El abogado Leonardo Costa dijo que el contratista no tiene intención de contrademandar al Estado, luego que el MEF concluyera que no cometió defraudación
Leonardo Costa, representante del contratista Francisco Casal en la órbita de la Justicia Civil, dijo este viernes que el empresario quiere eliminar del todo la deuda que mantiene con la Dirección General Impositiva (DGI).
“Avalados por toda la doctrina tributarista del Uruguay entendemos que Casal no debe impuestos, porque el impuesto (que se le pretende cobrar por su actividad como intermediario en el fútbol en el exterior) se crea en el 2007 y con anterioridad no existía tributación al respecto”, afirmó Costa. En este sentido, dijo que son “optimistas en que se archiven estos casos”.
Además, Costa descartó que Casal quiera hacer una contra demanda al Estado. “Nosotros lo que pretendemos es que se haga Justicia en cuanto a que él no fue el mayor defraudador en la historia del Uruguay y no estamos buscando… la responsabilidad corre por cuenta de la Administración. Tiendo a pensar que se cometen errores, pero estimo que acá no se trata de andar buscando responsabilidades ulteriores. Por lo menos esa ha sido la instrucción que hemos recibido”, dijo Costa en declaraciones a radio Carve.
Contra lo que viene sosteniendo la DGI desde el año 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió revocar las principales acusaciones y reclamos que el organismo recaudador viene planteando contra el empresario.
La resolución, fechada el 1º de noviembre de 2011, y firmada por el ministro Fernando Lorenzo, desestima la acusación lanzada por la DGI acerca de que Casal había incurrido en defraudación y reduce de 10 a 5 años el plazo de prescripción para la determinación de los presuntos adeudos tributarios, lo cual estaría reduciendo esa deuda de US$ 100 millones a unos US$ 10 millones.
El exprosecretario de la Presidencia explicó que la resolución del MEF “es la consecuencia natural del archivo de la denuncia por defraudación que en el año 2008 la Administración le hizo a Casal y a otros integrantes del grupo como el contador (Julio) Safrán y otros más”.
Según Costa ese fallo consignó que no había defraudación tributaria y que la prescripción de la deuda tampoco era la que decía la Administración.
El fiscal de gobierno recomendó iniciar una investigación administrativa ante la sospecha de desvíos en la acción de la DGI.
En octubre de 2010 Casal presentó un recurso de revocación y jerárquico ante los intentos de la DGI por cobrarle IRIC e Impuesto al Patrimonio, que con moras y recargos ascendía a unos US$ 100 millones. El organismo planteó incluso sin éxito un juicio penal contra el empresario.
El MEF le dio pase del recurso al fiscal de gobierno de segundo turno, Miguel Toma, quien en junio, ante la especificidad del asunto a tratar recomendó realizar una consulta técnica independiente “a fin de garantizar la objetividad de apreciación de hechos y el derecho aplicable que ilustre acerca de si la actividad descripta se encuentra o no gravada por IRIC y por ende si dicha actividad alcanza o no al IVA y al Impuesto al Patrimonio”.
También pidió que en ese informe técnico se indicara si la actuación de la DGI fue correcta, si existen elementos como para determinar la existencia de infracción de defraudación y si eventualmente habría prescripto la pretensión de la DGI “por no haberse verificado una causal de ampliación del plazo de prescripción de la deuda”.
En octubre de 2008, la DGI inició un juicio penal contra Casal por el delito de defraudación tributaria. El juez Carlos García le tomó declaraciones al empresario y sus socios, pero el caso fue finalmente archivado por el juez el 17 de julio de 2009, quien consideró, como la fiscal Dora Domenech, que Casal no cometió delito.
Con el juicio penal contra Casal cerrado, el juez envió el expediente a los juzgados especializados en crimen organizado para investigar la actuación del exdirector de Rentas, Eduardo Zaidensztat, en el proceso administrativo que inició contra el empresario. Ahora el fiscal de gobierno pidió que se investigue a la DGI para saber si hubo desvío o abuso de poder.