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Con molestia, gobierno defiende respaldo científico de vacunación y confía en que revertirá el fallo en la apelación
Fue como un mazazo. Un golpe fuerte que dejó a todos molestos, masticando bronca, aunque confiados en que las cosas se revertirán a la brevedad. Al mediodía de este jueves, el juez Alejandro Recarey dispuso la suspensión de la vacunación contra el coronavirus en menores de 13 años, un fallo que fue acatado por el Poder Ejecutivo, al tiempo que también resolvió apelar.
La resolución molestó a las autoridades, que enseguida se mostraron críticas argumentando que todas las decisiones se tomaron con un amplio respaldo científico y estuvieron ajustadas a derecho. “Este fallo es un disparate”, resumió el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva en la que también participó el prosecretario Rodrigo Ferrés.
El jerarca –que fue el principal negociador de la compra de vacunas– aseguró que Recarey había expresado argumentos “inadmisibles”. “Indica que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las farmacéuticas privadas. Esto, para el gobierno, es un argumento inadmisible”, enfatizó.
En una línea similar se expresó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien divulgó una carta titulada Eppur si muove –aludiendo a la famosa frase del astrónomo italiano Galileo Galilei– en la que señaló que el fallo cuestiona "la abrumadora evidencia científica" y que a los niños se les está “negando injustamente" la posibilidad voluntaria de vacunarse.
Tras la conferencia de Delgado y Ferrés y la carta de Salinas, el gobierno decidió llamarse a silencio como parte de una estrategia para “no hablar de más”, según dijeron a El Observador fuentes de Presidencia.
Desde la Residencia de Suárez y Reyes, el presidente Luis Lacalle Pou se mantuvo en contacto durante todo el día con las autoridades definiendo los pasos a seguir.
En el gobierno hay confianza de que el fallo será transitorio y que el Tribunal de Apelaciones les dará la razón, algo que también se ve como el escenario más probable dentro de la Justicia.
Las autoridades prepararan una "apelación contundente" basada en toda la información científica disponible. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de tres días para presentarla, aunque la idea es entregarla este viernes, para que la vacunación esté detenida lo menos posible.
Hasta la noche, los equipos jurídicos de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública seguían redactando los argumentos a incluir en el documento. “Hay que prepararse bien”, dijo a El Observador una fuente de Salud Pública. El Tribunal de Apelaciones tendrá cuatro días para resolver una vez que reciba la documentación.
Durante la jornada, hubo varias comunicaciones con representantes de la farmacéutica Pfizer, quienes expresaron a las autoridades su respaldo y disposición para la apelación. Lo mismo ocurrió con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A su vez, varias sociedades científicas como el Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Academia Nacional de Medicina, emitieron comunicados rechazando la resolución y dando fe de la seguridad de las vacunas para niños.
Más allá de la molestia, los jerarcas sabían que la posibilidad de que el juez aceptara el amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone estaba arriba de la mesa debido a las manifestaciones previas de Recarey. De hecho, los representantes del gobierno intentaron apartarlo de la causa señalando que había prejuzgado el tema sobre el que debía fallar, algo que fue rechazado por el propio juez.
Recarey, a su vez, criticó al Poder Ejecutivo por continuar manteniendo en reserva los contratos firmados con Pfizer. El magistrado incluyó el tema como uno de los dos puntos que el gobierno debe cumplir si quiere levantar la suspensión. El otro es la elaboración de un formulario que contenga las sustancias de las vacunas, los beneficios y riesgos que tienen, los efectos adversos y una aclaración de que tienen autorización de emergencia y no definitiva.
En este sentido, el especialista en Derecho Administrativo, Daniel Ochs, dijo a El Observador que el fallo no prohíbe la vacunación, sino que le dice al gobierno que presente la información que le pide. “El efecto de la sentencia no es que prohíbe la vacuna, la condiciona al cumplimiento de requisitos que el gobierno puede hacer en dos horas”, afirmó el jurista.
“El juez demuestra tener una visión de que una democracia firme necesita público bien informado, entiende que en una democracia los asuntos deben ser trasladados al público. Si yo googleo veo que el diario La Vanguardia da cuenta en la edición del 23 de abril del 2021 que la comisaria de salud de la Unión Europea publicó el documento del acuerdo con Pfizer, no veo por qué en Uruguay no se puede informar a la población de esos contratos”, afirmó.
Tras aclarar que no hacía un juicio de valor del fallo ni de la vacunación –de hecho dijo que tiene las cuatro dosis–, señaló que esto se podía haber solucionado en “dos horas” si el gobierno entregaba lo que pedía el juez.
Consultado sobre por qué el amparo tiene un efecto general cuando la ley 16.011 exige a quien presenta un recurso de este tipo que fundamente la afectación causada, indicó que en este caso se trata de una “acción popular que cualquiera puede interponer” en representación de "intereses difusos".
Unión con la oposición
La resolución de Recarey fue rechazada por todo el sistema político. Desde Chile, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, llamó a Lacalle Pou para transmitirle su respaldo y asegurarle que el fallo era un “profundo error, sobre todo considerando que la vacunación no es obligatoria”.
El secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, señaló en su cuenta de Twitter que la decisión del juez era “arbitraria” y que el amparo es solo para una “manifiesta ilegitimidad e inminencia de daños”. “Vacunar es un deber del Poder Ejecutivo y no siendo obligatorio es absurdo el recurso”, añadió.
Desde Cabildo Abierto, en tanto, el senador Raúl Lozano manifestó su “incondicional apoyo” a Salinas mientras que Guido Manini Ríos aprovechó para solicitar que se apruebe su proyecto de ley que establece el delito de prevaricato para jueces y fiscales que “intencionalmente con fallos como este provocan el descrédito en la justicia”.
Por último, el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que era un "día de bochorno" y que el fallo era un "grave disparate".
