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Damnificados por Sara Goldring piden que el Banco Central haga denuncia penal y cuestionan obstáculos a la información

Abogado de demandantes dice que el BCU “está obstaculizando” el “derecho” de los inversores “a saber qué pasó con su dinero” 

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03 de agosto de 2022 a las 05:03

Mientras la Bolsa de Montevideo continúa su intervención de la corredora de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), varios damnificados por la operativa de la compañía dirigida por Sara Goldring reclaman al Banco Central (BCU) mayor "transparencia" e incluso solicitan que el organismo analice presentar por su propia cuenta una denuncia penal.

En un escrito dirigido al BCU, clientes de CVM representados por el estudio de abogados Ramírez y Asociados pidieron que se les brinde "en forma inmediata" el acceso "permanente e irrestricto" a "todas las actuaciones administrativas" relativas a CVM y que "se exija" tanto a la corredora de bolsa como al interventor "la presentación de un informe detallado y documentado de cada una de las colocaciones realizadas por cuenta y orden de los clientes" durante el período en el que la empresa de Goldring ocultó el verdadero estado de sus cuentas y sus valores. 

Pero al mismo tiempo, desde el estudio de abogados plantean que el Banco Central "analice la procedencia de promover la denuncia penal correspondiente". Eso bajo el entendido de que cuenta con mayor información para dirimir si hubo posibles delitos de estafa o apropiación indebida, y en razón de la obligación de los funcionarios públicos de denunciar presuntos delitos de los que se tome conocimiento en el marco de sus tareas.

La transparencia y la denuncia

El abogado Gonzalo Ramírez, que representa con su estudio a una veintena de clientes damnificados, explicó a El Observador que por un lado se exige la "debida transparencia" al Banco Central.

Ramírez señaló que si bien entiende que el trabajo tanto del interventor como del organismo de contralor “es difícil”, hoy en día los damnificados no conocen el estado de sus cuentas –incluso quienes todavía tienen operaciones abiertas–, a diferencia de la compañía denunciada que si cuenta con toda la información. “A la hora de preparar una defensa o un asesoramiento, hay una parte que tiene todos los insumos, y otra que no”, cuestionó.

En ese sentido, señaló que al no "transparentar" toda la información a los daminficados, el banco "está obstaculizando el derecho" de los inversores a "saber qué pasó con su dinero".

En el petitorio presentado ante al BCU, los clientes patrocinados por el estudio Ramírez y Asociados señalan que celebran la intervención de CVM pero aducen que “ahora llegó el momento de la transparencia”. “Tanto la Bolsa de Valores (interventor designado) como el propio BCU deben garantizarle a los inversores la mayor información y transparencia sobre todo lo sucedido para que estos puedan adoptar las decisiones y acciones que juzguen convenientes (eventuales negociaciones de acuerdos o promoción de las acciones judiciales y/o administrativas que correspondan)”, afirma el texto.

Por otra parte, respecto al pedido de que el BCU realice la denuncia penal, Ramírez dijo que ante la sospecha de un posible delito, los funcionarios públicos están obligados a denunciar.

“En la resolución por la que se decretó la intervención, el BCU señala que hubo ocultamiento de información durante un periodo prolongado. Planteamos que es de orden que el propio banco analice la pertinencia de realizar la denuncia”, afirmó.

La resolución del BCU señaló que CVM “no actuó con el debido profesionalismo, cuidado y diligencia en oportunidad de realizar sus actividades de intermediación de valores, ocultándole a sus clientes información muy relevante y brindándole información errónea sobre sus posiciones en los estados de cuenta”.

Según el escrito presentado por los damnificados, "la omisión culpable o negligente por parte del corredor de bolsa de mantener informado al cliente sobre sus posiciones, es un incumplimiento grave del contrato". 

"Pero si la omisión al deber de informar es intencional, ya sea para ocultar los malos resultados de las inversiones, o para impedir que el cliente modifique las instrucciones impartidas en el pasado o que revoque en mandato, la conducta se vuelve dolosa", añade el texto.

