Cuentas públicas: hora de ajuste y tijera

Que había que ajustar las tarifas públicas no estaba bajo discusión técnica. También varios economistas habían anunciado que la suba de impuestos era una posibilidad que no podía descartarse de plano, dada la magnitud del esfuerzo (entre 1% y 2% del PIB)  que debe hacerse para no poner en riesgo el tan apreciado grado inversor en momentos de turbulencia en los mercados financieros, ahora exacerbado por la pandemia del coronavirus.

“Es más fácil distribuir la carga en la población en pequeñas dosis, como pequeños aumentos del IVA, por ejemplo. Eso es más viable políticamente y lo que termina ocurriendo generalmente”, había dicho en una entrevista con El Observador en mayo del año pasado el director académico de Ceres Guillermo Tolosa, cuando se lo consultó si solo apelando a la tijera del gasto alcanzaba para corregir el peligroso rumbo de las cuentas públicas.

La reducción en la exoneración de IVA en los pagos con débito y crédito terminará por elevar la presión media de este tributo sobre la población, que hoy es la principal fuente de ingresos para la caja del Estado.

Para el gerente senior de CPA Ferrere, Alfonso Capurro, el ajuste de las tarifas públicas estuvo “dentro de lo esperado” y lo anunciado, al tiempo que consideró como natural que se opte por apelar al IVA para contribuir con esos US$ 900 millones de ahorro que las nuevas autoridades del equipo económico anunciaron para este 2020. “No importa si esos US$ 45 millones pueden parecer un número bajo. El concepto es que hay que rascar de donde sea posible. Está claro que con una sola medida no vas a sacar los US$ 900 millones que se pretenden”, indicó a El Observador.

La ley de Inclusión Financiera contempla el descuento de dos puntos de IVA para la compra con tarjeta de débito, y los otros dos adicionales son una facultad del Poder Ejecutivo que se puede cambiar por decreto. En 2014 durante el primer año de implementación de la ley el beneficio era de cuatro puntos, luego pasó a tres puntos y después a dos puntos. En enero de 2017 durante la administración de Tabaré Vázquez  se volvió al descuento de cuatro puntos todavía vigente. Eso había coincidido con el aumento de tasas en las franjas superiores del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF), una de las primeras medidas del ajuste fiscal que debió tomar Danilo Astori al arranque de su segundo mandato como ministro de Economía.

El nuevo hábito de pago parece consolidado más allá del fuerte impulso que han dado los incentivos fiscales. El incremento en los montos y en la cantidad de transacciones con tarjeta de débito se siguió dando de forma ininterrumpida aun cuando  la rebaja de IVA se redujo en agosto de 2015 y de 2016. De hecho, varios economistas como el socio de Exante  Pablo Rosselli había considerado que ese incentivo tributario para el uso de tarjeta ya no tenía demasiado sentido dada la delicada situación fiscal que atraviesa el país.

La inflación y el déficit

“Que no haya aumentos de combustibles y que el resto de las alzas tarifarias sea desde abril atenúa el IPC de marzo impactado por el alza del dólar”, posteó en su cuenta de Twitter el economista Aldo Lema.

Por su lado, Capurro añadió que con la sobrerreacción que tuvo el tipo de cambio en las últimas semanas el escenario de llegar a una inflación de dos dígitos para los meses de mayo y junio son mayores.  Consideró además que la coyuntura fiscal para el nuevo gobierno luce ahora más desafiante que meses anteriores producto de las consecuencias (aún impredecibles) del coronavirus.

En ese sentido, indicó que la sobrerreacción que tuvo el dólar tendrá sus efectos en el consumo privado y por ende en la recaudación de impuestos importantes como el IVA y el Imesi. “El desafío fiscal (para bajar el déficit) ahora claramente luce más complejo a corto plazo”, afirmó Capurro.