Economía y Empresas > INFLACIÓN
Darán más poder a Comisión de Competencia para evitar abusos
Legislación vigente dificulta el acceso a las pruebas para verificar prácticas anticompetitivas
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09 de marzo de 2016 a las 05:00
El asunto es cómo impulsar y hacer operar más la competencia. Está claro que la cultura de la competencia en Uruguay es bastante débil. Por eso hay que fortalecerla", dijo el actual presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, en un breve diálogo con El Observador en noviembre de 2013 cuando la persistencia de las presiones inflacionarias –al igual que hoy– ocupaba la agenda del debate macroeconómico.
Poco más de dos años después el tema vuelve a estar sobre la mesa, luego de que la inflación superara el umbral psicológico de los dos dígitos en la medición interanual a febrero (10,23%). El ministro de Economía Danilo Astori se mostró "sorprendido" por los remarques de precios de algunos rubros de la canasta de alimentos y bebidas. Por eso ayer mantuvo una reunión con direcciones de su cartera para descartar prácticas abusivas y de colusión en la fijación de precios.
Pero una de las limitantes que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado que depende de Economía, encuentra para operar en la práctica es la ausencia de un marco legal de mayor amplitud y profundidad para recabar pruebas que permitan comprobar las prácticas anticompetitivas.
Por ese motivo, el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley que permita contar con más herramientas para ejercer sus controles y también para que opere como un elemento "disuasivo" de futuras prácticas anticompetitivas, informó a El Observador el comisionado de dicho organismo Javier Gomensoro.
"Nuestra normativa está siendo sujeto de una revisión", indicó. La comisión está trabajando con un programa de las Naciones Unidas –que ya realizó un informe en Uruguay y ahora lo está examinando con otras agencias de competencia del mundo– para realizar "recomendaciones y sugerencias para mejorar el régimen vigente", apuntó el funcionario. Asimismo, reveló que desde la comisión habrá "iniciativa" para aplicar alguna reforma planteada de más rápido alcance que no requiere de una ley.
"A veces nos encontramos con algún obstáculo o barrera referido al tema probatorio. Puedo advertir que hay cinco empresas que cobran casi todas lo mismo, pero acreditar que se pusieron de acuerdo y probar una conducta colusoria es más difícil. Hoy el umbral que tengo son grabaciones, mails o documentos firmados", comentó Gomesoro. Según el comisionado, sólo con "indicios muy fuertes", no alcanza para reunir las pruebas suficientes.
El comisionado de Promoción y Defensa de la Competencia reconoce que la adecuación del marco legal es un proceso "complejo" donde hay que "hilar muy fino" para no vulnerar los derechos de normas y derechos constitucionales. En Uruguay, la figura del "arrepentido"–aquella empresa que forma parte de un cartel que opta por denunciar a cambio de evitarse una sanción–, es complicada de aplicar. En otros países, también existen las "escuchas telefónicas" como herramientas para obtener pruebas. "Es difícil que alguien deje por escrito un acuerdo colusorio", apuntó Gomensoro.
Un caso sonado donde la Comisión de la Competencia actuó hace un tiempo fue en la supuesta coordinación de los criadores de pollos para regular la producción, y así evitar una caída en los precios de venta. Si bien existía algún elemento que permitía avanzar en esa denuncia, la dificultad para obtener pruebas dejó el tema en la nada. "Con el diseño de otro marco jurídico, quizás en esa denuncia hubiéramos llegado a otro resultado", estimó Gomensoro.
Otras de las limitantes que enfrenta Uruguay es la elevada concentración de mercado. En el caso de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) se encarga de autorizar y avalar cualquier operación de compraventa que puede amenazar el funcionamiento de un mercado. Por ejemplo, exigiendo la venta de determinadas segmentos de negocio o procesos de desinversión. "En Uruguay no aspiramos a tener un papel idéntico (al Cade), pero sí a tener un rol más protagónico en sectores que tienen un elevado peso de mercado", dijo el comisionado. Actualmente, la comisión solo puede operar en los casos de monopolios absolutos. "Hay que mirar los principios generales y mirar la salvaguardia de un sistema democrático. Por el solo hecho de tener un precio de venta no se podría sancionar; hay que regular muy bien el marco. No una regulación absoluta desde el Estado", precisó Gomensoro.
"El ministro entiende que como parte de las políticas a seguir adelante, sumado al control monetario y fiscal, era muy importante actuar y ver si no había alguna colusión o abuso de posición dominante", explicó el comisionado.
En el encuentro se definió que el Área de Defensa del Consumidor y la Comisión de Defensa de la Competencia realicen un estudio para determinar los artículos de la canasta donde puede haber indicios de prácticas anticompetitivas. "Estamos pensando en sectores de concentración elevada", reveló Gomensoro.
Por otro lado, se acordó que el pedido de la planilla de precios que el Área de Defensa del Consumidor les pide a los supermercados abandonen su frecuencia quincenal como hasta ahora y pasen a ser diaria. Esto intenta evitar que las grandes superficies procedan al remarque de precios inmediatamente después de que envían sus listados al Ministerio de Economía. "Entendemos que eso mejora el control diario que puede hacer el consumidor, pero también porque refuerza la competencia entre las empresas", indicó Gomensoro.
