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Crímenes: el diagnóstico "reservado" que Layera entregó durante la transición de gobierno
El 5 de diciembre de 2019 el entonces director nacional de Policía, Mario Layera, dejó firmado un “resumen ejecutivo e informativo” con una "apreciación de la situación criminal del país", para dar al Ministerio del Interior por parte de Presidencia y así “facilitar la transición" con la nueva administración. Ese resumen, al que accedió El Observador, fue elaborado menos de una semana después que las urnas confirmaran el triunfo de Luis Lacalle Pou al frente de la coalición multicolor en la segunda vuelta electoral. Así lo señalaron fuentes políticas, en medio del actual debate entre Layera y actuales jerarcas en torno a la información efectivamente entregada durante ese período.
El viernes pasado el director general del ministerio, Luis Calabria, señaló al ser entrevistado en Radio Carve que la transición del gobierno frenteamplista al de la coalición "a nivel policial no fue la mejor”. “Arrancamos muy mal", sostuvo. El jerarca aseguró que Layera "no le entregó la Policía" a su sucesor, Diego Fernández, sino que "renunció antes". "Eso profesionalmente yo creo que es muy cuestionable", valoró.
Asimismo, calificó de "relato cargado de falsedad" que el oficialismo haya cambiado todo lo que había hecho la administración pasada en materia de seguridad. Según el director, lo hicieron cuando no coincidía el "criterio de política de seguridad".
La respuesta de Layera no se hizo esperar y marcó un nuevo episodio en el debate político entre oficialismo y oposición en torno a la seguridad pública. El exdirector de Policía sostuvo que el 19 de diciembre de 2019 se reunió con Jorge Larrañaga, quien asumiría a los meses como ministro del Interior y allí realizó una "presentación de aproximadamente cuatro horas" en donde incluyó, justamente, los documentos relativos a la transición. En esa reunión, remarcó, participó Calabria.
El documento fue definido como "reservado". Allí se advertía sobre un un incremento en las actividades de organizaciones internacionales para utilizar el territorio uruguayo con el fin de transitar cocaína a Europa, Asia, Oceanía y África. Las modalidades constatadas iban desde pequeñas cantidades por "correos humanos" hasta volúmenes mayores que ingresan por vía fluvial y aérea, con puntos de salida en puertos y aeropuertos principales.
El documento cita lo indicado en conferencias y seminarios internacionales, en cuanto a que las causas se debían a una mayor producción en la región y la intensificación de controles en los países vecinos, lo que determinó la percepción de que en Uruguay había una mayor vulnerabilidad. A nivel nacional, según el informe se mantenía la demanda de marihuana, cocaína y pasta base, con una "feroz competencia" por el territorio en barrios vulnerables entre los individuos y grupos que dominan el mercado.
Una de las advertencias era concluyente: si bien el objetivo de la Policía era no permitir la instalación de organizaciones internacionales e impedir el surgimiento a nivel nacional, "existen indicios de contactos regionales que pretenden alcanzar estructuras y funciones similares a los que existen en el resto de los países vecinos, siendo los centros de reclusión el vector de transmisión".
En el diagnóstico, el ministerio apuntaba al circuito de microtráfico como el elemento principal del incremento de la violencia entre criminales y hacia la ciudadanía, mediante la "ejecución de modalidades agresivas en los delitos contra la propiedad y en el entorno intrafamiliar". La observación estuvo fundamentalmente en el hecho de un aumento del 50% de los homicidios con origen en el conflicto criminal en los últimos años, seguido por los heridos con arma de fuego que se niegan a denunciar y los enfrentamientos en los centros de reclusión con su cuota de muertos y heridos.
También se señalaba que un alto porcentaje del incremento en el registro de las rapiñas a transeúntes, vehículos y comercios de barrio era consecuencia de "la conducta de adictos a la paste base. Allí se incluían también los hurtos mediante arrebato, todo lo cual representaba el 70% de los delitos contra la propiedad mediante violencia física o psicológica.
La violencia de género constituía el segundo delito de prevalencia en 2019 según las autoridades de entonces. Solo era superado por el hurto. A juicio del ministerio eso originaba una demanda de recursos humanos y técnicos que afectaban los programas de prevención y represión, obligando además a aumentar la capacitación y crear unidades especializadas en todas las jefaturas y elevándolas en jerarquía.
El documento detallaba por su parte las "estrategias" en desarrollo al momento de la transición, que a juicio de las autoridades salientes debería ser "mantenidas y fortalecidas" a través de un nuevo sustento presupuestal.
Allí se reconocía la calidad del registro del Sistema de Gestión de la Seguridad Pública, con las pasantías de becarios destinados a las comisarías que permitían destinar policías ejecutivos a su función específica. También los resultados del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO). Se recomendaba incrementar los recursos humanos y logísticos de la Guardia Republicana y así fortalecer un mayor despliegue nacional y, "si así fuera definido", brindar seguridad al Instituto Nacional de Rehablitación.
Las sugerencias pasaban también por insistir con la Operación Aruera de control de motos, y así disminuir su incidencia como medio utilizado por los criminales en su accionar. También con la Operación Gavilán, de control de personas y vehículos en rutas nacionales.
Otro informe reservado iba destinado específicamente al designado sucesor de Layera, Diego Fernández. Allí se le detallaba una "guía" con 36 documentos que las autoridades salientes elevaron ante la nueva gestión.
Entre otros asuntos, se incluía la situación de los recursos humanos del ministerio al 20 de enero de 2020, datos sobre policías abatidos, amenazados y lesionados, junto con una relación de funcionarios condenados, formalizados y procesados.
Otro de los informes elevados fue sobre el número de personas con custodia por violencia de género y los resultados de los principales delitos durante el último gobierno del Frente Amplio.
