Conviene negociar una salida

La desmesura de las tarifas de los servicios de energía, razón central de las protestas de productores rurales que evalúan cortes de rutas y desabastecimiento de alimentos, también golpeó severamente el año pasado a todos los hogares uruguayos al exceder a la inflación en casi dos puntos.

El estudio mensual que realiza la consultora SEG Ingeniería concluyó que la canasta energética de consumo residencial –que incluye electricidad, gas y fuel oil– aumentó el año pasado 8,27%, bastante por encima de la inflación de 6,55% con que cerró el año. Las tarifas al cierre de 2017 ya superaban largamente las vigentes en países de la región.

La divergencia entre tarifas e inflación se agravará inexorablemente este año debido a la nueva tanda de aumentos que rige desde el 3 de enero.

Aunque los hogares soportan resignadamente este castigo al bolsillo de los asalariados, no ocurre lo mismo en el ámbito rural. Productores de por lo menos cinco departamentos se han movilizado activamente contra su pérdida de rentabilidad.

A la espera de una asamblea definitoria el 23 de enero, algunos insisten en cortar rutas para impedir el paso de frutas, verduras, lácteos, carne y otros alimentos perecederos hacia Montevideo y centros de veraneo en el este del país. El objetivo obvio es presionar al gobierno con la perspectiva de ahuyentar turistas en una temporada que se presenta inusualmente exitosa.

Otras voces más prudentes del agro, incluyendo dirigentes principales de la Asociación Rural y la Federación Rural, se pronunciaron en contra por la ilegalidad de acciones de ese tipo y porque generarían un conflicto de extrema gravedad.

Los reclamos de los sectores más combativos incluyen la caída de los precios internacionales, la baja del dólar y las tarifas energéticas. Sobre los precios en los mercados externos el gobierno nada puede hacer. Y en la política monetaria incide el vital combate a la inflación, que por primera vez en ocho años estuvo en 2017 por debajo del tope del rango meta oficial del 7%. La historia sobre las tarifas, en cambio, es diferente.

Desde hace más de un año el gobierno impone una seguidilla de ajustes fiscales a través de impuestos directos e indirectos, para recaudar más y apuntalar la frágil situación en que lo han embretado las ineficiencias y el despilfarro de las administraciones frenteamplistas, especialmente la que presidió José Mujica, pero que el actual gobierno no ha sido capaz de revertir.

Asiste razón a todos los que se quejan por tener que pagar por platos rotos ajenos. Pero no se justifica la propuesta que ronda las reuniones de los productores de tomar medidas ilegales. El gobierno, por su parte, ha expresado su preocupación por el posible impacto de esas medidas en el turismo y está dispuesto a impedir los cortes de ruta, recurriendo a un decreto que autoriza a la Policía a desalojar piquetes sin tener que esperar por una previa autorización judicial.

Este curso, sin embargo, ataca las consecuencias pero no las causas de protestas que tienen fundamento, aunque se debilitan por la amenaza de salirse de cauce. El curso sensato es que ambas partes negocien una salida razonable, con mesura por parte de los objetores y una atención gubernamental, aunque sea parcial, a reclamos que incluso exceden el ámbito rural porque involucran a toda la población y a otros sectores productivos.