Entrevistado por En Perspectiva de radio Oreintal, Astori profundizó ayer sobre sus sospechas de abuso o posición dominante en la fijación de precios de algunos rubros de la canasta. "Cuando uno ve frutas o verduras en los estantes de supermercados o algunos productos de limpieza e higiene, por lo menos siente la necesidad de que haya un análisis más detenido de la situación". agregó. l
Poco más de dos años después el tema vuelve a estar sobre la mesa, luego de que la inflación superara el umbral psicológico de los dos dígitos en la medición interanual a febrero (10,23%). El ministro de Economía Danilo Astori se mostró "sorprendido" por los remarques de precios de algunos rubros de la canasta de alimentos y bebidas. Por eso ayer mantuvo una reunión con direcciones de su cartera para descartar prácticas abusivas y de colusión en la fijación de precios.
Pero una de las limitantes que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado que depende de Economía, encuentra para operar en la práctica es la ausencia de un marco legal de mayor amplitud y profundidad para recabar pruebas que permitan comprobar las prácticas anticompetitivas.
Por ese motivo, el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley que permita contar con más herramientas para ejercer sus controles y también para que opere como un elemento "disuasivo" de futuras prácticas anticompetitivas, informó a El Observador el comisionado de dicho organismo Javier Gomensoro.
"Nuestra normativa está siendo sujeto de una revisión", indicó. La comisión está trabajando con un programa de las Naciones Unidas –que ya realizó un informe en Uruguay y ahora lo está examinando con otras agencias de competencia del mundo– para realizar "recomendaciones y sugerencias para mejorar el régimen vigente", apuntó el funcionario. Asimismo, reveló que desde la comisión habrá "iniciativa" para aplicar alguna reforma planteada de más rápido alcance que no requiere de una ley.
"A veces nos encontramos con algún obstáculo o barrera referido al tema probatorio. Puedo advertir que hay cinco empresas que cobran casi todas lo mismo, pero acreditar que se pusieron de acuerdo y probar una conducta colusoria es más difícil. Hoy el umbral que tengo son grabaciones, mails o documentos firmados", comentó Gomesoro. Según el comisionado, sólo con "indicios muy fuertes", no alcanza para reunir las pruebas suficientes.
Hilar fino
El comisionado de Promoción y Defensa de la Competencia reconoce que la adecuación del marco legal es un proceso "complejo" donde hay que "hilar muy fino" para no vulnerar los derechos de normas y derechos constitucionales. En Uruguay, la figura del "arrepentido"–aquella empresa que forma parte de un cartel que opta por denunciar a cambio de evitarse una sanción–, es complicada de aplicar. En otros países, también existen las "escuchas telefónicas" como herramientas para obtener pruebas. "Es difícil que alguien deje por escrito un acuerdo colusorio", apuntó Gomensoro.
Un caso sonado donde la Comisión de la Competencia actuó hace un tiempo fue en la supuesta coordinación de los criadores de pollos para regular la producción, y así evitar una caída en los precios de venta. Si bien existía algún elemento que permitía avanzar en esa denuncia, la dificultad para obtener pruebas dejó el tema en la nada. "Con el diseño de otro marco jurídico, quizás en esa denuncia hubiéramos llegado a otro resultado", estimó Gomensoro.
Otras de las limitantes que enfrenta Uruguay es la elevada concentración de mercado. En el caso de Brasil, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) se encarga de autorizar y avalar cualquier operación de compraventa que puede amenazar el funcionamiento de un mercado. Por ejemplo, exigiendo la venta de determinadas segmentos de negocio o procesos de desinversión. "En Uruguay no aspiramos a tener un papel idéntico (al Cade), pero sí a tener un rol más protagónico en sectores que tienen un elevado peso de mercado", dijo el comisionado. Actualmente, la comisión solo puede operar en los casos de monopolios absolutos. "Hay que mirar los principios generales y mirar la salvaguardia de un sistema democrático. Por el solo hecho de tener un precio de venta no se podría sancionar; hay que regular muy bien el marco. No una regulación absoluta desde el Estado", precisó Gomensoro.
En acción
Una comitiva del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabeza por su titular, Danilo Astori, se reunió ayer con jerarcas de las direcciones de Comercio, Defensa del Consumidor y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia para avanzar en la investigación que anunció el gobierno por presuntas irregularidades en los mecanismos de fijación de precios en artículos de las canasta básica. Astori realizó una presentación general donde mostró su "preocupación" por la evolución de la inflación y por la detección, "en una primera mirada", de subas superiores a la media en una serie de artículos , dijo Gomensoro."El ministro entiende que como parte de las políticas a seguir adelante, sumado al control monetario y fiscal, era muy importante actuar y ver si no había alguna colusión o abuso de posición dominante", explicó el comisionado.
En el encuentro se definió que el Área de Defensa del Consumidor y la Comisión de Defensa de la Competencia realicen un estudio para determinar los artículos de la canasta donde puede haber indicios de prácticas anticompetitivas. "Estamos pensando en sectores de concentración elevada", reveló Gomensoro.
Por otro lado, se acordó que el pedido de la planilla de precios que el Área de Defensa del Consumidor les pide a los supermercados abandonen su frecuencia quincenal como hasta ahora y pasen a ser diaria. Esto intenta evitar que las grandes superficies procedan al remarque de precios inmediatamente después de que envían sus listados al Ministerio de Economía. "Entendemos que eso mejora el control diario que puede hacer el consumidor, pero también porque refuerza la competencia entre las empresas", indicó Gomensoro.
Entrevistado por En Perspectiva de radio Oreintal, Astori profundizó ayer sobre sus sospechas de abuso o posición dominante en la fijación de precios de algunos rubros de la canasta. "Cuando uno ve frutas o verduras en los estantes de supermercados o algunos productos de limpieza e higiene, por lo menos siente la necesidad de que haya un análisis más detenido de la situación". agregó. l
