20 de agosto 2015 - 5:00hs

Se sientan en la vereda y apoyan la espalda y la angustia sobre la pared del Teatro Solís. Se paran, caminan, hablan por teléfono, vuelven a sentarse. Lloran, putean, esperan en silencio el fallo del juez. Desean que su amigo, su hermano, su hijo o su esposa logre zafar. Pero a veces la esperanza se derrite cuando ven salir por el portón una camioneta y descubren adentro, con las manos atrás y la mirada triste, al ser querido. Entonces, el mundo se cae a pedazos.

Los familiares de sospechosos y delincuentes pasan el día frente al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, bajo lluvia o con el sol de frente, porque tienen prohibido entrar al juzgado mientras se realizan las audiencias. Sin embargo, esto cambiará en 2017, cuando comience a regir el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y los interrogatorios pasen a ser orales y públicos. "Esa hinchada va a poder estar dentro de la audiencia", advirtió el juez Luis Charles, ministro de Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

"No saben la cantidad de casos en los que viene el dueño de un pequeño comercio y dice: '¡Cómo no lo voy a conocer, si me viene a comprar a veces! Ahora vino a robar. Me dijo 'arriba las manos' con un revólver. Ese señor testigo va a tener que declarar en medio de la audiencia pública. Hoy las hinchadas, como le decimos nosotros, están esperando afuera, en la puerta, y es una presión tener que pasar por ahí. Te gritan. Esa hinchada en orden va a poder estar dentro de la audiencia. La cosa va a tener que cambiar", aseguró Charles ayer en un taller sobre "El nuevo Proceso Penal y su relación con el periodismo" organizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con el financiamiento de la Unión Europea y coordinado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
De todas maneras, Charles reconoció que "el juez va a tener la posibilidad de desalojar" la sala de audiencias, pero destacó que "tampoco se puede derogar el principio de que es pública y convertir (las audiencias) en reservadas".

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El magistrado propuso hacer "un monumento al testigo", por la importancia que tiene su declaración como prueba de un delito. "Quiero ver a ese señor héroe/testigo yendo a declarar, teniendo al victimario ahí, a la hinchada en la audiencia y teniendo que volver al mismo barrio", agregó Charles.

Si bien existe la figura legal de testigo protegido, el magistrado se preguntó qué uso se le dará. Cuando un juez resuelve proteger a un testigo, su nombre no aparece en el expediente y, de esa manera, se evitan represalias por parte de los procesados, que pueden acceder al expediente. "¿Todo el mundo va a ser testigo protegido? ¿Va a haber testigo protegido para un arrebato? (Además) tendremos que analizar si es constitucional o no el testigo protegido", expresó Charles.

Defensores de oficio avistan "bipolaridad"

El inciso 4 del artículo 79 del nuevo Código del Proceso Penal que entrará en vigencia en 2017 establece que "a las víctimas carentes de recursos que así lo soliciten, se les designará defensor público". "Esto me preocupa", aseguró ayer Verónica Acuña, directora de la Defensoría Pública Penal. "Esto debilita a la defensa, al cuerpo de defensores" porque puede caer "en una bipolaridad absoluta" al tener que defender a la víctima y también al victimario. Si bien un mismo defensor no se ocuparía de las dos partes en un mismo caso, cuando comience a regir el nuevo CPP, las víctimas irán a la Defensoría Pública y se cruzarán allí con los victimarios. Acuña planteó este problema a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía de Corte. "Y no hemos comenzado la capacitación", agregó Acuña.
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