Opinión > OPINIÓN / ÁLVARO DIEZ DE MEDINA

Compremos un Leonardo Da Vinci

El país tiene derecho a saber qué haría una administración alternativa enfrentada a las condiciones de UN insólito acuerdo como el firmado con UPM
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18 de noviembre de 2017 a las 05:00
El mundo quedó de ojos abiertos cuando un anónimo postor asistente a una subasta de arte celebrada por Christie´s de New York resolviera pagar U$ 450.312.500 por el cuadro de Leonardo Da Vinci conocido como Salvator Mundi: el precio más alto que se pagara en la historia por una obra de arte.
Como ocurriera en otras instancias, la transacción ha sido vastamente analizada.

Una excentricidad de tamaño calibre dispara importantes reflexiones en torno a tópicos tales como la riqueza, la libertad, el empleo de los recursos materiales: temas todos, presumimos, propios de sociedades hiper-ricas.

Solo que no estamos tan alejados de estos temas: la ruinosa necedad del gobierno frenteamplista, por lo pronto, le ha costado a los uruguayos varios Leonardo Da Vinci, y tal vez tantos como hoy existen de su autoría en el mundo. No solo los anónimos millonarios cortejan la excentricidad.

Pluna, Fondes, Afe, regasificadora, puerto de aguas profundas, Aratirí, y un largo et cetera constituyen el marco de la última obra de arte que nos viene de colgar el frenteamplismo: el memorándum de entendimiento firmado con la compañía finlandesa UPM. Otros se han adelantado ya a comentar sus insólitos términos.

El que no sea un contrato, sino la carta desesperada de un gobierno carente de norte o pulso, dispuesto a prometer permisos ambientales en cuestión de días, obras de infraestructura que hoy no puede en modo alguno financiar, normas laborales, educativas o municipales confeccionadas a medida de un vetusto enclave colonial que Eduardo Galeano hubiera retratado con fruición en su "Las venas abiertas de América Latina".

¿Qué naturaleza jurídica es la del acuerdo con UPM? ¿La de un contrato? ¿Un memorandum? ¿Una oferta? Tall vez ninguna de ellas: es una rendición incondicional. La de un régimen que, tras domeñar las instituciones del país por tres períodos de gobierno, nada tiene para exhibir, salvo repartos del presupuesto público y cenizas.

La del sistema que ahora pone en blanco y negro que el descabezado reglamentarismo en el que ahoga a la economía con el solo fin de perpetuarse será dejado de lado a favor de UPM. Que el cepo sindical en el que atormenta al capital nacional no se acercará a UPM.

Que la bancarrota educativa con la que ha condenado a generaciones de uruguayos a empleos de baja calidad tendría un recreo a favor de UPM, según un plan que someterá a aprobación de la empresa (cláusula 3.6.4). La de un régimen, en fin, improvisado y dispuesto a pagar cualquier precio con tal de comparecer en otra elección bajo el engañoso anuncio de haber traído al país "la mayor inversión de su historia".

En febrero de este año estimé a vuela pluma en esta página la eventual inversión pública (esto es: nuestro endeudamiento, nuestros impuestos, nuestro sacrificio como país) a fin de meramente estar peinados para cuando UPM, en un par de años, decidiera por sí y ante sí seguir adelante o no con su proyecto.

Sobre la base de una doble vía ferroviaria que, finalmente, no sería construida salvo en un breve tramo, la estimación de costos estaba muy por encima de los U$ 1.000 millones que hoy se nos presenta. ¿Tan mal estaban mis números?

No lo creo. Y, de hecho, lo que ahora creo es que, tal como ocurre con los 364 días restantes del año, el gobierno nos miente respecto al costo proyectado.

El pliego de condiciones elaborado por el MTOP para el proyecto ferroviario hace, como es de estilo, referencia al decreto 8/90 (Texto Ordenado de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas), cuyo art. 10 establece en 1% del valor de la oferta el monto que los proponentes deberán depositar en garantía del mantenimiento de sus ofertas.

Solo que, en este caso, el art. 15.6 del pliego recién circulado establece en US$ 20 millones el monto de la garantía: algo que, en mi barrio, suena al 1% de los US$ 2.000 millones que razonablemente podemos pensar que comenzaría a alcanzar la inversión nacional en un proyecto librado al capricho del nuevo Santo Grial del país: la DFI, o "Decisión Final de Inversión" de UPM.

Si, tal como dijera Danilo Astori al embarcarnos en la aventura de Pluna en 2013, "las cosas que empiezan bien, terminan bien", está claro que el proyecto UPM ha empezado mal: ¿hasta cuándo seguirá, por lo tanto, el país poniendo en manos tan resignadas e incompetentes la destrucción sistemática de sus recursos?

No han transcurrido sino horas, y ya las costuras han empezado a asomarle a este espantajo. Las multimillonarias obras que se impondrán a UTE a fin de anudar nuestra servidumbre a UPM. Los precios de compra de energía eléctrica ya determinados a favor de la empresa, y que tan cuestionables se han mostrado a la luz de las proyecciones de los actuales. El desenmascaramiento de las "tarifas" públicas en lo que se han terminado por convertir: impuestos establecidos administrativamente, en violación de la Constitución y de toda la historia de la libertad institucional desde el otorgamiento de la Magna Carta en 1215.

Del régimen no podemos esperar, de ahora en más, sino su habitual doblez: en setiembre su presidente anunciaba estudios de rebajas tarifarias que previsiblemente mutaran en noviembre en anuncios de un nuevo ajuste fiscal. Ahora nos contarán ante la nariz y por miles los empleos que generaría la segunda planta de celulosa que, incidentalmente, tan poca mano de obra parece que procurará una vez construida, que lo será en un paraje ubicado a 30 kms. de un centro poblado importante.

Es, por lo tanto, de la oposición de donde debemos ahora esperar, contra su práctica, un mensaje razonado y claro.

El país tiene derecho a saber qué haría una administración alternativa enfrentada a las condiciones de este insólito acuerdo: si seguirá jugando este gris juego de excepciones regulatorias o, de una buena vez, tendrá el coraje de presentarle un proyecto que lo libere de su coyunda burocrático-sindical, rompiendo de una vez por todas con la costumbre de pagar un Leonardo Da Vinci por año apenas para mantener abierta la inútil refinería de combustibles, y otros tantos dispendios sin pie ni cabeza.

Porque el día que tal proyecto tengamos, no será un gobierno acorralado y obsecuente el que repte hasta los inversores, sino éstos los que lleguen, contra viento y marea, hasta los árboles que seguirán por cierto allí, tan plantados.

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