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Cómo recibe Diputados la ley de urgencia: claves para seguir el debate
La Cámara de Diputados sesionará de forma extraordinaria en la tarde de este lunes. En este ámbito se votará la creación de una comisión especial para tratar el proyecto de ley de urgente consideración, que este domingo fue remitido a Diputados por la secretaría del Senado, después de que esta cámara le diera media sanción sobre las tres de la madrugada del sábado.
A diferencia de los senadores, que tuvieron 45 días para tratar y votar el proyecto de ley, los diputados disponen de 30 días, un plazo que empezó a correr este lunes. Si el texto es modificado, lo devolverán a la cámara alta, que tendrá un plazo adicional de 15 días para pronunciarse sobre los cambios.
El tratamiento parlamentario no puede exceder los 90 días y el Poder Ejecutivo deberá promulgar la norma en menos de 10 días, indica la Constitución. Como el proyecto de ley ingresó al Parlamento el 23 de abril, esto quiere decir que antes de que empiece agosto los 476 artículos de la ley adquirirán carácter imperativo.
Los cinco partidos de la coalición de gobierno acordaron que las grandes modificaciones y las diferencias sobre el articulado se laudarían en el Senado. Así, el trabajo de los diputados blancos, colorados, cabildantes, del Partido Independiente y el Partido de la Gente se resumiría a avanzar en cuestiones de técnica legislativa, en vez de hacer cambios sustanciales que luego sus pares de la cámara alta tendrían que volver a considerar.
En los 45 días de trabajo en el Senado, los diputados siguieron de cerca el trabajo de la comisión especial de 15 senadores instalada el 28 de abril. No solo tuvieron reuniones de coordinación bicamerales, sino que algunos diputados aportaron redacciones alternativas para aquellos artículos que no contaban con el respaldo de los socios de la coalición que están representados en el Senado: blancos, colorados y cabildantes.
El caso más notorio de ello fue la redacción alternativa de los artículos sobre normas penales para menores en conflicto con la ley –del 75 al 80– hecha por el nacionalista Álvaro Viviano, que fue director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Su trabajo, a partir del cual se suavizaron las disposiciones proyectadas por el Poder Ejecutivo, fue reconocido por el senador Carlos Camy en la sesión del jueves 4, cuando se votaron en particular los artículos solo con los votos del oficialismo.
Frente Amplio: Alejandro Sánchez, Sebastián Sabini, Lucía Etcheverry, Verónica Mato, Ana Olivera, Gonzalo Civila, Daniel Gerhard, Gustavo Olmos.
Partido Nacional: Alejo Umpiérrez, Álvaro Viviano, Gerardo Amarilla, Juan Martín Rodríguez, Pablo Viana.
Partido Colorado: Ope Pasquet y Conrado Rodríguez.
Cabildo Abierto: Eduardo Lust y Martín Sodano.
PERI: César Vega.
Partido Independiente: Iván Posada.
Partido de la Gente: Daniel Peña.
Sin embargo, diputados de la coalición de gobierno dijeron a El Observador que puede haber cambios en los 30 días de trabajo que tienen por delante, por lo que no se puede decir que "esté sellado" el articulado votado en particular en el Senado.
En la cámara baja hay siete partidos representados –tres más que en el Senado– por lo que pueden surgir nuevas propuestas o discrepancias. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, adelantó algunos de los artículos con los que no está de acuerdo a pesar de que los senadores de la coalición que integra los votaron en bloque.
Por ejemplo: Posada advierte que su postura sobre los cambios previstos para la ley de Inclusión Financiera es "opuesta" a la del resto de los partidos, y por lo tanto no va a votar ninguno de los que integran el capítulo. En contraposición, el viernes 5, el senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, lamentó que "la multicolor no haya tenido más coraje para derogar la obligatoriedad" de la norma, como pretendía el Poder Ejecutivo.
Una discusión similar se dio con la derogación del monopolio de los combustibles aunque, en principio, pudo superarse a partir del trabajo de la comisión de senadores. Ningún socio de la coalición estaba dispuesto a votar la propuesta del Poder Ejecutivo (excepto el colorado Germán Coutinho), lo que sumado a la oposición tajante del Frente Amplio derivó en que se la sustituyera por una fórmula de tres artículos. Los dos primeros tratan esencialmente sobre el precio de los combustibles; el tercero abre la puerta a la eventual derogación del monopolio, aunque en él no se hace una alusión directa a esta posibilidad.
En concreto, establece que el Poder Ejecutivo va a tener que presentar a la Asamblea General, en un plazo de 180 días, "una propuesta integral de revisión, tanto legal como reglamentaria, del mercado de combustibles", a partir de una serie de estudios.
En el Senado se eliminaron 35 artículos y se añadieron cerca de 330 sustitutivos. El proyecto de ley que recibirá la Cámara de Representantes tiene 476 artículos, de los cuales el Frente Amplio votó cerca de la mitad.
Sin embargo, los legisladores han remarcado que esto no es sinónimo de que estén de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, sino que quisieron ejercer una "oposición responsable". El coordinador de la bancada de senadores del FA, Charles Carrera, dijo que la coalición de izquierda implementó una política de "reducción de daños" que supuso intentar negociar todos los cambios posibles al articulado original.
En la sesión en que se votó la creación de la comisión especial, el 28 de abril, la bancada del Frente Amplio presentó una moción para que el proyecto de ley se tratara en los tiempos parlamentarios normales, en vez de en los 90 días que dispone la Constitución para las normas de urgente consideración. Solo con los votos de la oposición, la intención fracasó.