"Según surge de la Resolución del BCU, todo indica que dicha conducta –no informar en forma correcta las posiciones de los clientes– no fue el resultado de un error de cálculo, sino la consecuencia de la decisión deliberada de ocultar a los inversores las pérdidas que se venían verificando, mediante la confección de estados de cuenta con información no veraz (falsa), a la que los clientes accedíamos", sostienen. 

El escrito señala que se trató de "una conducta reiterada, sostenida en el tiempo y dirigida al engaño de los clientes" y que "como consecuencia de dicho engaño", se "impidió a todos los clientes que adoptaran las decisiones que consideraran convenientes para proteger o rescatar su inversión", ya sea "revocar el mandato, modificar las instrucciones, retirar el dinero en efectivo, ordenar que se realizara la liquidación de los valores y exigir una rendición de cuentas documentada y detallada". "Como contrapartida, y en base al engaño, CVM conservó su negocio, su clientela y probablemente haya seguido cobrando honorarios durante ese período. Los autores del engaño con larga experiencia en el manejo bursátil eran plenamente conscientes que cada día que pasaba (impidiéndonos revocar el mandato, modificar las instrucciones o exigir la liquidación de los valores) se multiplicaba el alea de ganancia o pérdida. Si el mercado se recuperaba, la Sra. Goldring conservaba su negocio y los inversores probablemente no se enterarían del perjuicio. Si pasaba lo contrario, que fue lo que efectivamente sucedió, se maximizaban las pérdidas. Fuera cual fuera el tipo de instrucción que hubiera dado cada cliente, CVM estaba obligada a informar periódicamente de manera veraz y clara y en ningún caso podía manipular la información para engañar a los clientes y obtener un provecho económico e injusto, acrecentando el daño de los inversores", agregan.

Pero más allá de describir esa situación, el escrito plantea que es el Banco Central quien cuenta con mayor información como para dilucidar si existen elementos suficientes para presumir posibles delitos como estafa o incluso apropiación indebida. Por esa razón, entienden que es el banco el que debe analizar en esta instancia la presentación de una denuncia penal.

“En la medida que –a diferencia del BCU– no contamos con toda la información disponible para calificar la conducta de quienes tomaron esa decisión en CVM –de informar en forma incorrecta las posiciones de los clientes– no afirmamos categóricamente que se haya verificado el delito de estafa previsto en el artículo 347 del Código Penal”, señala el escrito presentado ante el banco.

“Tampoco podemos afirmar que los administradores de CVM hayan desviado fondos de algunos clientes en provecho de la empresa, lo que podría configurar el delito de apropiación indebida contemplado en el artículo 351 del Código Penal. Sin embargo, en la medida que las conductas descritas por el BCU en la Resolución del pasado 5 de julio de 2022 podrían configurar algún delito por parte de los administradores y/o demás soportes físicos de CVM, debe tenerse especialmente en cuenta que conforme al artículo 177 del Código Penal, los funcionarios públicos (entre ellos los del BCU), tienen el deber jurídico de denunciar los delitos de los que hubieran tomado conocimiento por razón de sus funciones y que se cometieran en su repartición o cuyos efectos 'la repartición experimentara particularmente'”, afirma el texto.

​“Es innegable a la luz de la referida resolución y de la decisión adoptada de intervenir a CVM que de haberse verificado la conducta típica prevista en los arts. del Código Penal mencionados o en algún otro, correspondería al BCU formular la denuncia penal respectiva ya que además de ser el órgano supervisor de la actividad de CVM, fue quien llevó a cabo una inspección, instruyó el asunto, dispuso la intervención de la misma y cuenta con todos los elementos de hecho para solicitarle a la Asesoría jurídica del Banco que informe si existen elementos de convicción suficientes que obliguen a los funcionarios del BCU a formular la denuncia penal correspondiente”, se añade.  

“​Lo más eficaz que puede hacer el BCU para, en cumplimiento de sus competencias, proteger a los inversores es analizar de manera urgente lo pedido en el presente escrito y realizar la denuncia penal correspondiente si se verificaran los presupuestos de hecho y de derecho para ello”, concluye el texto.

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