Un campo propiedad de la familia del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a poner al senador en el punto de mira por presuntas irregularidades detectadas por una inspección realizada por el organismo. El legislador asegura que las acusaciones son falsas y que el informe fue realizado a pedido del director del Frente Amplio en Colonización, Andrés Berterreche, para perjudicarlo en la previa del referéndum.
Manini, su pareja y ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro, Roque Moreira, explotan en Artigas 4.350 hectáreas y 2.856 de ellas están comprendidas por la ley 11.029 que creó el Instituto Nacional de Colonización (INC), según concluyó una inspección que hizo el organismo, y que fue informada por Búsqueda este viernes 18.
Los resultados de esa inspección son confidenciales y están en manos del directorio del organismo. La clave, según dijo el director del INC a El Observador, es la interpretación que se haga de la ley 11.029 que creó el Instituto, que, según dijo, ha tenido muchos cambios e incluso ha generado diferentes visiones jurídicas.
Esa normativa indica que hay “colonos afectados” y “colonos habilitados”, aquellos que quedan fuera de las obligaciones de la norma pese a haber comprado un campo del INC. Entre otras cosas, no tienen la obligación de residir en el campo.
El informe, en poder de la Asesoría Letrada del INC, determinó que todos los involucrados tienen la condición de colonos, y que incumplen la ley al no residir allí ni realizar directamente ningún trabajo de producción.
Las autoridades del organismo resolvieron que ese informe no es concluyente y que debe ser analizado jurídicamente. En la votación, que fue 3 a 1, el representante del FA quedó en minoría frente a los directores del oficialismo. Consultado por El Observador, Berterreche dijo que la situación es clara. “No tengo ninguna duda: en el padrón 511 hay una serie de irregularidades que hay que regularizar”, expuso.
Si el líder de Cabildo Abierto está sometido a las obligaciones de la ley de Colonización, el senador puede haber cometido algunas irregularidades. Una de ellas es haber violado el reglamento del Senado al votar los artículos de la Ley de Urgente Consideración vinculados a Colonización, ya que la norma establece que el legislador no puede participar en asuntos en los que tengan intereses, salvo que sea autorizado en forma expresa por la cámara.
Los artículos 357 y 358 de la LUC, que este domingo serán sometidos a referéndum, habilitan además a que el colono no tenga que vivir y explotar directamente el campo que tiene asignado. Si efectivamente se trata de un campo de Colonización, Manini y su familia habrían incumplido la normativa durante muchos y años y, además, habrían votado en el Senado una legislación que los favorece.
“Otra mentira más” fue lo primero que escribió Manini el mismo viernes cuando se conoció la noticia. Este domingo emitió un comunicado en el que realiza un repaso histórico del predio y reafirma que ni él ni su familia son colonos.
"El campo al que se refiere el informe, padrón 511 del departamento de Artigas, fue adquirido por el INC en el año 1970", dice el comunicado en el que agrega que a los “pocos meses se estableció que el campo (…) no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado”.
El comunicado asegura que en aquel entonces también se estableció que “área inundable, la superficie ocupada por los montes y las dificultades de drenaje hacía imposible su utilización por el Instituto” porque era “antieconómica su explotación”.
Y continuó: "A los pocos meses de adquirido, (...) se estableció que el campo de referencia no reunía las condiciones necesarias para ser colonizado (...) y que el 'área inundable, la superficie ocupada por los montes, las dificultades drenaje' hacían imposible su utilización por el Instituto, por resultar antieconómica su explotación".
Luego, explicó que a causa de esas razones el INC "resolvió enajenar el campo" y llamar a licitación. Fue entonces cuando Moreira se presentó como uno de los ofertantes y se hizo del terreno, según su versión, el 5 de julio de 1971.
La operación siguiente fue cuatro años más tarde, cuando Moreira acordó firmar un nuevo compromiso de compra-venta, "que no deja ninguna duda sobre la inexistencia de vínculo alguno entre el comprador y el INC", según Manini.
"El 2 de diciembre de 1981, tras haberse integrado el precio, el INC y el señor Roque Moreira otorgaron el contrato de compraventa relativo al inmueble prometido en venta y el vendedor le transfirió la propiedad al comprador", agrega el mensaje.
Manini agrega que desde entonces no hubo ningún reclamo por parte de Colonización hasta ahora.
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