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Comisionado parlamentario propone crear una fiscalía especializada en cárceles

Juan Miguel Petit se reunió con el fiscal de Corte, Jorge Díaz,  para convencerlo de la necesidad de contar con fiscales con experiencia en el tema e investigar más rápido

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16 de abril de 2019 a las 05:02

El caso del preso Carlos Alberto Núñez Santos asesinado el 9 de octubre del año pasado producto de un disparo de un policía a una distancia muy corta cuando el recluso estaba con las manos en alto, aún no se ha resuelto. Y como esta investigación hay muchas otras que avanzan con dificultad y que tienen en contra que muchos fiscales no conocen a fondo la realidad del sistema penitenciario, lamentó a El Observador el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit.

Por ese motivo entiende que es preciso crear una fiscalía especializada en delitos carcelarios, y así se lo propuso al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en una reunión a fines de febrero, y también se lo mencionó en otra oportunidad al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

"Tenemos varios casos que siguen en investigación y a veces los fiscales no tienen conocimiento del mundo carcelario, y cuando hay un motín, por ejemplo, no es lo mismo un fiscal que llega por primera vez a la cárcel y que no conoce la estructura, sus riesgo y dónde puede conseguir información" que otro que tenga experiencia en el área, evaluó Petit, quien también compartió su idea a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Según Petit, todos los jerarcas vieron con buenos ojos su propuesta, aunque le anticiparon -especialmente Díaz- que el principal problema para llevarla a cabo es presupuestal. La Fiscalía de la Nación no cuenta con recursos suficientes: Díaz había pedido muchos más recursos al Parlamento el año pasado que los que finalmente fueron asignados: le dieron $ 80 millones cuando habían pedido $ 300 millones, solo para el sistema penal, y es por eso que el fiscal de Corte ha abierto más fiscalías especializadas -y pretende seguir haciéndolo- pero a costa de reordenar sus escasos recursos, y cerrar por ejemplo las oficinas dedicadas al viejo código del proceso penal.

Pero hay consenso en la necesidad de implementar la iniciativa de Petit. "La mayor parte de los delitos que se cometen en las cárceles son de muy difícil persecución -dijo el comisionado-, porque o no se hace la denuncia o la primera recolección que se hace de los datos es muy frágil o confusa".

Eso último, conseguir pruebas y declaraciones, es de los principales desafíos que enfrentan los fiscales de turno a los que les toca investigar crímenes en las cárceles. "Muchas veces quienes tienen que recoger datos son parte del contexto: funcionarios cercanos a lo que ocurrió y además hay mucho temor de su parte porque ellos van a seguir trabajando en el lugar", dijo el comisionado. "Ellos están conviviendo con los sospechosos", sostuvo, y confesó luego su optimismo: "Díaz está muy atento al tema de las cárceles, es algo que tiene muy presente, en agenda", dijo.

El Observador se puso en contacto con el fiscal de Corte, pero el jerarca se excusó porque se encuentra en el exterior. 

Otras dinámicas

El secretario general de la Asociación de Fiscales, William Rosa, está de acuerdo en que esas son las dificultades que enfrentan a diario los fiscales. "Es difícil porque hay dinámicas que se dan en la interna que no son con las que nosotros trabajamos día a día", reconoció. Y de ese modo, la "mirada" que tienen sobre los hechos "no es del todo acabada". "Hay hechos aislados que tienen un montón de particularidades" y que los fiscales no están preparados para observar, agregó Rosa.

La lentitud con que avanza el caso de Núñez -ya lleva más de seis meses de trabajo- fue lo que llevó a Petit a pensar en la propuesta. La Fiscalía de 1° Turno de Libertad trata de determinar responsabilidades penales en ese homicidio: Núñez demoró más de una hora en ser atendido mientras agonizaba y había sido golpeado mientras estaba tirado en el suelo, herido por el disparo. Sin embargo, y pese a contar con varias horas de registro audiovisual en donde se ve el trágico desenlace del motín, la investigación está trancada. Fuentes de esa fiscalía dijeron a El Observador que han tenido problemas burocrátcos, como la licencia médica de su titular, Césare Cingia, y que quien lo sustituyó, Nidia Morosini, está poniéndose al día con los pormenores del caso, que tuvo que agarrar sin conocer.

No obstante, aún así las pruebas recogidas en los últimos meses no alcanzan para individualizar al hombre que disparó contra el interno. Las imágenes grabadas que registraron las acciones caóticas del motín no son claras, dijeron las fuentes, y "muchos mienten". 

Y esa situación se da a diario, dijo Petit, por lo cual -reiteró- son necesarios fiscales "que estén en conocimiento de cómo es cada cárcel, cómo funciona cada módulo y cómo es su población".

Rosa, que comparte las apreciaciones de Petit, dijo que entre los fiscales es un tema de preocupación sobre el cual dialogan, pero sin embargo opinó que no entendía inminente instalar una fiscalía dedicada exclusivamente a los temas carcelarios, habiendo otros asuntos prioritarios.

"No sé si lo ameritaría por una cuestión de volumen de trabajo; las necesidades que tenemos tienen otras prioridades y no sé si es algo que requiera de una fiscalía especializada", dijo Rosa y sugirió: "Tal vez deberíamos mejorar o cambiar el enfoque de las investigaciones o las miradas que tenemos y que a veces no son acertadas".

Según dijo el comisionado parlamentario, la urgencia de contar con esa fiscalía responde al aumento de la cantidad de delitos que tienen lugar dentro de las prisiones. En 2018, se registró la mayor cantidad de homicidios carcelarios de la historia: fueron 19, dos más que el año anterior. Además, solo en la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar) hay alrededor de 60 heridos por armas blancas -cortes carcelarios- por mes; hay además, también mensualmente, otros 40 reclusos que intentan suicidarse o llamar la atención cortándose las venas. 

A su vez, desde hace dos años a la actualidad las denuncias de familiares de presos por chantaje y extorsión se duplicaron. 

"Cada vez hay más personas que aceptan formalizar las denuncias por amenazas para depositar dinero en casas de cambio, cuando las familias muchas veces no tienen con qué pagar" para asegurar la protección de sus familiares, dijo Petit, que destacó ese dato como positivo.

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