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Crean GACH jurídico en el Mides para ajustar políticas sociales
El 28 de julio de 2020, el entonces ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol, aprobó la conformación de un grupo honorario de académicos, llamado Comisión Académica Asesora Honoraria. El fin de esta comisión era estudiar, analizar e investigar la normativa nacional que es competencia del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero con la pandemia y el cambio de ministro de por medio, quedó en un segundo plano.
Con la asunción de Lema se volvió a traer a consideración el tema y el pasado 14 de julio se aprobó la nueva resolución, en la que se designó a Karina Goday, directora del área Jurídico Notarial del Ministerio como representante ante la Comisión. Con esta nueva resolución se dio paso a una nueva etapa de diálogo en la que la comisión dará consejo sobre las políticas sociales de mayor urgencia según el criterio del Mides.
La primer reunión de la Comisión con el ministro Lema se realizó el martes 13 de julio, en donde se estableció que se trabajará a través de un cronograma con objetivos y plazos previamente estipulados. Los primeros temas tratados serán los adultos mayores y los discapacitados. La duración de la comisión no está definida de momento, pero se entiende que será utilizado todo lo que sea necesario en tanto sigan habiendo mejoras posibles en las políticas sociales.
Goday dijo a El Observador que "la apuesta del ministerio es por una articulación con la academia para una excelencia en el marco normativo". Enfatizó en la importancia de vínculo y aseguró que se trata de una línea más de trabajo del Mides, como las tantas otras que ya existen. La tarea principal de la comisión es la misma que se designó en 2020: investigar sobre la normativa nacional, ver su compatibilidad con los Derechos Humanos y en consecuencia, realizar sus propuestas y sugerencias. "La idea es que la comisión ayude a que las normativas sean más fáciles y de práctica aplicación, porque así se benefician los más vulnerables", declaró. Cuanto más sencillo sea de llevar a la práctica, más alcance va a tener y mejor atenderá a las necesidades de las poblaciones vulnerables.
Gabriel Valentin, catedrático de Derecho Procesal y uno de los docentes elegidos en virtud de sus trayectorias y experiencias laborales, dijo a El Observador que se lo convocó desde el Ministerio de Desarrollo Social hace más de un año, y que luego de la resolución no se supo más sobre los avances del tema. "Ahora arranca el trabajo en sí", señaló.
Su labor estará enfocada en estudiar las posibles actualizaciones de las políticas públicas para el mayor aprovechamiento de la sociedad. Según indicó, en el Código Civil existen reglas "muy viejas, leyes sueltas y reglas con muchas declaraciones", para las que hace falta un mejor desarrollo de instrumentos concretos en pos de proteger a los más vulnerables. Afirmó: "Vamos a empezar con dos temas que son centrales para el Ministerio y luego iremos enfocándonos en el resto".
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) trabajó en conjunto con el Mides y es también parte de este movimiento, para el cual se creó una comisión, incluso con algunos de los mismos integrantes. En este caso, el fin es hacer una revisión de los textos legislativos, que están vigentes desde el 2008 y evaluar la posibilidad de modificar temas del código de niñez. Uno de los ejes centrales para el INAU es, por ejemplo, las políticas de adopción.
