Complementos de mejora carcelaria

Ha iniciado el camino de concreción de sacar a la policía de su improcedente función actual de carcelero, después de que ese curso hibernara durante décadas. El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento retira de la órbita del Ministerio del Interior al Instituto Nacional de Rehabilitación, organismo responsable por el sistema carcelario, y lo transfiere a la cartera de Educación y Cultura como organismo descentralizado. El texto del proyecto está centrado en la educación y rehabilitación social de los reclusos, natural objetivo prioritario frustrado hasta ahora por las deficiencias del sistema. Para alcanzarlo, sin embargo, se requieren dos complementos fundamentales que todavía no parecen tener definición. Uno es el estado de los centros de reclusión. El otro es la idoneidad de los cuerpos de custodia que reemplacen a la policía.

La vigilancia de las cárceles es una tarea que no corresponde a los policías, cuya función específica es prevenir o reprimir delitos. La actual deformación de sus funciones se agrava al ponerlos nuevamente en contacto con delincuentes que, antes de su paso por la Justicia, habían ayudado a capturar, vínculo inusual que ha generado muchas veces casos de corrupción. Desde fines de la década de 1980 rondan los despachos del Ministerio del Interior estudios y planes sobre la necesidad de reemplazar a la policía en el sistema penitenciario con cuerpos especializados en la tarea, pero recién ahora se ha reactivado todo el tema de las cárceles, como reacción a la creciente ola delictiva que golpea a la sociedad.

Además del reemplazo de la policía, el éxito de la ley proyectada requiere cambios importantes en la estructura de los penales mayores. Fue un paso destacable la construcción de una cárcel moderna en Punta Rieles. Pero condiciones degradantes persisten en el Comcar y Libertad, centros de protestas de reclusos y de frecuentes desórdenes, como el reciente motín con toma de tres policías como rehenes. Del mejoramiento en los penales mayores y de la capacidad de quienes asuman la custodia de las cárceles dependerá que pueda avanzarse en el objetivo central de que los presos estudien, trabajen y se preparen para insertarse en la sociedad, en vez de volver a las calles solo para reincidir en el delito.

El proyecto de ley crea comisiones y grupos de trabajo para manejar "un marco legal de tratamiento integral para la rehabilitación de las personas privadas de libertad" que por primera vez se define en nuestro país. Es un buen primer paso sacarle a la policía la custodia de los reclusos, dos años después de que el tema fuera convenido por el presidente Tabaré Vázquez con dirigentes de todos los partidos durante sus reuniones sobre seguridad pública. La transferencia de Interior a Educación y Cultura está prevista para los primeros meses de 2021, si el Parlamento aprueba la ley. Esto da un plazo razonable para que el gobierno actual y el que lo suceda vayan organizando los diferentes aspectos cuya conjunción incidirá en la rehabilitación de reclusos y contribuirá a la seguridad ciudadana. Pero si no se efectivizan y coordinan todos los factores –programas del texto legal, cárceles adecuadas y personal idóneo para implementarlos–, la ley prevista quedará en otro inocuo pedazo de papel en los archivos oficiales.