Por procedimiento o estilo, el gobierno acumula dolores de cabeza por los cortocircuitos con la bancada del Frente Amplio (FA), que es mayoría en ambas cámaras del Parlamento y convirtió en una costumbre las diferencias con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, pero sobre todo el presidente José Mujica, mantienen el ejercicio de lanzar públicamente sus iniciativas antes de compartirla con sus legisladores. Ese asunto de la comunicación y la coordinación, ha generado en muchas oportunidades fuertes cruces que, en algunas ocasiones terminaron sin consecuencias, pero en otras dejaron heridas abiertas y proyectos frustrados.
En las últimas semanas se reavivaron los cortocircuitos a partir de una serie de proyectos y sucesos que encabezó el gobierno y su bancada en el Parlamento, pero también a cargo de figuras de peso en la interna de la coalición de izquierda.
El nuevo trancazo del vicepresidente Danilo Astori, por la decisión de Mujica para ingresar al Mercosur a Venezuela como miembro pleno, aprovechando la suspensión de Paraguay como socio del bloque regional fundado en 1991, sumó un nuevo capítulo de diferencias entre el líder del Frente Líber Seregni y el mandatario, que recuerdan al episodio sobre los cambios tributarios, como la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
La flamante presidenta de la coalición de izquierda, Mónica Xavier (Partido Socialista), prometió establecer un nuevo esquema de relacionamiento con el gobierno para que la comunicación mejore y se eviten las situaciones de tensión. Xavier se reunión ayer durante una hora con Mujica en Torre Ejecutiva. Le comprometió allí a defender al gobierno, pero con una advertencia: “A veces el respaldo no solo es decir que sí, sino también tal vez por acá no”, dijo.
Así no En paralelo, la batería de medidas que diseñó el gobierno para atender la inseguridad y los altos niveles de violencia en la sociedad tuvo capítulos que pasaron por ese filtro. La primera de las 15 medidas que sufrió cambios por el cortocircuito entre el gobierno y la bancada del FA fue la que propone aumentar las penas para los menores infractores en los casos de delitos graves, como homicidio, rapiña, violación o secuestro, por ejemplo. El Gabinete de Seguridad pretendía establecer mínimos de un año para esos casos, y que la pena no sea excarcelable, y que, además, la máxima se duplique de cinco a diez años. Sin embargo, la firme oposición de la mayoría de los sectores de la izquierda, con el Partido Socialista a la cabeza, se negó a votar ese proyecto antes de que ingresara al Parlamento. Por eso, Mujica aceptó meter mano a la redacción original, y el proyecto que ahora tienen los senadores en la comisión de Constitución y Legislación no contiene la suba de la pena máxima en sus modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, pero sí la mínima.
El proyecto que propone legalizar la comercialización de la marihuana prometía polémica. A las previsibles críticas de la oposición y diferentes organismos nacionales e internacionales, se sumaron algunas voces discordantes de peso, como la del subsecretario de Interior, Jorge Vázquez.
También genera resistencias el proyecto que prevé la internación compulsiva de los adictos.
Más recientes fueron las dudas y quejas surgidas en el astorismo como consecuencia del incremento de poder que otorga un capítulo del proyecto de Rendición de Cuentas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
El gobierno entiende necesario volcar en esa oficina la decisión sobre inversiones, lo que despertó diferencias ya públicas de legisladores que responden a Astori.
