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El fin del "Fortín" narco: demuelen los muros de un complejo controlado por un clan criminal
El gobierno comenzó a demoler este miércoles el muro exterior y el cercado de púas que un grupo narco -conocido como el clan Figueroa- había instalado en el Complejo Quevedo del barrio Jardines del Hipódromo, como una forma de controlar el lugar donde tenían instalada una boca de drogas. Además fueron retiradas las 36 cámaras que la familia colocó en el predio, así como las puertas metálicas que fueron instaladas en los ductos de las cañerías y que solo podían ser abiertas por la líder de la banda.
La investigación sobre la acción del clan Figueroa comenzó hace dos meses, cuando vecinos extorsionados decidieron denunciar el hostigamiento del que eran víctimas. Además, la Intendencia de Montevideo (IMM), que es la propietaria del predio, había denunciado que un grupo criminal impedía el acceso al lugar.
La policía recuperó esta mañana nueve viviendas que habían sido ocupadas de forma ilegítima por los delincuentes, y entre ellas está el local -un almacén- que utilizaban como boca de drogas y que "fue un elemento clave para la imputación del delito de lavado de activos", según informó el Ministerio del Interior.
Por otra parte, un equipo de UTE que acompañó el operativo constató que había 18 viviendas que no estaban pagando tarifa eléctrica. La semana pasada ya se había determinado que se les cortara la luz a otras 25 que estaban en igual situación.
A raíz de estas investigaciones desarrolladas por la fiscalía de estupefacientes a cargo de Mónica Ferrero, seis personas fueron llevadas ante el juez, entre ellas los dos líderes del grupo, una mujer a la que se imputo un delito de negociación de estupefacientes y de lavado de activos, y su pareja, a quien se le acusó de tráfico de drogas, lavado de activos y tráfico interno de armas de fuego.
La estrategia desplegada, en la que participaron la IMM, la Guardia Republicana y el Grupo de Reserva Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo, es similar a la que se llevó adelante en el complejo de viviendas de Los Palomares, en Casavalle, semanas atrás. El objetivo es desarticular bandas que desnaturalizan los barrios en los que se asientan, extorsionando y desalojando a vecinos de sus casas, para controlar la zona y desarrollar sus negocios delictivos.
El gobierno ya anunció que tiene varias zonas de Montevideo en la mira en las que intervendrá de la misma forma.
