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Seis plantas, un kilo y medio de flores y ocho días en prisión

Tenía permiso del Ircca pero lo procesaron con prisión; ahora, espera el fallo de la apelación
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09 de septiembre de 2017 a las 05:00
Ya desde dentro de la cárcel, Damián corría. Corría porque sabía que pronto iba a estar libre. Corrió también cuando lo soltaron. Tanto, que cuando el esposo de su madre lo fue a buscar, él ya había llegado a la casa. Y eso que solo había estado una semana preso.
 
Fue uno de los días más felices de su vida, aunque con voz calma y semblante tranquilo reconoce que sus compañeros de celda se portaron bien: le dieron una cama, le prestaron celular y no lo maltrataron. Hoy lo cuenta y su madre lo mira preocupada por la benevolencia con la que habla de la cárcel. Aquella semana, a comienzos de mayo de este año, Carla Leal no tuvo un solo minuto de tranquilidad.
 
La prensa había hecho resonar la historia de este joven de 19 años que, a pesar de estar registrado como autocultivador ante el Ircca, había marchado preso por tener 1,7 kilos de marihuana. Carla había percibido el movimiento que se generó tras la cobertura mediática y decidió hacer más ruido: una marcha para exigir su libertad. Y lo logró.
 
Hoy se pregunta por qué todo un país tuvo que estar al tanto de la cantidad de cannabis que había en su casa, y se molesta por el recelo con que algunos, quizá los más conservadores, la miran con ojos de: "Ahí va la mujer que dejaba a su hijo plantar marihuana".
 

La mañana del allanamiento

Carla dice que los golpes de los policías le rompieron la puerta y que mientras los atendía, ellos ya se habían intentado meter en la casa por otro lado. Dice que no tenían una orden de allanamiento, sino una inspección ocular y dice también que aunque no tenía por qué, les dio a los policías el papel que certificaba el registro de Damián ante el Ircca.
 
Sin embargo, en el expediente sí figura una orden de allanamiento y no se dice nada del segundo ingreso de los oficiales. También se menciona el hecho de que Damián no acreditó que era cultivador registrado cuando tuvo la oportunidad, a pesar de que la norma es clara: no hay que demostrarlo ante la Policía.
La jueza empieza el auto de procesamiento con el motivo del allanamiento: la Policía tenía el dato de que en la casa de Damián había "sustancias estupefacientes prohibidas". Lo que se encontró era "presumiblemente" marihuana. Se pesó todo; la planta con los troncos y las flores.
 
Damián y su madre discuten sobre si la planta medía tres, cuatro o cinco metros de alto. Se veía desde las casas vecinas y por eso calculan que la denuncia no vino de muy lejos. Damián tenía cogollos adentro de bollones de vidrio, en un cajón de madera y hasta en un termo. Tenía tanto que hasta su madre se sorprendió. La cosecha se le había ido de las manos y ese día supo, apenas vio entrar a la Policía y a pesar de haberse acreditado con la burocracia correspondiente, que estaba en problemas. Tenía seis plantas y 1,70 kilos de flores cuando el límite legal por año son 480 gramos, y lo procesaron con prisión por "tenencia no para consumo", a pesar de que no había pruebas de que estuviera vendiendo.
 

Peso en agua

La madre le pidió al ingeniero agrónomo y director del Museo del Cannabis, Eduardo Blasina, que elaborara un informe para presentar a la Justicia. En el documento estableció que el peso del cannabis puede reducirse hasta 70% entre la cosecha y el momento en que está apto para su consumo. "Era un caso emblemático de una madre diciéndole a su hijo 'bueno, si vos querés fumar, plantá en nuestra casa, quiero seguir el proceso'. Creo que marcó un antes y un después", dice hoy Blasina.
 
La orden de la jueza fue incautar la planta para analizarla y luego destruirla. Pero más allá de si las cantidades excedían el límite o no, lo que indigna al abogado de Damián, Patricio de la Cámara, es que se lo mandara a prisión. Su enojo se basa en que confesó, era menor relativo (entre 18 y 21 años), no tenía antecedentes y estaba cursando tercero de liceo. Nada sirvió como atenuante.
 
El especialista en políticas de drogas e integrante de la organización defensora de Derechos Humanos Ielsur, Martín Fernández, sostiene que planificar mal una cosecha no es motivo para encerrar a un autocultivador y aclara que en todo caso amerita una sanción por parte del Ircca. Lo que hay que probar es que la persona estuviera cometiendo algún delito, asegura.
 
La forma en que actuó la Policía desoye el protocolo del Ministerio del Interior (ver Claves), y demostró el desconcierto del sistema judicial frente a la ley.
 
Y tan es así que el caso sentó un precedente para la Fiscalía. A partir de este procesamiento, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, redactó una instrucción que da lineamiento a los fiscales de cómo actuar frente a estos casos. El documento empezará a regir con el nuevo Código del Proceso Penal, que según se acordó quedará vigente 1° de noviembre. Según dijeron a El Observador fuentes de la Fiscalía, de haber estado operativo difícilmente hubiera sido viable un pedido de procesamiento como este.
 
Damián sigue procesado, aunque está libre. Su caso está a estudio de un tribunal de apelaciones penal que deberá decidir si confirma o revoca el enjuiciamiento.
 
La experiencia lo convirtió en un defensor de los derechos de los cultivadores y si tiene que marchar como lo hizo su madre, lo va a hacer. Así de convencido está de que en cuanto pueda va a retomar la cosecha. Enseguida, su madre acota: "Pero esta vez solo con tres plantas".

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