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Consejo que define política criminal tendrá un integrante más del gobierno y excluyen a Udelar
La comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de Diputados aprobó este miércoles modificar la conformación del Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la Fiscalía con el objetivo de que el Poder Ejecutivo tenga más incidencia en el organismo que define la política criminal.
El consejo ahora quedará conformado por el Fiscal General, dos representantes del Poder Ejecutivo y dos representantes de la Asociación de Fiscales.
En comparación con la conformación actual, el Poder Ejecutivo y la Asociación de Fiscales duplican su representación mientras que se excluye a la Facultad de Derecho y la sociedad civil, que solía estar representada por el Colegio de Abogados.
Sin embargo, la clave de la nueva conformación es que nada podrá ser aprobado sin, al menos, un voto del gobierno. “Las decisiones deberán ser adoptadas por mayoría simple, la que deberá integrarse con al menos un voto del Poder Ejecutivo”, dice el artículo aprobado.
De esta forma, el gobierno se asegura una mayor incidencia en la definición de la política criminal ya que hasta ahora se podía aprobar directrices sin su consentimiento.
El proyecto de Presupuesto enviado por el gobierno establecía la derogación de las Instrucciones Generales de la Fiscalía. Sin embargo, algunos diputados, como el colorado Ope Pasquet, plantearon su discrepancia con esta iniciativa y rechazaron votarlo. El fiscal de Corte Jorge Díaz también se pronunció en contra de su derogación.
En medio de esas primeras discusiones, el gobierno le trasladó a la bancada oficialista que si no estaban los votos para derogar las Instrucciones Generales, la intención era aumentar la presencia del Poder Ejecutivo en el Consejo Honorario, algo que finalmente fue el camino elegido.
Las instrucciones son directrices de actuación que los fiscales deben cumplir (de no hacerlo pueden ser sancionados) vinculadas a la investigación y priorización de la persecución de los delitos. Se trata de lineamientos generales que no se pueden dictar en base a casos concretos.
Si el Ministerio del Interior, por ejemplo, pretende priorizar el combate al abigeato, como ha manifestado el ministro Jorge Larrañaga, para que tenga eco en la Fiscalía se debe dictar una instrucción general.
De todos modos, la redacción aprobada en comisión todavía puede ser modificada en el debate en el plenario –que comienza el domingo- y también en el Senado. “No sé si es la última redacción”, reconoció un legislador oficialista en diálogo con El Observador.
