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Cosse acusó a los ediles de "irresponsables" por el juicio político: "¿Quién está violando la Constitución entonces?"
Rodeada por los directores de su gabinete en la Intendencia de Montevideo (IM) y los legisladores del Frente Amplio, Carolina Cosse presentó a la vicepresidenta Beatriz Argimón sus descargos contra el juicio político al que diera vista la semana pasada la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
"La acción tendiente a promover este juicio político es un uso improcedente, equivocado e irresponsable de las herramientas constitucionales de contralor que sólo se explica como parte de una estrategia de ataque político contra mi persona y la gestión que me toca encabezar por decisión de la ciudadanía", sostuvo la intendenta en el documento al que accedió El Observador.
Cosse repasó que el día de su llamado a sala a la Junta Departamental el pasado 7 de octubre –promovido por el Partido Nacional a raíz de la falta de respuestas a pedidos de informes–, concurrieron a su nombre el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi y el prosecretario Daniel González.
"Para sorpresa de todos, y sin haber escuchado la exposición del Ejecutivo Departamental, el miembro convocante (Javier Barrios Bove) planteó una moción de orden de manera verbal, promoviendo un juicio político contra mi persona, el cual fue aprobado por votación nominal 13 en 31 y luego quienes apoyaron dicha moción, con excepción de los ediles Tartaglia y Facciola (del sector Ciudadanos del Partido Colorado), se retiraron de sala", indicó.
La intendenta afirmó que antes de ese llamado a sala se habían respondido todos los pedidos pendientes: "Entre el 2021 y el 2022 la Intendencia de Montevideo recibió 512 pedidos de informes. En el año 2021 fueron 234 los pedidos de informe solicitados y en el 2022 fueron 278. Hemos respondido el 100% de los pedidos de informes realizados por los ediles y edilas del legislativo departamental", detalló y agregó que "es claro que no existe ni existió una "sistemática falta de respuesta".
En ese sentido, si bien reconoció que los intendentes deben concurrir a la Junta para dar la cara por la falta de respuestas a la Junta, alegó: "Pero en este caso, la totalidad de los pedidos de informes fueron respondidos, por lo que a la fecha de la convocatoria había caído el supuesto normativo que exigía la comparecencia personal de la intendenta".
En base a los argumentos jurídicos del administrativista Fulvio Gutiérrez, la intendencia justificó que la intendenta "no tiene plazo para contestar las reiteraciones de pedidos de informes", si se responden "antes de la fecha fijada del llamado a sala fundado en el inciso segundo del artículo 285 de la Constitución, la convocatoria pasa a carecer de objeto, ya que no se verifica el supuesto normativo que exige la comparecencia personal".
Cosse acusó a los ediles convocantes de no haber tenido "ningún interés en recibir la información, y luego de promover la presente acción, se retiraron de sala", y volvió a insistir en que "no existió ninguna falta por parte de la Intendencia ni de quien suscribe, y mucho menos una "violación grave de la Constitución" como acusan los promotores de este juicio político".
"La promoción de este juicio político no tiene ningún fundamento más que atacarme e intentar socavar la gestión de esta administración", planteó la IM y añadió que "es un absurdo acusar a la Intendencia de falta de transparencia y de contralor". "Todo lo contrario, la Intendencia de Montevideo es un ejemplo de transparencia que ninguna afirmación, por más reiterada que sea, va a cambiar".
"La promoción de un juicio político por este tema es absolutamente irresponsable porque no tiene sustento jurídico. El uso de una herramienta legítima y prevista para cuidar las instituciones en este contexto irresponsable y dirigido por una intención de descrédito político y personal, es muy grave. ¿Quién está violando la Constitución entonces?", inquirió Cosse.
En la respuesta entregada concluyó que la comuna "no dejará de trabajar en lo que es verdaderamente importante: las necesidades de las montevideanas y montevideanos", aludiendo a la pobreza, a la inseguridad, la falta de trabajo y a "los miles de uruguayos" que comen en ollas populares.
