Credibilidad en jaque

El vuelo público que ha tomado el caso del vicepresidente Raúl Sendic renueva dudas ciudadanas sobre la credibilidad del sistema político. Es un viejo recurso acusar a adversarios en la estructura política y a medios de comunicación de ensañarse con alguna figura cuestionada o aplicar la equivocada creencia partidaria de que barriendo bajo la alfombra la polvareda desaparece. El resultado es que el escepticismo popular tiende a extenderse a todo el sistema, castigando por igual tanto a dirigentes irreprochables como a los que han caído en claudicaciones.

La forma de evitar esta generalización del desprestigio es que los partidos, dentro o fuera del gobierno, reconozcan abiertamente casos de errores o irregularidades y tomen las pertinentes medidas internas cuando ello corresponda. Este curso se aplica a la situación de Sendic, el caso más reciente pero no el único registrado en filas de un partido gobernante u opositor (está fresco el caso Sanabria del Partido Colorado, aunque aquí el Partido no intentó barrer bajo la alfombra). Al margen de lo que se debate en reserva dentro de ámbitos internos, el Frente Amplio se ha encolumnado formalmente detrás del vicepresidente, con la excepción del diputado Darío Pérez, que reclamó su renuncia. El propio Sendic se ha lanzado a una contraofensiva, acusando a sus críticos opositores y a medios de comunicación de lanzar una "campaña feroz" y "sin precedentes" en la historia del país, centrada en sus años como presidente de ANCAP.

Pero su propia defensa está mal encaminada. Es encomiable que haya reconocido su error al haber utilizado indebidamente el título de licenciado. Y tiene razón al rechazar cargos de haber incurrido en delitos mientras la Justicia no se pronuncie en las denuncias presentadas por partidos opositores. Pero sus argumentos se debilitan al argüir corrección inobjetable en su gestión al frente de ANCAP, pese a la evidencia contraria en el desfinanciamiento de la empresa y sus operaciones deficitarias en ALUR, las cementeras y otras áreas. Su posición se habría fortalecido si, junto con negar irregularidades, hubiera admitido errores de gestión que son notorios pero que, obviamente, no constituyen delitos.

También el Frente Amplio se ha equivocado al tratar de soslayar esos errores, como lo ha hecho en su oposición a comisiones parlamentarias que investiguen denuncias y en el intento de apresurar la derogación del delito de abuso de funciones. Todos los partidos están de acuerdo en eliminarlo, porque la vastedad imprecisa de su texto se presta a arbitrariedades, como ha ocurrido más de una vez en el pasado reciente. Pero es claramente inoportuno hacerlo a las apuradas en el momento actual, debido a las fundadas sospechas de que se procura favorecer a conspicuos dirigentes del oficialismo que están bajo la lupa judicial, como ocurre con Sendic, el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia.

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ricardo Gil Iribarne, acaba de afirmar, en declaraciones a diferentes medios, que la imagen de todo el sistema político se debilita por la falta de un claro mensaje de transparencia sólida a la ciudadanía. Es una advertencia que todos los partidos deben tomar en cuenta, en su propio beneficio y para evitar que la credibilidad del sistema siga en jaque.