Por el voto de 125 de sus 137 miembros, el cuerpo legislativo aprobó reformar el artículo 158 de la Constitución, modificación que deberá ser sometida a consulta popular en 45 días
El Congreso de Ecuador votó el jueves a favor de una reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía en el combate al crimen organizado, en medio de una ola de violencia vinculada al narcotráfico.
La Asamblea Nacional, que es unicameral, aprobó por el voto de 125 de sus 137 miembros, la reforma parcial al artículo 158 de la Carta Magna, que encarga a los militares la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y a los policías, el orden público interno. La modificación debe ser sometida a un referendo popular en un plazo de 45 días para entrar en efecto.
El cuerpo legislativo informó que la reforma establece que el respaldo de los militares se concretará solamente en los delitos de tráfico de drogas, armas y personas, lavado de activos, terrorismo, minería ilegal, extorsión, intimidación y delincuencia organizada, así como para mantener el orden en el sistema penitenciario.
El apoyo complementario de los militares será requerido, primero, por solicitud del comandante general de la Policía Nacional al presidente de la República, quien convocará de forma inmediata al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado para realizar un informe motivado y, posterior a ello, suscribirá un decreto ejecutivo disponiendo el apoyo complementario y subsidiario.
Ecuador afronta desde hace varios años el embate de la violencia ligada al narcotráfico, que se disputa el poder a sangre y fuego en las calles y las prisiones.
Desde 2021, la guerra entre bandas dejó más de 460 reclusos muertos en matanzas carcelarias, mientras que los homicidios se cuadriplicaron desde 2018, pasando de 6 a 26 por cada 100.000 habitantes entre 2021 y 2022. Para este año se espera una tasa de 40.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien asumió en noviembre para un período de 18 meses tras elecciones generales anticipadas, impulsa una política de mano dura contra el narco, que permeó las instituciones del Estado.
Noboa, de 36 años y autoproclamado de centroizquierda, cuenta con el apoyo del Parlamento gracias a una amplia coalición que abarca partidos de izquierda y derecha.
Para enfrentar el alto nivel de inseguridad y la crisis penitenciaria, su antecesor Guillermo Lasso debió declarar un estado de excepción, que permitió la movilización de militares a las calles y cárceles.
Lasso, que estuvo en el poder desde mayo de 2021, planteó en su momento que la participación de militares en la lucha contra el crimen organizado fuera sometida a referendo, pero la Corte Constitucional estableció que debía ser tratada primero por el Congreso.
(Con información de AFP)