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Uruguay ocupa el primer lugar desde 2020

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Combate a la corrupción: ranking señala a la LUC y la falta de financiación de la Jutep como un retroceso

El ranking también señala la "falta de financiación" de organismos como la Jutep

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22 de junio de 2022 a las 14:36

Uruguay es el país de América Latina que registra el mayor índice de capacidad para combatir la corrupción en 2022, de acuerdo a un ranking elaborado por la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks. Sin embargo, en el último año bajó su puntaje y la consultora apunta particularmente contra la Ley de Urgente Consideración. 

El informe señala que el país, con una escala de 7,42 puntos sobre 10, lidera a la hora de identificar, prevenir y condenar acciones corruptas en relación al resto de las naciones de la región.

Pese a haber registrado un descenso de 0,36 puntos respecto a 2021, Uruguay continúa liderando esta clasificación -que se basa en los datos públicos disponibles de 15 países y en una encuesta patentada- desde 2020.

Pero el informe también resalta una caída de 7% en la categoría de capacidad legal. "Los descensos en las variables que evalúan el nivel de cooperación internacional, la eficacia de los organismos anticorrupción y la capacidad de Uruguay para combatir los delitos de cuello blanco contribuyeron a este retroceso", explica.

La Ley de Urgente Consideración (LUC) fue señalada como el "principal acontecimiento" que afectó a la lucha anticorrupción este año: "Fue un paquete legislativo impulsado por el gobierno que introdujo una serie de cambios en el marco legal del país, principalmente para atraer inversiones privadas y extranjeras. Entre sus disposiciones, la LUC incluyó la flexibilización de algunas restricciones para las transacciones en efectivo, así como cambios en los procedimientos para informar ciertos actores (no financieros). Algunos observadores afirman que estos cambios potencialmente podrían obstaculizar, en cierta medida, la capacidad de Uruguay para luchar contra el lavado de dinero".

El documento afirma que la designación de un nuevo fiscal de corte permanente puede ser un asunto sensible, que "probablemente se convertirá en piedra de toque del debate político en el legislativo, que está muy dividido entre la coalición gobernante y la oposición". 

Además, advierte por la "falta de financiación" de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), la principal agencia anticorrupción del país, que ha dejado preocupación entre los expertos que siguen estos temas.

"El acercamiento de Uruguay a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la Unión Europea (UE) puede mejorar aún más sus normas de gobernanza. El país se adhirió recientemente a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE, y en octubre de 2021 la UE ratificó el estatus de Uruguay como jurisdicción cooperante", concluye.

Por otro lado, la primera posición se debe, en parte, según la consultora, a las características culturales de su población. "Culturalmente, Uruguay tiene algunas diferencias con otros países de América Latina. Se percibe que la sociedad uruguaya es mucho más combativa con la corrupción", dijo a la agencia Efe Silvana Amaya, analista sénior de Control Risks.

El relevamiento destaca el aporte de las "instituciones independientes", la "activa sociedad civil" y las "sólidas credenciales democráticas" que tiene el país, aspectos que también ha resaltado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en su visita del mes pasado a Boris Johnson.

En el segundo lugar del ranking aparece Costa Rica, con un puntaje de 7,11 y un aumento de 10 % en comparación al anterior censo. En tercer lugar quedó Chile, con 6,88 puntos, y más atrás Perú, con 5, 66.

República Dominicana quedó quinto en el listado y fue el país que registró la mayor recuperación anual. Argentina, por su parte, cayó 2% en su desempeño.

Los tres peores posicionados en 2022 en Latinoamérica fueron los mismos que en 2021: Guatemala (3,38), Bolivia (2,57) y Venezuela (1,63).

El índice analiza un total de 14 aspectos, entre los que se encuentran la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, y se divide en tres categorías: capacidad jurídica, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación.

Ranking de 2022
  • Uruguay (7.42 sobre 10)
  • Costa Rica (7.11)
  • Chile (6.88)
  • Perú (5.66)
  • República Dominicana (5.19)
  • Argentina (5.04)
  • Panamá (4.96)
  • Colombia (4.87)
  • Ecuador (4.82)
  • Brasil (4.76)
  • Paraguay (4.45)
  • México (4.05)
  • Guatemala (3.38)
  • Bolivia (2.57)
  • Venezuela (1.63)

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