite cada 30 de junio en el Parlamento: la entrega oficial del proyecto de Rendición de Cuentas. Minutos antes de esa tradicional instancia, la jerarca mantendrá una reunión con los diputados del oficialismo, que tendrán a su cargo la discusión del texto en las comisiones de Presupuesto y Hacienda.
El encuentro fue solicitado específicamente por los legisladores y responde a un motivo: tener un adelanto "de primera mano" sobre las principales características del extenso articulado del que, en la práctica, no tienen novedades. En primer lugar, buscan conocer el dato exacto de gasto incremental que tendrá la rendición. Si bien saben que habrá un foco en educación, seguridad y ciencia, el "número mágico" es todavía desconocido por la propia bancada de gobierno.
Esa situación ha generado una profunda molestia en actores de la coalición, y en particular en el Partido Nacional, según legisladores consultados por El Observador. "No tenemos conocimiento alguno de lo que se va a presentar. Es lógico que quienes te tienen que defender un proyecto tengan un conocimiento real de cómo va a ser", ilustró uno de ellos, y apeló a la infaltable metáfora futbolera: "Vamos a jugar un partido difícil y no tuvimos contacto con el técnico".
En la coalición existe sorpresa por la reserva con la que el gobierno se manejado en la previa de la instancia presupuestal. El año pasado, por ejemplo, desde varias semanas antes se conocía que el proyecto iba a prever US$ 50 millones suplementarios enfocados en la primera infancia. Este año, se apunta, no hubo mayores novedades más allá de lo expresado el lunes pasado por Arbeleche en conferencia de prensa.
La necesidad de una reunión previa fue discutida este miércoles entre varios diputados de la coalición. El colorado Conrado Rodríguez (Batllistas) dijo a El Observador que se pretende que Arbeleche informe si, al margen de lo que esté contenido en el mensaje del Poder Ejecutivo, "qué margen" existe para que el Parlamento disponga a su vez un incremento suplementario de gastos. O, si esto no es posible, qué posibilidades tendrán los legisladores para reasignar recursos dentro del texto.
Esta última opción parecería ser la más viable, si se toma en cuenta que en caso contrario el gobierno debería enviar al Parlamento un mensaje complementario, algo que no ha sido el estilo ni en este ni de los anteriores gobiernos.
A escasas horas de su presentación formal el proyecto sigue sin estar completamente cerrado en algunos puntos. Por ejemplo en lo referente al Ministerio de Defensa. Este miércoles se procesaba una negociación a varias bandas en que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, intentaba lograr mayores recursos a los previstos para que el personal de las Fuerzas Armadas tenga un incremento salarial diferencial.
"No estamos conformes" señaló Manini este martes con respecto al 6% que se manejaba para el articulado de Defensa. En el Poder Ejecutivo quieren evitar que el aumento a los militares sea superior a la recuperación salarial que se otorgará al resto de los funcionarios públicos.
Cabildo Abierto exigirá US$ 30 millones que permitan un incremento "significativo"en las retribuciones al personal militar que fue alcanzado por la reforma a la ley de retiros vigente desde 2019. En esa línea propone que los aumentos sean en tres franjas: 5% a los oficiales, 7,5% a los suboficiales y cabos de primera y 10% a cabos de segunda y soldados. También se prevé la asignación de una partida fija por nocturnidad de $ 300 por guardia a los oficiales y de $ 250 para el personal subalterno.
El ministro Javier García mantuvo este miércoles una reunión con varios legisladores cabildantes. Allí los puso al tanto de los avances en la redacción del proyecto de una nueva ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que el gobierno pretende enviar en breve al Parlamento.
Otro asunto de tensión en las últimas horas refiere a los funcionarios públicos. Este miércoles, la asamblea de COFE aceptó la fórmula de recuperación salarial al año 2025. Esa fórmula implica que una mayoría de los trabajadores del Estado recuperen el salario real a fin del período, pero con un porcentaje –el de mayores ingresos– que perdería algo de poder adquisitivo.
Sin embargo, a media tarde el sindicato condicionó la firma de ese acuerdo a conocer el alcance de los artículos presentados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) referidos a la carrera administrativa y la reforma del Estado, un asunto que genera resistencias por parte de los trabajadores y tampoco genera consensos en el propio Poder Ejecutivo. “Frente a esa situación quedó abierto un cuarto intermedio hasta mañana a las 12:00 del mediodía, en el cual se nos va a plantear de qué tratan. Si esos artículos no van, firmamos. Si van algunos y nosotros coincidimos con ellos, también firmamos. Pero si quieren meter todos sin negociar con COFE, no vamos a firmar nada”, sostuvo el secretario general de COFE, José Lorenzo López.
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