Crisis de los supermercados argentinos, una revisión obligada sobre causas de la inflación

Es uno de los temas de los que los argentinos hablan con insistencia en estos días. La red de supermercados Carrefour, que durante décadas simbolizó el poderío de estas grandes cadenas para establecer patrones de consumo y que muchas veces ha sido acusada de exacerbar la inflación, entró en crisis.

Con 20 mil trabajadores es uno de los mayores empleadores privados del país, y luego de tres años consecutivos de pérdidas, está en riesgo de despedir a 3.000 personas.

La empresa ingresó en un procedimiento preventivo de crisis, un mecanismo legal por el cual reduce el personal y hace una reestructuración, con un permiso para ahorrarse un 50 por ciento de las indemnizaciones. En las negociaciones, de las cuales forman parte el gobierno y el sindicato de comercio, intenta además obtener un alivio impositivo.

Las otras grandes cadenas, como la filial de la estadounidense Walmart, hace tres años que están operando a pérdida, de modo que el fantasma de una reducción masiva de empleos se está corporizando en el mercado.

En esta crisis se combinan factores globales con otros de índole doméstico. Por un lado, en todo el mundo está en decadencia el modelo del gran hipermercado, ya que el público mutó a un regreso a los pequeños supermercados de barrio.

Pero lo que hace que esta reconversión sea más aguda en la Argentina es el estancamiento del consumo masivo, que a pesar de los buenos indicadores en otros renglones de la economía, no puede superar su estancamiento.

Lo curioso de la situación es que estas mismas cadenas, a las que ningún gobierno ha resistido la tentación de culpar por la inflación, hace 20 años eran duramente criticadas por el motivo absolutamente opuesto. Es decir, por crear deflación.

El argumento era que, en su afán por competir por precios bajos, las cadenas ejercían una presión asfixiante sobre los proveedores, a quienes hacían trabajar casi al borde de la pérdida, bajo amenaza de dejarlos fuera de las góndolas.

De hecho, uno de los episodios más ilustrativos sobre el poderío de los grandes retailers fue cuando Carrefour, en medio de una disputa con Coca-Cola, se dio el lujo de prescindir de la reina de las gaseosas durante meses. El mensaje era claro respecto de quién tenía la mayor fortaleza en la relación entre proveedores de productos y distribuidores.

Tanto fue así que las pymes hacían circular manuales con recomendaciones para negociar con los supermercados en los cuales se sugerían cosas tales como no regalar mercadería. Parecía obvio y hasta insólito dar semejante consejo, pero sin embargo tenían que ver con la realidad: cuando un producto era debutante, era práctica corriente pagar un "derecho de góndola" en forma de suministros gratis durante algunos meses, hasta ver cómo respondía el público.

De esa época es la legislación que limitó en la provincia de Buenos Aires la apertura de grandes cadenas de hipermercados, con el argumento de que podían significar una competencia imposible de soportar para los tradicionales almacenes de barrio.

El tema de la maldad inherente a los supermercados por su obsesión con bajar los precios no era exclusivo de la Argentina, claro. Por el contrario, pasó a ocupar un lugar en la cultura popular a nivel global, con películas como "El alto costo de los precios bajos", sobre las prácticas comerciales y de recursos humanos en Wal-Mart de Estados Unidos.

Con todos esos antecedentes, resultó paradójico que en la década siguiente el presidente Néstor Kirchner haya elegido como principal blanco de sus críticas y "chivo expiatorio" de la inflación a esos mismos supermercadistas que poco tiempo antes eran criticados por su tendencia a bajar precios a toda costa.

La tentación de hacerlos responsables por los aumentos no se limita a los gobiernos de vocación intervencionista como el de Cristina Fernández de Kirchner, que intentó por muchas vías controlar los precios.

También el macrismo, al inicio de su gestión, vio en los supermercados la vía para justificar el salto inflacionario que había dicho no iba a ocurrir.

En sus primeras semanas de gestión, Mauricio Macri hablaba de "avivadas" por parte de empresarios especuladores a los que había que "caerles duro" para disciplinarlos porque eran culpables de las subas de precios. Mientras que su ministro de agricultura llamaba a hacer un boicot al consumo de carne porque el asado estaba caro.

Fue una situación que causó sorpresa, dado que los antecedentes liberales de los funcionarios hacían prever una visión más monetarista de la inflación, y no la búsqueda de culpables con un tono parecido al del kirchnerismo.

En ese momento, los dueños de las góndolas se defendían con los mismos argumentos de siempre: "Los supermercados no son formadores de precios ni responsables de la inflación, por lo que comparar precios no va a resolver el problema de la suba en el costo de los alimentos", advirtió Fernando Aguirre, vocero de la Federación de Supermercados.

Pero, aunque el gobierno haya cambiado de tono, nunca se despejó esa desconfianza hacia los supermercadistas. Más cerca en el tiempo, a mediados de 2017, la diputada Elisa Carrió lanzó una campaña de boicot.

"No compren en supermercados, salvo que haya descuentos, porque están poniendo precios que son terriblemente superiores a lo que realmente valen las cosas", advertía Lilita. Y, con su característico estilo beligerante afirmaba: "Yo no compro más, nos estafan a los argentinos, el abuso en los alimentos es enorme".

En el ojo de la tormenta, los supermercados entraron en una sorpresiva guerra con los grandes proveedores, con quienes se culpaban mutuamente de no hacer esfuerzos por contener las subas de precios.

Justo antes de las últimas elecciones legislativas, y con un clima tenso porque quedaba en evidencia que no se cumpliría la meta oficial de inflación, los supermercados denunciaron que estaban recibiendo listas con aumentos superiores al 5% por parte de sus proveedores, en particular en artículos alimenticios.

La respuesta no se hizo esperar. Las grandes empresas alimenticias no sólo negaron estar promoviendo aumentos sino que enviaron sus propios inspectores a los hipermercados, por sospechar que los precios al público estaban "inflados" bien por encima de sus requerimientos.

Lo cierto es que esas peleas trajeron para el consumidor final un resultado mejor que el de cualquier control estatal. Como ninguna de las partes quería ser acusada como responsable de los aumentos, se incrementaron los controles internos y el esfuerzo por disminuir los márgenes.

En ese contexto, el gobierno no disimuló su beneplácito. Después de todo, la competencia entre las cadenas y las peleas con los proveedores se mostraban más eficientes que los añejos controles estatales para domar la inflación.

La paradoja de la crisis de Carrefour es que, luego de haber argumentado en su contra, el gobierno se ve ahora en la situación de ofrecer alguna solución para evitar que la crisis se agudice y el propio Macri pone en duda la legalidad de las estrategias comerciales de los competidores chinos.

Como suele decirse, en toda crisis hay también una oportunidad. La lección de la crisis de Carrefour acaso sea la de que el marco competitivo es más fuerte que los controles y regulaciones, al punto que los jugadores a los que todo el mundo tenía por omnipotentes terminan sufriendo ante la furia de los consumidores.