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Con una dura recesión, Argentina se pregunta si la cuarentena por coronavirus es socialmente viable
Con una informalidad que se calcula en un tercio de la actividad productiva y unos 10 millones de trabajadores (la mitad del total) que no cobran un sueldo mensual sino que dependen de ingresos diarios por actividades independientes, servicios, venta ambulante, “changas” o trabajo doméstico, las autoridades argentinas se encuentran con que el principal riesgo para el combate al coronavirus es de índole social y económico.
La gran pregunta a estas horas es cómo se hace para mantener en la situación de confinamiento hogareño a los millones de cuentapropistas que no pueden prescindir de un ingreso diario. No por casualidad, fue uno de los temas sobre los que machacó el presidente Alberto Fernández el jueves, cuando dispuso la férrea cuarentena con que lo convencieron sus asesores sanitaristas.
Cuatro días antes había dicho que estaba analizando esa posible paralización total de la actividad de dos semanas, pero que a él no le gustaba la medida, porque “tiene consecuencias económicas muy negativas, que ni siquiera ayudan a resolver el problema de la pandemia”.
En aquel momento, el teletrabajo era apenas una sugerencia para aquellos cuyo tipo de tarea lo hiciera posible y en cuyas empresas estuvieran de acuerdo. La contundencia de la evolución del contagio y el ejemplo de lo ocurrido en países europeos lo terminó de convencer
La parte satisfactoria es que la población parece haber respondido positivamente, al menos en lo inmediato. Las calles de Buenos Aires lucieron vacías, los medios de comunicación emiten exclusivamente noticias del coronavirus y se manejó relativamente sin incidentes la logística del abastecimiento en supermercados y farmacias.
El lado B de la situación, claro, es la economía. Los primeros reportes oficiales que estimaban el impacto de la epidemia en medio punto del Producto Bruto Interno quedaron rápidamente superados, al punto que hay consultoras que ya plantean la hipótesis de que Argentina sufra una recesión de 3 por ciento del PBI, lo que implicaría el tercer año consecutivo de recesión.
El costo de la epidemia
El tema de debate es si el país está en condiciones de replicar medidas como las que anunciaron la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron, con planes de subsidios masivos al sector privados, a un alto costo fiscal.
De momento, el gobierno argentino anunció medidas, casi todas destinadas a contener un posible aumento del desempleo. Significará un esfuerzo de 2 por ciento del PBI, pero aun así los empresarios y economistas consideran que no resultará suficiente para la magnitud de la crisis que viene.
Y es por eso que se analiza hasta dónde Argentina puede avanzar sin que se produzca una crisis inflacionaria aguda.
Por lo pronto, cambiaron las prioridades drásticamente. El objetivo del equilibrio fiscal, que en diciembre arrancó como uno de los pilares del plan económico, rápidamente sufrió una corrección, de manera que esa meta se fijó recién para el año 2023. Y ahora, ya con el efecto de la epidemia, los funcionarios están poniendo en duda que incluso ese cálculo se pueda cumplir.
Hablando en plata, la estimación del mercado es que el agujero fiscal de este año podría ascender al equivalente de 30.000 millones de dólares. Y, como admitió Fernández, la perspectiva es de disminución en la recaudación impositiva, junto con un incremento del gasto.
Si el gobierno se propusiera financiar ese déficit con emisión pura de moneda, eso implicaría prácticamente duplicar la base monetaria. Para un país que venía con una inflación superior al 50% anual, eso implicaría una medida de enorme riesgo, lo cual hace que las soluciones como el “quantitative easing” que se está aplicando en Estados Unidos queden vedadas.
De todas formas, el Banco Central continuará su política de disminución gradual de tasas y está incentivando a los bancos a dar préstamos subsidiados para pequeñas empresas y sectores problemáticos.
¿Una cuarentena socialmente inviable?
La magnitud de la recesión que viene recién está empezando a dar sus primeras señales. Los rubros más afectados hasta ahora son los obvios: turismo, restaurantes, transporte. En algunos de ellos, la caída de la recaudación es del 80%, y se considera inevitable la suspensión de personal.
Por eso se están revisando todos los planes. La central sindical CGT anunció que está resignada a que se “congelen” las paritarias a cambio de que haya un plan antidespidos y que se refuercen las “obras sociales” prestadoras de servicios de salud.
Pero aun así, nadie se anima a decir cuánto tiempo resistirá la situación la gran masa de trabajadores independientes e informales. Para esos casos, las medidas clásicas de contención a la europea no parecen efectivas ni viables.
Y es ahí cuando se plantea la factibilidad de sostener una cuarentena en un país de tejido social mucho más frágil que los europeos.
Y el temor principal, que así como el Gobierno fue corriendo atrás de hechos consumados, —tuvo que decretar la suspensión de clases cuando varias escuelas habían decidido cerrar por su cuenta, restringió el tránsito cuando las provincias estaban cerrando los pasos limítrofes y decretó la cuarentena cuando los empleados pedían cerrar los comercios-, también se encuentre que, en determinado momento sea la propia población la que decida en los hechos levantar la cuarentena.
