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Cuál fue el caso de corrupción que llevó a la caída de Mariano Rajoy
La Audiencia Nacional –tribunal de justicia español– consideró probado que entre los años 1999 y 2005 –la llamada "primera época" del caso Gürtel– en Madrid y en Valencia se tejió un entramado de corrupción entre las empresas de Francisco Correa y dirigentes del Partido Popular.
"Un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública" por el cual Correa aprovechó la estrecha relación con los dirigentes del partido oficialista para obtener contratos públicos para sus empresas a precios inflados.
Una porción del sobreprecio obtenido por el cabecilla era luego destinado a los responsables públicos encargados de la adjudicación.
Una parte de estos fondos quitados al estado por los sobreprecios fueron destinados a pagar gastos electorales del Partido Popular y otra porción entró como donaciones a las arcas del partido a través de la "Caja B", una estructura financiera paralela a la oficial que existe por lo menos desde el 1989, según comprobó el tribunal.
El partido fue condenado a pagar € 245.492 como "partícipe a título lucrativo" de la trama corrupta.
En la ley española, la palabra "lucrativo" aplica para quien se beneficia de un delito cometido por otra persona sin conocer el delito, ni que el beneficio obtenido procede del ilícito, según explica el periódico español El País.
El responsable por un delito lucrativo es responsable civil y no penal, por lo que la pena debe ser devolver lo que recibió. Es decir, el PP no fue multado, sino que debe devolver el capital recibido procedente de una actividad ilegal de la cual no estaba al tanto.
El dinero recibido por el partido se utilizó para las campañas municipales de 2003 en las localidades madrileñas de Poluezo de Alarcón y Majadahonda.
Además del partido, fueron condenados 29 personas por esta primera etapa del entramado de corrupción.
Correa fue quien recibió la pena más alta, 51 años de prisión como cerebro de la red. Pablo Crespo, lugarteniente y mano derecha de Correa, recibió 37 años y medio.
Luis Bárcenas, extesorero del PP, recibió 33 años de prisión, € 44 millones de multa y aún está siendo investigado por ser el principal administrador de la caja b del partido. Su esposa, Rosalía Iglesias recibió pena de 15 años de reclusión.
Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda durante el período investigado, recibió 38 años de prisión y Jesús Sepulveda, exalcalde en Poluezo de Alarcón, recibió 14 años.
El presidente español fue citado a declarar el 26 de julio como testigo de la trama y manifestó que "jamás" recibió donativos de empresarios y repitió que nunca se ocupó de la parte económica del partido, sino de la política. La Justicia consideró "poco creíble" su testimonio.
Durante el período investigado, Rajoy ocupó varios puestos de poder: vicepresidente de José María Aznar, ministro de cuatro carteras y presidente del PP, cargo que aún mantiene.
Rajoy censurado
El Parlamento español recibió el apoyo de una mayoría de diputados de la cámara baja, 180 de 350, para aprobar la moción de censura en contra del presidente Rajoy, promovida por la oposición socialista y con altas posibilidades de aprobarse.
El recurso fue presentado por el líder socialista Pedro Sánchez, quien sucederá a Rajoy en el poder.
La administración de el dirigente del PP será recordada por sobrevivir a la peor crisis política en cuatro décadas, el desafío separatista catalán, y la peor crisis económica también en décadas.
Pedro Sánchez asume con ganas de quedarse
El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, será el nuevo residente de La Moncloa tras la censura a Rajoy. "Queda aprobada la moción de censura", por lo que Sánchez "se considera investido de la confianza de la cámara", dijo la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.
En su exposición del pasado jueves, Sánchez explicó que, de asumir, no llamaría inmediatamente a elecciones anticipadas sino que primero se encargaría de "recuperar la normalidad" política e institucional y de atender "urgencias" sociales como la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Se prevé una administración difícil dado que su partido solo tiene 84 escaños de 350 en la Cámara de Diputados.
