"Son servicios irregulares que no ofrecen garantías si el vehículo se rompe o se accidenta", dijo Torres a El Observador, y agregó que es un problema sobre el que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está al tanto, en el entendido de que se trata de una competencia desleal que asume una forma cada vez más institucionalizada.
"Cuando lo vemos, hacemos la denuncia, pero no es muy sencillo de combatir, porque ellos adquieren una clase de permisos precarios que les permiten operar", aseguró.
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