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Comisionado de cárceles dice que LUC provocaría "aumento injustificado de población penitenciaria"
El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, cuestionó el aumento de penas planteadas en el proyecto de ley de urgente consideración porque a su entender provocaría "un aumento injustificado de la población penitenciaria", lo que sería "contraproducente para la propia seguridad pública".
Petit concurrió a la comisión especial del Senado que estudia el proyecto de ley y expresó su preocupación por algunas de las normas propuestas en materia de seguridad que entiende "negativas para la rehabilitación" y propician "aumentar la reincidencia".
"Buena parte del planteo implica un aumento de penas, reformas procesales que acotan posibilidades liberatorias, achicamiento del sistema de redención de penas, de soluciones de justicia restaurativa o de medidas alternativas, pareciendo soluciones pensadas para casos de gravedad conductual que son minoritarias y que son habitualmente contenidos por las normas vigentes, pero que de aprobarse las modificaciones de esos temas significarán un aumento injustificado de la población penitenciaria lo que a corto plazo es contraproducente para la propia seguridad pública y la rehabilitación", señaló el comisionado a través de un informe especial dirigido a la Asamblea General.
Petit también recomendó a los legisladores tener especial cuidado "en no cambiar normas sin fundamento empírico que indique que ese cambio es necesario y cuya modificación puede, al incrementar de manera ineficiente la población penal, volverse mucho más parte del problema que de la solución", afirmó.
En el documento que entregó a los legisladores sostuvo que "es imprescindible escapar a la tentación de pensar que más penas y más presos nos darán más seguridad", y mencionó que "los estudios más reconocidos" señalan que la eficiencia del sistema penitenciario, o sea su capacidad de evitar nuevos delitos, implica "un sistema lleno de contenidos socioeducativos, posibilidades de integración y presencia fuerte de las políticas sociales".
Por otra parte, mencionó que Uruguay es uno de los países con más presos del mundo, ubicándose en el puesto 28 de un total de 222 países y sigue subiendo, con una población carcelaria de aproximadamente 12.000 personas. "Más presos y más presos por más tiempo no van a traer más seguridad pública sino todo lo contrario: reincidencia", enfatizó.
El funcionario señaló que uno de los principales motivos de la violencia es la reincidencia y este indicador en Uruguay se ubica en un 55%. "Un sistema penitenciario más eficiente, con un nivel de costo y calidad de intervención similar al resto del Estado uruguayo, podría bajar significativamente esa reincidencia, lo que implicaría miles de menos de delitos todos los años", aseguró.
Normas criticables
El comisionado parlamentario profundizó en algunas de las normas penales con impacto en el sistema carcelario como la legítima defensa presunta. Petit cree que en el primer artículo del proyecto de ley, al agregar a la “defensa en forma racional, proporcional y progresiva” la expresión “en cuanto eso sea posible”, se abre la puerta, en el ámbito carcelario, para una "mala lectura de la norma que puede alentar abusos".
Por otra parte, advierte que es negativo derogar la suspensión condicional del proceso, que se aplica cuando el delito cometido no es de gravedad y permite, por medio de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del imputado, suspender la indagatoria penal a cambio de determinadas condiciones. El proyecto dispone la creación de un proceso simplificado que implica una nueva alternativa al juicio oral, pero no la suspensión condicional del proceso a la que se llegaba por acuerdo entre las partes. Esta modificación también es cuestionada por la Fiscalía General de la Nación ya que al anularse esta posibilidad, los fiscales estarán obligados a realizar más imputaciones, lo que llevará a una mayor carga de trabajo.
El proyecto de ley de urgente consideración plantea aumentar penas para los adolescentes que cometen delitos de cinco a diez años. Petit señaló que las modificaciones "no van en línea no solo con las normas internacionales sobre justicia juvenil sino también contra las modernas líneas de resocialización de menores en conflicto con la ley y con las propias líneas de acción impulsadas por el Estado" que apuntan a "reservar la privación de libertad de adolescentes para delitos graves e impulsar programas intensivos de rehabilitación y reinserción, articulados con medidas alternativas de semi libertad o internación parcial".
Por último, el comisionado recomendó incluir la responsabilidad del Estado por sus omisiones dentro del sistema penitenciario, fundamentalmente en relación a la ausencia de programas de tratamiento y acciones sociodeducativas. "La omisión del Estado uruguayo cumplir con el mandato constitucional de tener cárceles aptas para la profilaxis del delito y la re educación, es generador de delitos y daños en las personas", concluyó.
Para Petit esa responsabilidad del Estado no se aplica debido "a la propia vulnerabilidad de las víctimas de su inacción".
