El Gabinete Productivo analiza un paquete de entre cinco y seis medidas para apoyar a la industria que va más allá del incremento en la devolución de impuestos para las empresas exportadoras. Fuentes del gobierno revelaron a El Observador que la discusión está atada incluso a las alternativas que está barajando el Ejecutivo para sustituir el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que podría generar un “plus” de ingresos para financiar estos paliativos. Según trascendió en los últimos días, el Ministerio de Economía cuenta con un plan B a ese tributo que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, basado en la eliminación de exoneraciones y la progresividad en la imposición al Patrimonio, la reinstauración del impuesto a Primaria, cambios en la tributación del Imeba y un adicional a la contribución rural para las extensiones superiores a las 2.000 hectáreas, consignó El País.
“La idea es definir el costo de las medidas y cómo financiarlas”, explicaron las fuentes a El Observador. El déficit fiscal (-2,7% del PIB en los últimos 12 meses a enero) preocupa a las autoridades gubernamentales porque se encuentra lejos de meta de -1,7% que tiene el equipo económico para este año. Eso condiciona que cualquier medida para apoyar a las ramas industriales en problemas que agregan mayor valor agregado, deberá contar con su propia fuente de financiamiento sin demandar renuncia fiscal.
Bajo este contexto se analizan se otras vías tributarias adicionales, como elevar el régimen arancelario para la importación de algunas mercaderías –aumentaría la recaudación– o aplicar algún tributo específico sobre las exportaciones de materias primas que tengan una renta excepcional como el caso de la soja, entre otras, adelantó uno de los informantes.
Precisamente, se se analiza llevar el arancel de importación sobre la vestimenta del actual 22% al 35% (el máximo que permite al Organización Mundial del Comercio) para adecuarlo a las alícuotas que aplican para esta mercadería Brasil y Argentina, lo que permitirá obtener recurdos por ese concepto. Esto no implicará que Uruguay utilice la potestad que tiene para incrementar los aranceles de hasta 100 partidas por fuera del arancel extra Mercosur porque sus socios comerciales ya impusieron la tasa máxima sobre la vestimenta. Según la fuente, esta medida no debería genera una presión extra sobre la inflación porque los márgenes de ganancia de este sector son “bastante altos”. En igual sentido se prevé que el resto de las iniciativas que están bajo análisis del Gabinete Productivo no impacten en la evolución de los precios internos por estar dirigidos a ramas de actividad con baja incidencia en el Índice de Precios al Consumo (IPC).
En línea con las modificaciones arancelarias para la vestimenta, también está sobre la mesa fijar un arancel para aquellos productos que ingresan al país a “precio de dumping” –es decir con un costo de producción por debajo al de su país de origen-, pero aún no está clara cuál sería la eficiencia impositiva de este instrumento.
La industria manufactura cerró el 2012 con una fuerte desaceleración (1,6%) respecto a la expansión de 5,6% que había mostrado en 2011. Además, en diciembre, 14 de 22 sectores cerraron con un nivel de producción en volumen físico menor al registrado en igual mes de 2011, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El criterio que se definirá para habilitar los paliativos para las industrias en problemas tomará en cuenta los problemas de competitividad que vienen arrastrando de hace varios años algunos sectores –como el caso de la vestimenta o las curtiembres–, pero también contemplará aquellas ramas que mostraron números negativos el año pasado.
Paliativos
Dentro del abanico de propuestas que tiene a estudio el Gabinete Productivo está la de elevar el régimen de devolución de impuestos para las industrias exportadoras. Por ejemplo, algunas cadenas que hoy reciben una tasa de 2% podría llevarse a 4% y otras que ya están en este porcentaje elevarla a 6%. Las fuentes precisaron que “no está pensado” quitar o reducir los beneficios impositivos para aquellos sectores que no tienen problemas de competitividad. Asimismo, aseguraron que este “no será el único paliativo” porque la devolución de impuestos solamente beneficia a los exportadores y “deja de lado” a las empresas locales. Fuentes del Poder Ejecutivo habían adelantado a El Observador hace dos semanas que las medidas iban a tener un corte “sectorial” pero otras iban a ser “transversales”.
En este sentido, el gobierno tiene listo un decreto que prevé adecuar el régimen de compras públicas para las empresas uruguayas, muchas de las cuales quedan hoy por fuera de las licitaciones que lanza el Estado. La normativa buscar “flexibilizar” la doble exigencia de que los productos tengan una salto de partida arancelaria en el caso de utilizar insumos importados y un agregado de valor nacional mínimo del 35%. Otro de los incentivos que está sobre la mesa busca mitigar los costos energéticos de las industrias que realizan un uso más intensivo de ese insumo. También se buscarán alternativas para mejorar el acceso al financiamiento de las industrias.
Un reclamo recurrente de los empresarios, el de eliminar o suspender los aportes patronales a la seguridad social (de 7,5%), no está dentro de la agenda del Gabinete Productivo, aseguraron las fuentes. Pero los apoyos no serán gratuitos y exigirán “contrapartidas”. Una de las exigencias bajo análisis es que las empresas beneficiadas se comprometan a no enviar personal al seguro de paro durante un año.
Controlan ingreso de calzado al país
El Área de Defensa al Consumidor –que depende del Ministerio de Economía– comenzó a implementar desde enero una fiscalización más profunda del calzado importado que se comercializa en el país, informó una fuente oficial a El Observador. Esta medida formaba parte del paquete de 14 iniciativas de apoyo a la industria local que anunció en su momento el gobierno en marzo del año pasado. Con esta herramienta, el Poder Ejecutivo pretende controlar la subfacturación de las compras en el exterior para proteger principalmente a la industria del cuero local. Esta medida venía siendo reclamada con insistencia por parte de la Cámara del Calzado.
US$ 520,4
Millones. Enenero y febrero el Banco Central compró US$ 520,4 millones para evitar una caída mayor del tipo de cambio local.
-0,61%
TCR. Los esfuerzos del BCU para sostener el dólar no impidieron que el índice de Tipo de Cambio Real bajara 0,61% en enero.
